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Jair Bolsonaro
Columna
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La investigación parlamentaria de la discordia en Brasil

La estrategia de la oposición es intentar absurdamente probar que a Lula le interesaba el asalto al Congreso en Brasilia para usarla contra Bolsonaro

El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freita, junto a Bolsonaro, expresidente de Brasil
El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freita, junto a Bolsonaro, expresidente de Brasil.MIGUEL SCHINCARIOL (AFP)
Juan Arias

En Brasil se suele decir que las Comisiones Parlamentarias de Investigación (CPI) acaban todas en pizza, un modo de expresar que nunca resuelven nada. Todo suele quedarse en aguas de borraja. En este momento, en el inicio del Gobierno de Lula, se han juntado en el Congreso una media docena de dichas investigaciones.

Una de ellas, sin embargo, la que intenta destripar las entrañas del fallido golpe del 8 de enero acapara la atención pública y se ha convertido más bien en un caso psiquiátrico. En vez de haber sido propuesta, como parecería lógico, por el Gobierno para investigar las responsabilidades que la oposición pudo tener en el golpe, ha sido al revés. Fue la Administración quien intentó detener la investigación y llegó a imponer un secreto de cinco años a las imágenes que podrían existir de la devastación realizada por los golpistas en las tres sedes del Congreso, del Supremo y de la Presidencia de Brasil.

Todo se complicó cuando la cadena CNN Brasil empezó a publicar imágenes de aquel aciago día en las que aparecían personajes que deberían estar intentando evitar la invasión, paseando tranquilamente entre los golpistas y hasta ofreciéndoles agua. Ha sido así que congresistas de la oposición, como Ciro Nogueira, se hayan preguntado, con una buena dosis de sarcasmo, en un artículo publicado en el diario Globo, que las imágenes de aquel día indican que el Palacio “no fue simplemente tomado por la turba. Se le permitió el acceso con tapete rojo. De los 2.000 profesionales que protegen la sede del Ejecutivo, apenas 18, digo 18, estaban allí”. Y añade: “Había una especie de camaradería entre invasores e invadidos”. Y recuerda que quien confraternizaba con los invasores, según las imágenes, era un general de la más absoluta confianza de Lula, ya que había sido durante casi 20 años su guardia personal.

La estrategia de la oposición, que ha propuesto dicha investigación contra la voluntad del Gobierno, es intentar absurdamente probar que a Lula le interesaba aquella invasión en Brasilia para usarla contra Bolsonaro. Por ello, el Gobierno habría cerrado los ojos.

Se trata, sin duda, de una estrategia del bolsonarismo arriesgada, ya que acabaron detenidas y encarceladas más de 1.000 personas que están siendo juzgadas como terroristas, mientras se buscan los empresarios que pudieron sufragar los gastos de los bolsonaristas, quienes estuvieron acampados semanas a las puertas de los cuarteles, pidiendo un golpe de estado militar y la caída de Lula.

Que el fallido golpe terrorista que intentaba impedir que Lula pudiera gobernar fue no solo ideado sino también organizado por las huestes de Bolsonaro mientras él se había refugiado en Estados Unidos, está fuera de dudas. Y es posible que en un primer momento, al tomarle de improviso al recién estrenado Gobierno de Lula, aquel acto golpista en Brasilia, corazón del poder político, pudiera haber retardado la reacción de los responsables de parar el golpe, lo que pudo dar la impresión equivocada de que al Ejecutivo le interesaba su existencia para tener un argumento contundente contra el expresidente.

Fue ello lo que hizo que en un primer momento pudiera parecer que al nuevo Gobierno no le interesaba abrir una investigación parlamentaria, ya que ellas se sabe cómo inician pero no cómo acaban, algo que está siendo usado a su favor por la oposición, que se preguntó con un cierto regusto por qué el Gobierno no quería la pesquisa.

Lo que sí tendrá que hacer ahora el Gobierno es que no le tiemble la mano a la hora de exigir cuentas a Bolsonaro como responsable directo del intento de golpe. Él ya ha vuelto de su exilio y ya ha empezado a hacer campaña electoral para las elecciones municipales del año próximo. Es urgente que no solo se le haga inelegible por ocho años sino que sea procesado y encarcelado sin excesivos temores a que ello pueda convertirlo en un mártir ante los suyos.

Se está ante un golpista declarado y peligroso que ha perdido, aunque por poco, las elecciones, pero que pretende reorganizar la oposición a un Gobierno al que llama de comunista. Y que mantiene aún encendido un rescoldo peligroso de defensor de los valores de Dios, patria y familia, que acaba calando en las clases más pobres entre las que se encuentran el 30% de evangélicos que le siguen fielmente y a los que, a pesar de todos los esfuerzos, Lula no consiguió conquistarse.

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