Últimos días del ‘procés’
¿Cómo cambia de paradigma la política cuando la utopía ha terminado, pero un menguante movimiento independentista sigue siendo operativo?
Después de 2017, el procés es una liturgia con los rituales conocidos por todos, pero sin lo más trascendente de una fe: la esperanza que promete un paraíso. Hoy parece la repetición de una escenificación más bien descreída, con la nostalgia que rememora los momentos de fervor comunitario y se obsesiona con las ilusiones perdidas.
Este viernes, los dirigentes de las asociaciones que dieron forma al movimiento social independentista celebraron una rueda de prensa para publicitar la enésima manifestación. Alineados para ser fotografiados sujetando carteles de un diseño cada vez menos atractivo. Palabras, palabras, palabras escuchadas desde hace más de una década. En este caso adaptadas al nuevo pretexto reactivo: desmentir la afirmación de Pedro Sánchez, algo provocadora e innecesariamente triunfalista, sobre el fin del procés. Para demostrar que se equivoca, el movimiento ha organizado una concentración el próximo miércoles, cerca del Museu Nacional d’Art de Catalunya, donde Sánchez y Emmanuel Macron firmaran el Tratado de Barcelona. “¡Aquí no ha terminado nada!”, proclama el lema con voluntarismo exclamativo.
Pero los datos sí permiten sostener que algo ha cambiado: puede evidenciarse un lento y sostenido proceso de desconexión social con respeto a esa fe y esa esperanza. El verano pasado, el Centre d’Estudis d’Opinió —el CIS de la Generalitat— publicó la segunda ola de su Barómetro de Opinión Política. El gráfico más significativo era aquel que mostraba el posicionamiento de la población en relación con la independencia de Cataluña. Entre octubre de 2017 y marzo de 2019, los favorables a la secesión llegaron a ser prácticamente la mitad de los encuestados. El pico se produjo en octubre de 2017: el 49%. Desde entonces han ido declinando hasta llegar al 41% actual. Desde hace tres años, por el contrario, la cifra de los ciudadanos que se manifiestan en contra ha ido aumentando. En la última encuesta representan ya el 52%.
No menos clarificadores son los datos del Sondeo de Opinión Catalunya de 2022 que esta semana ha dado a conocer el Institut de Ciències Polítiques i Socials. Lo comentó aquí Àngels Piñol y hay algunas similitudes relevantes con la otra encuesta. En 2018, los catalanes que preferían que Cataluña fuese un Estado independiente estuvieron empatados con los que preferían que siguiese formando parte de España. Desde 2021 la situación ha cambiado y parece haberse estabilizado: hoy, un 39% opta por la secesión, mientras que un 53,2% por la permanencia. En paralelo, vale la pena subrayar la amplificación de la discordancia existente entre la opinión sobre cómo los ciudadanos querrían que acabase el procés y sobre cómo creen que, efectivamente, terminará. En 2016, un 37,8% querían que su final fuese la independencia, pero solo un 16,5 creían que el procés acabaría así. En 2022, son un 29,4% los que querrían que su final fuese la secesión y solo un ¡4,2%! de los catalanes cree que así será. La tensión entre la realidad y el deseo parecería estar resolviéndose. Y en esta dimensión el aumento más significativo que se ha producido el último año es el de quienes creen que el fin del procés será su abandono. De creerlo un 29,8% en 2021 han pasado a sumar un 41,6% el año pasado, empatados con los que creen que el final será un acuerdo en virtud del cual aumentará el autogobierno.
Si esa significativa desconexión de la ciudadanía con la esperanza se ha producido, ¿cómo la política cambia de paradigma cuando la utopía ha terminado, pero un menguante movimiento independentista sigue siendo operativo? El primer factor que puede permitirlo es la consolidación del desempate entre Junts y Esquerra, la pugna que ha condicionado la política catalana desde la ponencia que redactó el Estatut a mediados de la década pasada. Otro factor necesario es lograr la normalización institucional, es decir, certificar el fin del ciclo unilateral y, a la vez, desactivar la vía penal como respuesta de Estado a la crisis constitucional sufrida en 2017. Pero el procés no será abandonado hasta que la política proponga un modelo de prosperidad alternativo a una promesa que hoy ya se asume que era irrealizable.
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