La lista más votada

La solemne escenificación en el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, del Plan de Calidad Institucional anunciado por Alberto Núñez Feijóo el lunes, puede haber aumentado la decepción ante el contenido de su proyecto regenerador. La propuesta del Partido Popular —habitual en los últimos 30 años, cuando no goza de mayoría absoluta— para que gobierne la lista más votada en las elecciones locales, solo puede interpretarse como un intento de externalizar un problema grave de la derecha española. El PP no es ajeno al dilema que vive el Partido Popular Europeo: su relación con la extrema derecha, determinada por su capacidad de penetración en la agenda conservadora, y la decisión estratégica sobre promover o no pactos de gobierno con ella. La propuesta de que gobierne la lista más votada significa en realidad eludir la propia responsabilidad ante ese dilema.

En España la estrategia del PP de pactar con la ultraderecha le ha dado poder municipal y autonómico y le ha permitido respirar como partido a través de la articulación de los llamados “pactos de perdedores”. Así ocurrió con Isabel Díaz Ayuso en 2019 en la Comunidad de Madrid, en Murcia con Fernando López Miras, en Castilla y León con Alfonso Fernández Mañueco o en la alcaldía de Madrid con José Luis Martínez-Almeida. Las recientes medidas que el socio ultra del PP quería implementar en Castilla y León de carácter claramente antiabortista son una expresión de esa crisis de identidad en su afán de anteponer el interés de su formación sobre la defensa de los principios que supuestamente vertebran un partido conservador en pleno siglo XXI y con vocación de gobierno. Corresponde al PP —y solo a él— fijar la posición que quiere mantener frente a la ultraderecha antes de promover cualquier iniciativa que desvíe el foco sobre la cuestión de fondo: tras las elecciones de mayo, sus opciones de desalojar al PSOE del poder autonómico o municipal pasarían muy probablemente por un acuerdo con Vox.

Además de la dudosa constitucionalidad de la medida —por ser contraria a la lógica parlamentaria y representativa recogida en la Constitución, según la cual deben gobernar las fuerzas capaces de pactar programas de gobierno—, la propuesta nace desconectada de las prácticas comunes en la cultura política europea. No se puede gobernar siendo el partido más votado sin una mayoría parlamentaria porque condenaría a las instituciones a un bloqueo político o, según propuso este martes Feijóo, podría llegar a asignar poderes casi omnímodos a un alcalde con un escaso porcentaje de votos (pese a quedar el primero). En sistemas democráticos cada vez más fragmentados, gobierna quien tiene la capacidad de formar mayorías para sacar adelante proyectos políticos negociados. Un pacto de Estado entre los dos grandes partidos históricos supondría despreciar esa realidad multipartidista y su legítima aspiración a entrar en pactos de gobierno, a cambio de limitar el juego político a la nostalgia de un bipartidismo que ya no existe. La cuestión de fondo para el PP es por qué le resulta —en una realidad política fragmentada— tan difícil pactar fuera de su ámbito estrictamente ideológico.

El debate que abre la propuesta es claramente preventivo y cabe entenderlo como un subterfugio que justificaría pactos locales con Vox si los números para gobernar no le dan en solitario, alegando que había ofrecido el pacto de aceptar la lista más votada. Si la calidad democrática es una genuina preocupación de Feijóo, lo urgente de veras es que atienda al problema institucional más grave que tiene España y que atañe a la sistemática obstrucción que practica su partido contra el normal relevo del CGPJ. La credibilidad de su propuesta regeneradora podría ser otra tras ese paso, aplazado durante cuatro años.