Solidaridad migratoria

Después de años de tensiones y enfrentamientos, la Unión Europea ha llegado finalmente a un acuerdo de calado sobre uno de los problemas más serios y urgentes que estaba afectando a las relaciones entre los socios y que define una senda clara en su acción exterior: el tratamiento de los flujos migratorios. Bajo el principio “solidaridad flexible pero obligatoria”, los Estados miembros han acordado dos importantes líneas: por un lado, endurecer los requisitos de entrada de los demandantes de asilo y por otro que todos los Estados miembros asuman a una parte de esas personas que llegan hasta las fronteras exteriores de la Unión buscando refugio. En el equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, las nuevas regulaciones establecen un umbral mínimo de reubicaciones (traslados desde los países bajo presión migratoria a otros estados miembros) de 30.000 al año. Una cifra, sin embargo, limitada. Los Estados que rehúsen acoger reubicados (de los que se excluye a los que están bajo presión migratoria) deberán aportar a la cesta de solidaridad común 20.000 euros por persona rechazada o contribuir con medios técnicos y logísticos cuantificables.

En 2022 llegaron a la Unión unas 180.000 personas en situación irregular, y aunque es una cifra muy inferior al pico alcanzado en 2015, con 1.400.000 migrantes en la llamada “crisis de los refugiados”, se trata de un flujo sostenido que, hasta el momento, ha generado tensiones tanto en los países receptores en primera línea —España, Italia y Grecia—, que han alertado de la falta de recursos, como entre el resto de los miembros, más o menos reacios a admitir un cupo de migrantes. Los países receptores siempre han demandado a Bruselas políticas claras comunes de gestión en la llegada y un reparto solidario en cuanto a la acogida de estas personas.

El debate del pacto migratorio no está cerrado, queda todavía un último punto clave: el reglamento de cómo gestionar las crisis: el reglamento de cómo gestionar las crisis. Lo aprobado por los socios de la UE acorta los plazos de petición y resolución definitiva de solicitudes de asilo y abre también el abanico de formas de expulsión a los migrantes que hayan visto rechazada su petición de asilo: podrán ser enviados no solo a sus países de origen sino también a países terceros considerados seguros con los que tengan una “conexión razonable”, lo que deja de forma muy abierta en manos de las autoridades nacionales establecer esa conexión. El centro del actual acuerdo está en que todos los socios deben aportar y responsabilizarse para que el sistema funcione, aunque la resistencia anunciada de países como Polonia y Hungría no permite todavía dar nada por seguro. Europa sigue buscando blindarse, aunque lo haga ahora de forma más solidaria.