Investigar la corrupción

Los ocho tomos que abarca el sumario de la causa abierta por la jueza de instrucción de Santa Cruz de Tenerife contienen la información más relevante ahora disponible sobre las maniobras presuntamente delictivas —mordidas, favores, gestiones ventajistas— del ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, apodado Tito Berni, del general de división de la Guardia Civil jubilado, Francisco Javier Espinosa Navas, y del mediador que da nombre a la causa, Marco Antonio Navarro Tacoronte, cuyo historial delictivo es amplio (con diversas condenas que suman cerca de 10 años de cárcel). Las declaraciones ante la jueza de Navarro Tacoronte y las pruebas que aportó —imágenes y grabaciones sacadas de su teléfono móvil— dieron inicio a la investigación sobre esta supuesta trama corrupta. Contra el criterio de la jueza, el exdiputado está en libertad provisional (dado que la Fiscalía Anticorrupción no pidió un encarcelamiento que ella sí creía “aconsejable”) mientras que de los 12 detenidos solo el general de división permanece en prisión al hallar la policía ocultos en su domicilio 61.000 euros que el auto atribuye a los pagos de los empresarios de la trama.

La fulminante expulsión de Fuentes Curbelo del PSOE y la entrega del escaño ante las informaciones que lo vinculaban a la trama justifican la apertura de una investigación interna en el partido. La respuesta encarna de forma clara la intransigencia ante la corrupción que ha calado en un partido que sufrió en sus propias carnes los efectos de la trama de los ERE en Andalucía. Entre los hechos que la jueza considera acreditados está el desvío de fondos, supuestamente hacia el bolsillo del exdiputado, de 5.900 euros que donaron varios empresarios al club deportivo que presidía Fuentes Curbelo a cambio de que les ayudara con distintas gestiones. El auto incluye también como presunto regalo en especie al exdiputado canario de unos paneles fotovoltaicos. El investigado asegura que una comisión judicial registró su domicilio sin hallar rastro del supuesto cohecho, aunque sí dispone de un panel comprado en 1987. La declaración de bienes que registró el diputado en el Congreso tampoco da pistas de su posible enriquecimiento ilícito.

La sensibilización de la sociedad española ante los casos de corrupción (grande, pequeña o liliputiense) es una noticia favorable sobre la salud democrática del país y ha tenido efectos políticos recientes de considerable envergadura (como la pérdida del poder por parte del PP en el Gobierno central o del PSOE en el Gobierno de la Junta de Andalucía). El Partido Socialista ha reaccionado con firmeza y prontitud ante un uso sospechoso del Congreso de los Diputados y ese es el camino deseable también para cualquier partido que pueda verse en circunstancias parecidas. Los tejemanejes de un diputado canario con varios empresarios pedigüeños de favores, un mediador con un firme historial delictivo y las supuestas gratificaciones obtenidas en especie —prostitución, cocaína y cajas de puros— revuelven el estómago de la ciudadanía ante la evidencia de haber accedido a la trastienda sucia de una parte de la sociedad. La repugnancia moral de saber que algunos empresarios celebran sus compadreos con prostitutas y cocaína y el tufo insoportable de ranciedumbre moral que despierta son razones suficientes para que la investigación judicial de este y otros casos, sea cual sea su origen y partido, llegue hasta las últimas consecuencias.

Estamos en año electoral y no puede sorprender la magnificación político-mediática de este caso pese a las dimensiones que a fecha de hoy tiene. Al fondo hay una reclamación democrática inexcusable para el PP. El principal partido de la oposición tiene todo el derecho de exigir explicaciones al PSOE y tiene también la obligación de ofrecerlas sobre la legalidad del patrimonio de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (tal como le exige el Senado), la causa abierta por el Supremo contra el diputado Alberto Casero en su etapa de alcalde de Trujillo o las actuaciones del Ministerio del Interior cuando su titular era Jorge Fernández Díaz, para quien la Fiscalía acaba de pedir 15 años de cárcel y 31 de inhabilitación por el caso Kitchen.