El futuro que queremos

En España, desde hace al menos dos décadas, nos enfrentamos a una profundización de la brecha generacional. Nuestro país arrastra un grave problema estructural con el empleo juvenil, que se expresa en una tasa de paro excesivamente alta comparada con los países de nuestro entorno, una temporalidad inaceptable, bajos salarios y empleos por debajo de la cualificación. Esta inestabilidad dificulta —casi imposibilita— que las generaciones más jóvenes puedan acceder a una vivienda, construir un proyecto de vida y afrontar cualquier acontecimiento inesperado. Todo ello viene afectando individual y colectivamente a la juventud, aumentado los problemas de salud mental y generando desafección, desilusión y, en muchas ocasiones, enfado.

El malestar de las personas jóvenes con sus condiciones de vida, materializadas en muchas ocasiones por la precariedad laboral, está a la orden del día. Lo vivimos en 2008 con la crisis financiera, que llevó a mucha gente joven a emigrar, con la consiguiente pérdida de talento para nuestro país. Lo hemos acrecentado durante una pandemia, en la que la juventud ha quedado invisibilizada por prioridades más urgentes. Y seguimos viviéndolo en un contexto de guerra, crisis geopolítica y cambio de ciclo económico que vuelve a llenar de incertidumbre el futuro. En resumen, una generación que ha crecido de hecho histórico en hecho histórico, y que en este momento reclama justificadamente atención.

Aunque durante el último año hemos visto que las reformas legislativas han posibilitado que este colectivo sea uno de principales protagonistas del crecimiento de empleo o mejora de condiciones como la temporalidad, los problemas siguen siendo mucho más profundos. Las personas menores de 30 años son las que más han sufrido el deterioro de sus condiciones laborales porque son las que tienen las relaciones más precarias con sus empleos y las que están viviendo una carrera de obstáculos basada en la concatenación de crisis. Son el ejemplo, aun con las mejoras, de que conseguir un empleo no garantiza tener acceso a una vivienda, pensar en formar una familia en el formato que sea, o simplemente formarse para obtener las competencias que requieren los nuevos empleos que implican ya los retos ambientales, digitales o demográficos. Como ejemplo, la digitalización es un gran reto en España, ya que un 35% del total de empleos tiene asociado un elevado riesgo de automatización. Por ello, una educación en competencias, conocimientos y habilidades digitales es fundamental que llegue a toda la población joven.

Las consecuencias de esta falta de atención son especialmente graves para los y las jóvenes más vulnerables. La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE), que antes de la crisis de 2008 era menor entre la juventud que entre la población en general, sin embargo, se duplicó en 2015, creciendo de manera mucho más intensa entre los y las jóvenes que entre la población en general. Según los datos de 2021, la tasa AROPE entre las personas de entre 16 y 19 años era del 33%, frente al 27% de la población general. Esta foto es inaceptable para una sociedad que espera mantener, e incluso incrementar, su prosperidad en el largo plazo.

Por ello, no podemos permitirnos dar pasos atrás en la agenda de derechos de la juventud. La falta de políticas específicas, de un sistema de protección acorde a sus necesidades y de mecanismos de estímulo, atención y orientación, ha llevado a que muchas generaciones jóvenes se sientan excluidas o marginadas en la vida social, económica y política del país. Sienten, en definitiva, cómo el sistema les ha fallado.

Sin duda, la brecha generacional va más allá de los niveles de renta que puede proporcionar un empleo digno, sino que ya alcanza a la posibilidad de tener expectativas y un proyecto de vida, como lo tuvieron las generaciones precedentes.

Ahora toca hablar de qué tipos de empleos quieren las nuevas generaciones y, con ello, qué tipo de futuro quieren. La emancipación juvenil, que implica acceder a viviendas adecuadas y asequibles, así como a servicios de calidad que satisfagan las necesidades básicas de los jóvenes, se convierte no solo en un derecho, sino que es al mismo tiempo el elemento que determinará lo que será este país y esta sociedad en los próximos 50 años. Y dentro de ese colectivo joven tenemos que fijarnos especialmente en aquellos y aquellas que vienen de contextos más vulnerables, que vienen enfrentando condiciones más duras, porque son los que corren más riesgo de quedarse atrás. Por lo tanto, en esta campaña electoral y de cara al 23-J, poner a la juventud en el centro del debate debería ser un fundamental para todos los partidos políticos.

Recuperar la confianza de las generaciones jóvenes es una labor que nos concierne a todas y a todos, y una herramienta vital para lograrlo son políticas públicas de calidad. Sería un error pensar que, con el paso del tiempo, la situación de la juventud mejorará automáticamente, fruto del efecto derrame que provoca un ciclo económico expansivo. Necesitamos más políticas juveniles que se enfoquen en brindar oportunidades de formación y de orientación que aumenten la calidad y garanticen el empleo, y las de impulso a aquellos y aquellas jóvenes que deseen iniciar sus propios proyectos de emprendimiento.

Nuestra juventud está llena de talento, creatividad y energía. Si les brindamos las herramientas y oportunidades necesarias, podremos presenciar una verdadera transformación en nuestra sociedad. Ha llegado el momento de inspirar y ser inspirados, de construir un entorno lleno de oportunidades y de abrir las puertas a una nueva generación. De ello depende el futuro.