Alabados y avalados

Lamentamos muchas veces la falta de acuerdos entre los dos grandes partidos, pero resulta más preocupante cuando coinciden en algo. Un ejemplo es el aval del 20% para la compra de vivienda de jóvenes y familias, que hace un par de semanas, cuando el PP anunció una medida similar, el PSOE consideraba un error. El 20 de abril era un engaño; lo que los jóvenes necesitaban era capacidad adquisitiva y no avales. Ahora es una medida progresista, que apuntala la vivienda como quinto pilar del Estado de bienestar.

La vivienda es un asunto importante y es inquietante que haya entrado en la subasta electoral: propicia los anuncios demagógicos y sensacionalistas, las medidas improvisadas y las promesas que no se cumplen o que pagamos luego entre todos. El gasto anunciado en precampaña, ha escrito Iván Gil, ya supera los 10.000 millones del llamado “escudo social”. En buena medida, las viviendas de alquiler que prometió el presidente del Gobierno son como El halcón maltés: están hechas de la misma materia que los sueños. En el caso de los avales, las formas no son edificantes: el presidente del Gobierno anuncia la medida en un mitin preelectoral y la línea de crédito se aprueba el martes siguiente en el Consejo de Ministros, aunque no gusta a Unidas Podemos ni a Yolanda Díaz. La ley de vivienda apostaba por el alquiler (con algunas cosas buenas y otras decisiones que probablemente serán contraproducentes); ahora se impulsa la compra. Algunos defienden el aval y lo presentan como una versión menos ambiciosa de la herencia universal que sugirió Thomas Piketty y también ha propuesto Yolanda Díaz, aunque matizan que debería haber medidas por el lado de la oferta. La propuesta, como ha explicado el economista José Ignacio Conde-Ruiz, tiene riesgos obvios. En el caso menos dañino, optarán a la línea de crédito solo jóvenes solventes; en el más peligroso, jóvenes que no tengan capacidad de afrontar los pagos, lo que puede conducir a embargos y desahucios o gastos para todos. Un análisis del programa Help To Buy ―con algunos parecidos, pero no idéntico― en el Reino Unido concluía que había producido una subida de precios y había beneficiado a promotoras y propietarios. Incrementaba la construcción en sitios donde nadie quería vivir; generaba inflación en zonas más deseadas. La medida no pasará por el Congreso: se hará con un acuerdo entre el ICO y el Ministerio de Transportes. Se escoge ese procedimiento, explica Javier Casqueiro, para “evitar un nuevo apuro en una votación en plena precampaña electoral del 28-M”. Claro que sí: la vivienda es importante pero lo primero es lo primero. @gascondaniel