La lucha de las peruanas por la despenalización del aborto en casos de violación

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Desde 2014, cuatro proyectos de ley para despenalizar el aborto en casos de violación se han hundido en el Congreso peruano. El aborto solo está permitido si la vida de la mujer está en riesgo. Las especialistas, que han acompañado la lucha en el Legislativo, dicen que Perú ha rechazado permitir el procedimiento en otros casos por razones morales.

En ocho años ha habido cuatro parlamentos diferentes y todos rechazaron estas iniciativas. Aunque Perú es un Estado laico, en el más reciente debate en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, el pasado 16 de noviembre, se volvieron escuchar argumentos religiosos. “Deberíamos tener la voz de la iglesia católica”, dijo el congresista José Balcázar, que votó en contra de la despenalización de la interrupción del embarazo y quejó porque la Conferencia Episcopal no había sido consultada sobre el proyecto de ley. Otros congresistas cuestionaron la norma porque, según ellos, sería utilizada como un “aborto legal camuflado”, según ellos.

”Hay una confusión: los legisladores no saben que este es un país laico, ellos mezclan sus convicciones religiosas con su deber como legisladores”, asegura Marta Rondón, consultora del Instituto Nacional Materno Perinatal, un hospital que capacita a personal sanitario en las regiones para practicar abortos terapéuticos. Rondón dice que la decisión del Congreso de mantener la sanción a la interrupción del embarazo en caso de violación pone a las mujeres en una situación de vulneración, las priva de sus derechos, y las empuja a buscar abortos clandestinos.

Según las denuncias en los Centros de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hasta octubre, el 70% de las víctimas por violación sexual eran menores de edad. Según la Defensoría del Pueblo, 21 niñas son violadas al día en Perú.

En noviembre, la marcha ‘Perú Machista’ por el Día de la Eliminación de la violencia contra la mujer, llenó las calles de Lima de decenas de jóvenes y colectivos que reclamaban el derecho al aborto y denunciaban las aterradoras cifras de la violencia sexual. En la región, además de Perú, solo Paraguay y Venezuela mantienen la sanción al aborto en caso de violación. Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, acusa al Congreso de actuar bajo premisas religiosas. “Las leyes evidencian un mayor control sobre los cuerpos y menos posibilidades de decidir libremente”, afirma la abogada. Dador dice que la legislación ha respondido a la mirada discriminadora y machista que persiste en la cultura del país.

Según la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (Enares) de 2019, para el 52,7% de peruanos la mujer debe, antes que nada, debe cumplir con su rol de madre y esposa. ”En el fondo, la decisión del Congreso guarda relación con esa representación sobre la mujer peruana: que aunque sea producto de una violación, la maternidad no puede ser mala, pues la mujer está cumpliendo su función”, señala Dador.

El Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las Mujeres se manifestó en febrero pasado a favor de legalizar el aborto en Perú y conminó a sus gobernantes a reglamentar el procedimiento para salvaguardar la integridad de todas las peruanas. Pero el país lleva meses sumido en una profunda crisis política, que no le ha permitido atender los derechos de las mujeres.

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