Diciembre negro

Seis mujeres asesinadas en cinco días, entre ellas una embarazada a punto de dar a luz y una joven de 20 años que fue asesinada por la expareja de su madre, han cerrado un diciembre negro en la pesadilla sin fin que es la violencia machista. Si se confirman los casos todavía en investigación, diciembre terminará con 13 mujeres asesinadas, las tres últimas en menos de 24 horas. Entre las víctimas hay dos octogenarias y una enferma de esclerosis múltiple y demencia, que ya había presentado denuncia, a la que su marido dejó agonizar durante varios días en el suelo. Todos los escenarios del horror han emergido en apenas unas horas.

Los nuevos casos elevan a 48 el número de mujeres asesinadas este año, a las que hay que sumar otros 19 feminicidios fuera de las relaciones de pareja y 38 huérfanos. Las estadísticas revelan que los periodos vacacionales, los días festivos y los fines de semana son los de mayor riesgo. Este alarmante repunte ha obligado a convocar el comité de crisis por violencia machista. El hecho de que más la mitad de las víctimas hubiera presentado denuncia contra sus asesinos indica que los mecanismos de prevención y protección no están funcionando correctamente.

Pese al esfuerzo institucional hecho en los últimos años y a la puesta en marcha de una estrategia nacional contra la violencia machista con 267 medidas estructurales, el número de asesinatos no desciende en la proporción esperable. Es preciso revisar, por tanto, las posibles lagunas tanto en el diseño como en la aplicación de las políticas públicas. El problema es de una gran envergadura y a la hora de analizar los posibles fallos hay que diferenciar dos grandes problemáticas: por un lado, cómo hacer aflorar el maltrato oculto de las mujeres que no presentan denuncia y, por otro, cómo proteger a las que sí que acuden a la justicia en busca de amparo.

Sabemos que las situaciones de maltrato prolongado provocan en la víctima un impacto psicológico que anula su capacidad de reacción y que entre las estrategias de dominación que utilizan los agresores está el aislamiento de la mujer. Pero por mucha que sea la capacidad de simulación, la violencia siempre deja indicios. Es muy importante que la sociedad se implique y tome la iniciativa de denunciar ante cualquier signo de amenaza. También debe mejorarse la capacidad de detección a través de servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

Muchos de los asesinos tienen antecedentes de violencia machista. Un estudio sobre 19.000 presos condenados ha revelado que el 41,6% vuelven a ingresar en prisión por la misma causa. Dado el bajo grado de reinserción, una herramienta de prevención debería ser la vigilancia de los hombres con antecedentes. En los casos denunciados, uno de los puntos críticos es la valoración del riesgo por parte de la autoridad judicial. La inadecuada valoración del riesgo está en el origen de muchos fracasos. Hay que mejorar, en consecuencia, la formación de los cuerpos policiales y judiciales en los mecanismos de la violencia, y adaptar mejor la respuesta a los ciclos previsibles. Los juicios rápidos que deberían celebrarse en 15 días tardan a veces meses y hasta más de un año. Si la intervención judicial se demora, se facilita que se reinicie el ciclo de la violencia.

Es muy difícil anticiparse a la voluntad homicida de todos los maltratadores. Pero el fallo de las medidas de protección implica un doble fracaso: por un lado, permite que se produzcan muertes evitables, y por otro, aumenta la desconfianza de las mujeres maltratadas en la capacidad de los poderes públicos para protegerlas.