Violencia machista y frivolidad

La violencia machista no da tregua. Tras un mes de diciembre negro, en el que se cometieron 12 crímenes que elevaron el balance de 2022 a 49 mujeres asesinadas y 38 huérfanos, en lo que llevamos de enero se han cometido ya otros cinco asesinatos. La información aportada por los diferentes agentes y cuerpos de seguridad en la reunión convocada por el Ministerio de Interior confirma que la mitad de las víctimas de diciembre y el 42% del conjunto de 2022 habían presentado denuncia. Eso significa que se activaron los protocolos de protección, pero fueron incapaces de impedir el crimen.

Esta evidencia puede tener un efecto demoledor sobre la confianza de las mujeres maltratadas a la hora de denunciar y en la capacidad de los poderes públicos para ayudarlas de forma segura. No aumenta esa necesaria confianza en las instituciones y sus responsables suscitar polémicas estériles y episodios de frivolidad como el protagonizado por la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. Ni su cargo ni la gravedad del asunto dejan margen de maniobra para emplear un tono entre festivo y jovial al hablar de las rebajas de penas a delincuentes sexuales propiciada por la aplicación de la ley del solo sí es sí. Igualmente grave es no reconocer el error y no rectificar ni pronunciar unas disculpas por su tono y sus palabras.

Pero más allá de intervenciones desafortunadas, lo que ahora urge es reforzar la prevención, y uno de los puntos críticos, según el análisis de los casos, es la valoración del riesgo, comenzando por el sistema VioGén. Es un algoritmo que permite automatizar la valoración del peligro de acuerdo con la información que proporciona la víctima y los datos que existen sobre el agresor. Resulta una buena herramienta, mejorada en seis revisiones desde que se implantó en 2007, que ha permitido evaluar el riesgo de más de 800.000 mujeres y protegerlas en la mayoría de los casos. Pero la aplicación del algoritmo depende de la información que se le suministra. Y aquí hay un amplio margen de mejora, tanto en la formación de los agentes que intervienen como en el seguimiento de los casos, teniendo en cuenta que la información de la víctima puede estar alterada por el estado emocional en el que se encuentra.

La experiencia demuestra que la denuncia desencadena dinámicas que pueden agravar el riesgo y que el momento más peligroso es cuando el agresor tiene que asumir que ha perdido el control de la víctima. A nadie se le escapa la dificultad de abordar un problema que, por su dimensión y sus implicaciones emocionales, entraña una gran variabilidad y complejidad. A finales de diciembre, había 43.670 mujeres con algún tipo de protección; de ellas, 726 se consideraban de alto riesgo y 18, de riesgo extremo. Parece claro que para mejorar la prevención hay que poner también mayor atención en el agresor, en su historial y su evolución, pues el 20% de los hombres denunciados han repetido la conducta con varias parejas. En los casos graves que no se haya decretado prisión provisional, puede resultar eficaz el uso, bajo supervisión judicial, de pulseras de control telemático, que avisan cuando el agresor se acerca a menos de 500 metros de la víctima.

Es una situación grave en la que es preciso dejar claro a los maltratadores que los poderes públicos se van a volcar sin titubeos en la lucha contra la violencia machista, incluidas campañas para concienciar y movilizar a la sociedad en defensa de las mujeres maltratadas, que en España tardan una media de ocho años en presentar denuncia.