México se descompone

Nos duele mucho México. El país ha sufrido una involución esperpéntica desde los años dos mil. La violencia organizada relacionada con el narco, el tráfico de armas, de personas, la corrupción y la extorsión se ha tomado administraciones públicas, empresas, barrios enteros, policía, cuadros militares, familias, y no de modo puntual sino sistémico. Una parte del país convive con ello sin involucrarse pero con miedo. Otra la explota para sobrevivir o hacerse poderoso. Y una última más trata de combatirla, a veces a costa de su bien más preciado, la vida. Las cifras de violencia son exageradas en México, los informativos matinales repasan deportivamente los homicidios de la jornada, con agilidad, fatalismo, sin perder la jovialidad.

Hablemos de cifras, durante el pasado mes de mayo de este año fueron asesinadas 2.833 personas en homicidios dolosos a lo largo y ancho del país, encabezando los Estados de Guanajuato, Michoacán, Estado de México y Baja California. Pero casi 3.000 asesinatos al mes es el pan de cada día, y en aumento. Son cifras de conflicto armado, de guerra, aunque se desconozca en el exterior. Un informe elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos titulado México: Organizaciones del crimen organizado y el narcotráfico, advierte de que en México 12 organizaciones están en disputa por el territorio: el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, el Cártel de Tijuana, el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo, Los Beltrán Leyva, La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, El Cártel del Noreste, Los Viagra y Los Rojos.

El presidente Calderón golpeó el avispero militarizando la guerra contra el narco, tratando de detener a sus capos; Peña Nieto continuó la militarización y la guerra sucia contra lo que denominó focos prioritarios de la violencia; y AMLO (Andrés Manuel López Obrador), el actual presidente, dijo que desactivaría las causas, lo que resulta a priori mucho más inteligente pero muy lento, y además de no haber cambiado la estrategia de militarización, va de camino a batir todos los récords de homicidios. Solo durante los primeros 42 meses de su mandato se han registrado 121.655 homicidios dolosos, superando a Felipe Calderón (120.000), y de camino a superar los de Peña Nieto (155.000), según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (SINEGI). En el mandato de AMLO se han sucedido más de 3.400 feminicidios. Y le quedan dos años para concluir el mandato.

El balance general es trágico, más de 386.000 víctimas de homicidio desde el inicio en diciembre de 2006 de la denominada guerra en contra de la criminalidad organizada. A las que hay que añadir más de 96.000 personas desaparecidas y no localizadas al cierre de 2021. Ello significa que miles de familias dedican sus vidas a encontrar los restos de sus queridos para poder enterrarlos.

La mejor definición de lo que ocurre en México es la de una descomposición. Descomposición asociada a una proliferación social, económica, política e institucional de la “violencia organizada” que se desarrolla gracias a una red de complicidades. No empieza ni termina en un narco-capo local. Se trata de una red en la que participan miembros del hampa, del Estado, los empresarios, los pobres que optan a salir de la pobreza, etcétera. Una “red”.

En un contexto donde el poder ejecutivo, judicial y legislativo forman parte de la comisión del crimen, no es de extrañar la apabullante cifra de impunidad superior al 90% de los homicidios, que no conllevan procesos de enjuiciamiento alguno, según Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Hilemos más fino y analicemos el origen de esa casi total impunidad. Pedro Cárdenas, de Artículo 19, señala que el gran engaño es apostarlo todo a una guerra contra el narco, porque el 40% de las agresiones sufridas por periodistas que luchan contra esa impunidad no proceden del narco sino de autoridades públicas. Cuando estas autoridades son señaladas como responsables de corruptelas y extorsiones eliminan con virulencia al señalador de justicia. No en vano, la argucia de la autoridad pública y red de complicidades es atribuir toda violencia a la delincuencia y al narco, lavándose de ese modo las manos. Es en ese contexto que el periodismo comprometido se ha convertido en un blanco de la violencia organizada. Las cifras de periodistas asesinados están batiendo récords. En lo que va de 2022, 15 periodistas mexicanos fueron liquidados antes de llegar el verano.

En un país donde matan a periodistas más que en contextos bélicos, es necesario pensar y apostarle a la construcción de paz, también desde el rol del periodismo. Los periodistas deben estar unidos y desplegar un periodismo estratégico que permita conservar la vida y la salud emocional mientras se trabaja por un México sin violencia.

A finales de junio viajamos a México para reunirnos con los 16 periodistas acogidos por el Programa Municipal de Barcelona de Protección a Periodistas de México, con las organizaciones de periodistas (Periodistas de A Pie, Aluna, CIMAC, Artículo 19…), y tratar de establecer puentes con las autoridades mexicanas responsables de la protección de periodistas. Lo hicimos junto a la Taula per Mèxic y el ICIP, las contrapartes mexicanas mencionadas anteriormente y Serapaz. El Programa de BCN es bien recibido en México, es potente en términos de apoyo psicosocial y psicoemocional, permite reflexionar estratégicamente el rol del periodismo gracias a los seminarios del padre periodístico de muchos periodistas en zona de conflicto, Xavier Giró, y el enfoque de periodismo de paz. El programa establece un cierto halo de protección una vez los periodistas tratan de regresar a sus casas. El retorno no suele ser nada fácil.

Actualmente, el Mecanismo de Protección Federal, al que se acogen 1.500 personas amenazadas en todo el país, carece del presupuesto, personal y elementos como el apoyo psicosocial, etcétera, necesarios. El presupuesto para todo el país es de unos 15 millones de euros, que en un contexto de 3.000 homicidios dolosos mensuales roza el ridículo. Por otro lado, un mecanismo de protección requiere de organizaciones de la sociedad civil que complementen las limitaciones que cualquier instrumento público ofrece, desde el abordaje terapéutico del miedo hasta un contrafuerte para compensar la desconfianza que generan instituciones públicas a menudo cómplices de la agresión. Varias organizaciones mexicanas están tras de ello, pidiéndole al Gobierno un paso fuerte a favor de las víctimas, de los defensores de los derechos humanos, incluidos los periodistas, una reforma del Mecanismo y, claro, una desmilitarización general de México. Algo que incomprensiblemente sigue sin suceder, mientras México sigue sangrando. Será que México está en esa guerra de descomposición en que nadie, ni el periodista que muerde su miedo para cubrir la verdad, jamás sabe de quién le va a llegar la bala que le quite la vida. Seguiremos apoyando con programas desde el extranjero, aguardando el momento que la aguja del reloj cambie su sentido.