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Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

La judicialización de la megapolítica

Abocados a un escenario de bloques impermeables, el papel del Constitucional va a resultar más decisivo… siempre que Sánchez o Feijóo se resignen a perder la iniciativa política antes que atreverse a pactar con sus adversarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención de hoy en el Senado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención de hoy en el Senado.Jesús Hellín (Europa Press)
Juan Rodríguez Teruel

A pesar del severo intercambio de reproches, el tono del debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo este miércoles en el Senado marcó un claro contraste con el calibre grueso que se ha escuchado en la política española de los últimos días.

Probablemente refleje hasta qué punto el presidente del Gobierno y el líder de la oposición son conscientes del riesgo que ambos corren al calentar innecesariamente un conflicto institucional ya de por sí perverso y cuyos vericuetos resultan cada vez más difíciles de comprender no ya para el ciudadano medio sino incluso para la mayoría de observadores y de los propios actores políticos de segunda fila.

Y es que el nivel de retórica desproporcionada por parte de muchos políticos y creadores de opinión (gobierno ilegítimo, tirano, golpe de estado…) tiene un recorrido incierto cuando no va acompañada por los hechos. Como recuerda Mark Thompson (Sin palabras), Salustio situaba el origen del declive de la democracia en Atenas en la demagogia retórica, cuando “la gente empezó a definirlo todo como le venía en gana” y el verdadero significado de las palabras se vino abajo.

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Con ello, la tensión de estos días deja heridas en las costuras electorales de los implicados. Si bien Feijóo alivia la presión desde Vox (y desde quienes compiten con Vox dentro del PP), apostando por mantener la precariedad del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, con la esperanza de prolongarla hasta las próximas elecciones, logra conseguirlo a costa de reforzar la mayoría gubernamental y, peor aún, disipar las escasa opciones de entendimiento en el futuro con algunos de los partidos que hoy apoyan a Sánchez.

Igualmente, los mecanismos poco ortodoxos del Gobierno para contrarrestar el bloqueo en la renovación del Constitucional, que eran manifiestamente mejorables, pueden tener un doble filo para el presidente. Si bien pueden permitir sacar cierto rendimiento de la crispación resultante (al relegar el ruido de los acuerdos incómodos con ERC y tapar la brecha interna en su socio de coalición), todo ello castiga a Sánchez en su talón de Aquiles, al ahondar la zanja que le separa del electorado centrista con el que quiere reconciliarse a base de buena gestión económica y liderazgo en la escena internacional.

En realidad, si tomamos perspectiva respecto a lo sucedido, podremos apreciar la debilidad de ambos políticos —más que la fuerza o la sagacidad— latente en esos intentos de asegurarse la mayor influencia posible sobre los magistrados del Constitucional y el gobierno de los jueces. Aunque muchos ven en ello una politización indebida de órganos que, de hecho, tienen el mayor calado político, esta es, por el contrario, la consecuencia del peso decisivo que han venido ganado jueces y magistrados sobre temas y decisiones que hasta entonces venían siendo coto exclusivo del acuerdo entre políticos. Esta judicialización de la política española ha sido progresiva y ha demostrado su utilidad para quienes recurrían a ella en un contexto de pérdida de la autoridad de los representantes y del músculo social de los partidos políticos. El recurso a ella culminó durante el procés, en el que los dirigentes gubernamentales prefirieron trasladar buena parte del protagonismo a la iniciativa jurídica, algo de lo que ya alertó el propio presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos.

Lejos de ser esta una derivada genuinamente española, el profesor Ran Hirschl ha considerado esta judicialización de la megapolítica una preocupante tendencia de las democracias contemporáneas (Towards Juristocracy. The rise and consequences of the new constitutionalism). Pero en España tenemos un terreno particularmente propicio: abocados a un escenario de bloques impermeables, con líderes vulnerables y aspirantes a sucederlos mediante estrategias centrífugas, con el recurso fácil a la repetición electoral antes que a la concertación, el papel del Constitucional va a resultar más decisivo… siempre que Sánchez o Feijóo, o quienes les sucedan, se resignen a perder la iniciativa política antes que atreverse a pactar con sus adversarios.

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