Balance de una pandemia

El 8 de febrero marcó un antes y un después en la historia reciente de España. Ese día, las mascarillas dejaron de ser obligatorias en el transporte público y solo lo seguirán siendo en centros sanitarios, farmacias y residencias geriátricas. La decisión se justifica en la caída de la incidencia y de las hospitalizaciones por la covid-19, que este febrero se ha situado en la cota más baja desde que estalló la pandemia: unos 2.000 pacientes ingresados, 150 de ellos en una UCI. Dejar atrás las mascarillas significa pasar página al episodio más trágico y perturbador que hemos sufrido desde la Guerra Civil.

El alivio de dejar atrás la amenaza que motivó confinamientos masivos y paralizó la economía no debe hacer olvidar el balance de muerte y sufrimiento. Hasta el pasado viernes se habían notificado 13.748.918 casos diagnosticados y 118.976 fallecidos, aunque esta cifra no refleja todas las muertes causadas por la covid. Entre el 10 de marzo de 2020 y febrero de 2023, el exceso de mortalidad se sitúa en 135.850 fallecidos por todas las causas, y no cabe duda de que la principal ha sido la pandemia. La covid persistente, que afecta a cerca del 13% de los infectados, es la insidiosa secuela que ha dejado el virus. Pero el recuerdo más amargo tiene como centro a las residencias de ancianos, en las que se han registrado más de 35.000 muertes durante la pandemia. De las 517 investigaciones penales abiertas por diversas negligencias, se han archivado 411, ocho de cada diez.

Pero la pandemia también ofrece el balance menos visible de las numerosas muertes que se han evitado gracias a las medidas adoptadas y a una respuesta política, médica y civil basada en la solidaridad y la movilización de recursos públicos. Contra lo sucedido en la crisis financiera de 2008, la reacción esta vez ha sido muy distinta y ha permitido minimizar los efectos sociales de la crisis y proteger a los más vulnerables, lo que sienta un importante precedente para el futuro. Con grandes dificultades y enorme sacrificio del personal sanitario, el servicio público de salud ha resistido, ha logrado afrontar la avalancha de hospitalizaciones y supo aplicar con gran celeridad una logística eficaz para las vacunas. En total se han administrado 105 millones de dosis, y 40.728.617 españoles han recibido la pauta completa: es un éxito rotundo.

España fue el segundo país de la OCDE que más aumentó su gasto social para afrontar la pandemia, y un total de 517.000 empresas se beneficiaron en 2020, el año más duro, de alguna ayuda pública. Las ayudas directas tuvieron ese año un coste de 21.000 millones para el erario público, y el Gobierno habilitó 140.000 millones para créditos a través del ICO, lo que permitió salvar a muchas empresas con cifras de morosidad que apenas llegan al 5%. La percepción de amenaza se aleja rápidamente, y a ello se debe que solo el 59% de los mayores de 60 años en los que está indicada la segunda dosis de recuerdo hayan ido a vacunarse. Sin variantes peligrosas por las que preocuparse hasta el momento, la caída de las mascarillas simboliza un cambio de ciclo que ojalá permita extraer las muchas enseñanzas que la pandemia nos ha dejado, y entre ellas, la exigencia de fortalecer el sistema público de salud empezando por el principio: la atención primaria.