El 23-J contiene el ascenso de la extrema derecha en Europa

Las primeras elecciones generales en España con sandalias, abanico, bermudas y pareo han supuesto un inesperado tropiezo para el ascenso de la extrema derecha en Europa. La participación, más elevada de lo previsto para unos comicios en medio de uno de los veranos más tórridos que se recuerdan, y la concentración del voto en los dos grandes partidos (PP y PSOE) han demediado a Vox, que ha pasado de 52 escaños en 2019 a poco más de 30. El pésimo resultado de la formación liderada por Santiago Abascal aleja la posibilidad de que un Gobierno de coalición PP-Vox incorpore a España al creciente grupo de países de la UE con un Gobierno liderado o compuesto por partidos de ultraderecha y euroescépticos. El mal trago del PP de Alberto Núñez Feijóo también puede obligar al PP europeo a evaluar el coste electoral de su acercamiento a fuerzas con dudoso pedigrí democrático.

Los líderes de la marea ultra, como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, o el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, han apoyado públicamente la campaña de Vox para el 23-J, con la esperanza de que el cuarto país más poblado de la UE cayese de su lado. El giro hacia la extrema derecha de España daría a ese tipo de formaciones un enorme peso en el Consejo de la UE, con más del 35% de los votos, el umbral que permite bloquear cualquier iniciativa de la Comisión Europea.

Pero Vox no ha logrado responder a las expectativas de sus socios internacionales y ha perdido buena parte de los 3,6 millones de votos que logró en 2019. El batacazo de Abascal deja abierta la posibilidad de un Gobierno sin su colaboración o, incluso, la continuidad de un Gobierno progresista con la unión del PSOE y Sumar y aliados para una investidura. Y tampoco cabe descartar desenlaces más tajantes, como una gran coalición o una vuelta a las urnas como en 2019.

El frenazo español a Vox rompe una racha de éxitos de la extrema derecha en Europa, donde los ultraconservadores lideran el Gobierno de Italia, Polonia, Hungría o República Checa y tienen un peso enorme en Finlandia (con carteras del Gobierno muy importantes) y en Suecia (como apoyo parlamentario al actual Gobierno conservador). Esos países no suman fuerzas suficientes en la UE para imponer su criterio o para impedir que los proyectos de Comisión salgan adelante. Pero la incorporación de España hubiera dado al grupo reacio o contrario a la integración europea un impulso muy significativo, hasta el punto de convertirlo en un obstáculo insoslayable si votaran todos unidos.

Esa alianza a la contra hubiera sido devastadora para los avances de la UE y, en particular, para Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Von der Leyen encara en los próximos meses la recta final de su mandato, un campo minado por la complejidad de los asuntos sobre la mesa y por el giro de su propia formación, el Partido Popular Europeo, hacia las posiciones de la extrema derecha en materias como migración, medio ambiente o energía.

La pieza de España era clave para mantener un equilibrio a favor de las fuerzas más europeístas, encabezadas por la Alemania del canciller socialista, Olaf Scholz, y por la Francia del presidente liberal, Emmanuel Macron. El apoyo de España puede salvar los proyectos estrella de Von der Leyen, como el pacto verde o el pacto migratorio, cuyo remate corresponde en parte a la presidencia española de la UE. El peso de España en Bruselas, sin embargo, puede resentirse, si el 23-J deja paso a un período de incertidumbre en la política nacional por la difícil formación de Gobierno y de previsible pérdida de influencia nivel internacional.