Galimatías en Castilla y León

Una semana después de la rueda de prensa del vicepresidente de Vox de Castilla y León, junto a un silencioso portavoz y consejero de Hacienda del PP, anunciando un nuevo protocolo obligatorio para los médicos y opcional para las mujeres embarazadas que deseen abortar en la comunidad, la espiral de la confusión no se ha detenido. El encadenamiento cruzado de declaraciones, aclaraciones y contradicciones ha sido de tal calado que todavía hoy no hay manera de saber si existió o no existió un acuerdo o borrador de acuerdo —como aseguran varios portavoces de Vox, incluido Iván Espinosa de los Monteros— sobre ese nuevo protocolo fantasma (o real) acordado entre PP y Vox. Lo único tangible es una nota de prensa de la Comunidad que recoge las medidas antiaborto.

El intento de Alberto Núñez Feijóo de zanjar la discusión asegurando que Castilla y León “no va a modificar el protocolo de atención a las mujeres embarazadas”, junto a las declaraciones de días atrás en el mismo sentido del presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, tampoco han conseguido revertir la intención de Vox de mantener medidas antiabortistas disfrazadas de un presunto plan de natalidad. Ante la amenaza de romper el acuerdo de coalición lanzada el martes por Vox si el PP “no cumple el acuerdo”, Feijóo respondió ayer que no se aplicaría en ningún caso el protocolo y dejaba así en manos del partido ultra la responsabilidad de deshacer el primer gobierno en el que participa.

La gravedad del caso tiene dos caras: frivolizar sobre un asunto emocional y psicológicamente tan decisivo como interrumpir un embarazo es la primera y más evidente. Pero la otra cara tóxica refleja la presión que las posiciones más radicales y extemporáneas de Vox tiene en el partido mayoritario de la derecha española, cuando ya hace tiempo que dejó de hacer bandera política del rechazo al aborto. De hecho, Feijóo ha asegurado que admite con algún reparo menor la ley de plazos socialista que su mismo partido llevó al Constitucional hace casi 13 años, sin que haya habido todavía sentencia (y sin que el PP derogase la ley cuando tuvo una mayoría absoluta en el Congreso para hacerlo). La prevalencia de la conciencia adulta de una mujer que decide interrumpir su embarazo no es cuestionable en las democracias liberales del siglo XXI ni forma parte de la discusión en un Estado de derecho en el que las convicciones religiosas no pueden interferir en el ejercicio de derechos legalmente reconocidos. La pretensión de tutelar paternalmente a la mujer que ha decidido abortar con la oferta de escuchar el latido del feto o ver las imágenes de una ecografía en 4D está concebida desde la estigmatización de un derecho conquistado ampliamente contra la imposición ajena de la fe o contra la infantilización de la mujer como adulta que no sabe lo que hace.

La incapacidad del PP para escapar a las trampas que tiende el ultraconservadurismo de Vox delata sus dificultades para combatir su extremismo reaccionario. Resulta inaceptable que el primer Gobierno de coalición del PP con Vox en Castilla y León siga cautivo de las afirmaciones del socio minoritario en defensa de un protocolo sin encaje en nuestro sistema legal cuando el titular de la cartera de Sanidad es precisamente del Partido Popular. Es así rehén de una ultraderecha empeñada en limitar los derechos de las mujeres y retroceder en una materia muy sensible a épocas de oscura memoria. El PP debería resolver cuanto antes un galimatías que solo erosiona su centralidad política y cuestiona su misma capacidad para controlar el desafuero de Vox.