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EDITORIAL
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Pérez de los Cobos

El ministro Marlaska tropieza dos veces al argumentar la pérdida de confianza en el jefe de la Guardia Civil de Madrid

El coronel de la Guardia civil Diego Pérez de los Cobos, en 2020.
El coronel de la Guardia civil Diego Pérez de los Cobos, en 2020.KIKE PARA
El País

La destitución en mayo de 2020 del coronel de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por parte del juez y ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska no estuvo convenientemente motivada, según la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. No es la primera vez, ni será la última, que el Supremo anula nombramientos o ceses en la Administración del Estado por esa misma causa. Los cargos de libre designación, según la jurisprudencia, pueden ser destituidos de manera discrecional siempre y cuando se proporcione una motivación “clara, suficiente, comprensible y específica al caso”, con una explicación “concreta y detallada de las circunstancias y motivos por los que ha tenido lugar la pérdida de confianza que determina el cese”. Todos estos requisitos los cumplió Grande-Marlaska cuando despidió al coronel de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), y el Supremo avaló la destitución.

Pero la justificación que Marlaska adujo para el cese de Pérez de los Cobos, ahora anulado por el Supremo, fue que este coronel de la Guardia Civil no había informado a sus superiores de una investigación secreta encargada por una juez para determinar la responsabilidad de altos cargos socialistas en la difusión de la pandemia tras la manifestación del 8 de marzo de 2020. El jefe de la Guardia Civil en Madrid no podía informar al Ministerio del Interior sobre esa investigación precisamente porque era secreta y, por tanto, hubiera cometido una ilegalidad. Los informes que encargó la comandancia que dirigía Pérez de los Cobos sobre las manifestaciones del 8-M se demostraron carentes del rigor necesario, con errores de bulto, documentos mutilados y alguna mentira gruesa, y la juez acabó archivando la causa contra José Manuel Franco, entonces delegado del Gobierno en Madrid.

La Audiencia Nacional anuló en primera instancia el despido de Pérez de los Cobos, pero lo avaló en segunda instancia ante un recurso de la Abogacía del Estado. Esa sentencia, aprobada por unanimidad, entendía que la pérdida de confianza que causaba la destitución se había producido porque el coronel De los Cobos no informó del “desarrollo de las investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil”, y rechazaba que el motivo hubiera sido que no informó “del contenido” de esas investigaciones. El matiz que introdujo la Audiencia Nacional no ha sido ahora respaldado por el Supremo.

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La sentencia revela que el ministro del Interior erró al argumentar la destitución de un cargo de libre designación por un motivo incongruente y contrario a la ley: informar sobre la investigación judicial secreta que habían encargado a su departamento. Marlaska ha añadido a ese primer error otro que se antoja aún más grave: en la respuesta al varapalo judicial para confirmar que el destituido no puede regresar a su puesto, dada la pérdida de confianza en él, ha deslizado graves acusaciones contra Pérez de los Cobos. El ministro del Interior, en sede parlamentaria, hizo al coronel de la Guardia Civil responsable de la gestión de los fondos reservados con los que se financió la Operación Kitchen para obstruir la investigación judicial de la caja b del PP. Pero Pérez de los Cobos no está imputado ni procesado por esa causa, aunque formara parte entonces del departamento encargado de gestionar los fondos reservados. El resultado es que ahora Marlaska tendrá que readmitirlo aunque, según ha manifestado el ministro, la pérdida de confianza continúa y podrá prescindir de él después, pero tendrá que argumentarlo mejor que en la destitución de 2020.

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