Los fondos UE y los plazos

La rapidez de la reacción de la UE ante la crisis desatada por el parón de la covid y sus consecuencias globales está chocando con la capacidad de los Estados para dar uso eficiente a grandes cantidades de dinero en plazos demasiado exigentes. Por eso, algunos países de la Unión, y entre ellos tres de los que más dinero van a recibir del Fondo de Recuperación de la UE, como España, Italia y Portugal, están buscando los mecanismos para poder gastar la totalidad de los millones recibidos más allá del plazo fijado el 31 de agosto de 2026. Es un límite casi imposible para gastar esa ingente cantidad. La mayor apuesta inversora conjunta de la Unión Europea, nacida como respuesta extraordinaria a la crisis de la pandemia, corre el riesgo de ser desaprovechada o sacrificar el despliegue completo de los recursos. Italia va a recibir unos 190.000 millones de euros entre subvenciones y créditos; España, unos 160.000, más dinero del que ha recibido de los fondos estructurales en todo lo que va de siglo. Hasta el momento, España ya ha recibido 69.000, a los que hay que sumar otros 84.000 millones en créditos (a un elevado interés tras la subida de tipos) y 7.700 millones más en ayudas no reembolsables que se incluyen en la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que acaba de aprobar el Consejo de Ministros.

Estas cantidades hay que invertirlas en solo seis años. En 2021 y 2022, España, el país que más ha avanzado en el despliegue del NextGenEU, ha ejecutado 7.600 millones. En el caso español concurren varias causas que explican esa cifra relativamente baja: administraciones diezmadas tras años de recortes, plazos y trámites administrativos, límites comunitarios impuestos en las ayudas de Estado (algo que se resolvió con la reforma de marzo), controles necesarios para evitar la corrupción… La Comisión es consciente de este problema y está buscando soluciones. El Fondo de Recuperación es la medida estrella de este Ejecutivo comunitario. Su éxito o fracaso se medirá en función del resultado de este plan.

Pero tampoco basta con ser consciente del problema. La solución más ortodoxa pasaría por cambiar las normas que crearon el Fondo de Recuperación, y, por el momento, no hay una voluntad política extendida entre los Estados miembros para hacerlo. Otra vía de salida, mucho más frecuente en la UE, es la reinterpretación de los textos legales. Sin embargo, no va a ser fácil explorar este camino en esta ocasión porque la redacción legal deja menos margen que en otras ocasiones. Salir de este aparente callejón sin salida se va a convertir en una necesidad para esta Comisión o para la siguiente —y para los Estados miembros— si no quieren que la mayor apuesta inversora de su historia se quede a medias. La frustración que generaría en sus sociedades sería equivalente a la oportunidad perdida en términos de bien común.