Visados dorados y residencia

El Gobierno ha planteado a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la posibilidad de cambiar las normas que rigen los llamados visados dorados —incluida su extinción—, como han hecho ya otros países que habían legislado en el mismo sentido, como Portugal, Irlanda o Grecia. Estuvieron concebidos por el Gobierno popular de Mariano Rajoy en 2013 para facilitar permisos de residencia a extranjeros que dispusieran de más de medio millón de euros para invertir en propiedades inmobiliarias (un primer periodo de tres años, prorrogable por otros dos) o bien con inversiones de más de un millón de euros en empresas españolas o en bonos del Estado (por encima de los dos millones de euros). El resultado ha sido un uso preferente de la medida para inversiones residenciales, sin que apenas hayan acudido a las otras vías. En datos actuales, en el año 2022 aumentó con respecto al anterior en un 60% el número de permisos de residencia para cerca de 2.500 solicitantes.

Las condiciones en que fue pensada esa medida son muy distintas de las actuales, y ha sido la propia UE quien ha instado en varias ocasiones a los gobiernos a suspender las concesiones. La medida obedecía en aquel momento de aguda crisis económica a la doble urgencia de activar un mercado inmobiliario devastado tras el pinchazo de la burbuja generada por la ley del suelo de José María Aznar, y de recuperar una parte de la inversión externa, que no solo recelaba, sino que huía expresamente de España por su fuerte crisis de deuda soberana.

Ante ese doble imperativo, palidecían los efectos colaterales negativos de la medida. El primero era el carácter fuertemente discriminatorio que imponía una norma que favorecía de forma evidente a los inmigrantes a quienes el dinero permitía encauzar una posible nacionalización frente a otros, ampliamente mayoritarios, sin recursos económicos y con muchas más dificultades para obtener un permiso de residencia. El segundo efecto indeseado de la medida giraba en torno a la activación de una inversión internacional ajena a la economía productiva (empleos, estructura, innovación) y sin otra motivación que la rentabilidad inmediata como instrumento especulativo.

Diez años después, ese carácter congruente de la medida ante la situación económica de España ha dejado de tener el peso que tuvo porque los dos objetivos que buscaba han quedado ya cubiertos: el mercado inmobiliario, incluso en fase recesiva, ni se desploma ni da signos de debilidad, y la inversión extranjera ostenta récords históricos. De hecho, hoy el centro de la medida afecta sobre todo a los aspectos discriminatorios frente a la mayoría de inmigrantes y a sus efectos especulativos en las alzas de precios de la vivienda estimuladas por inversiones exteriores (que unifican al alza los rangos de precios con otros emplazamientos aún más caros). Tampoco parece consecuente mantener la medida de 2013 ante el despliegue que el Gobierno ha hecho de una política de vivienda nueva a través de la ley recientemente aprobada y de las medidas complementarias anunciadas por Pedro Sánchez. El centro del problema de la vivienda y las bases para su futura mitigación sigue siendo la capacidad de asegurar el estímulo a promotores y propietarios privados que cooperen con los poderes públicos en la construcción de un potente parque de vivienda asequible.