La urgencia de una nueva ley de archivos

“Yo no creo que desatender el pasado sea nuestro mayor riesgo; el error característico del presente es citarlo desde la ignorancia” (Tony Judt)

Los seres humanos, individualmente considerados, no pueden existir de manera plena sin conciencia de su pasado, las sociedades tampoco. Todos necesitamos la memoria de nuestro pasado de una manera u otra y, de hecho, estos son tiempos de múltiples reivindicaciones de la memoria colectiva, unas veces para reparar olvidos dolorosos e injustificables (la memoria democrática y la reparación de las víctimas del franquismo), otras por necesidades económicas (la puesta en valor del patrimonio histórico y artístico y el turismo cultural) y otras, la mayoría, procedentes de contertulios, políticos, empresarios o cultivadores de múltiples disciplinas que utilizan fragmentos del pasado para justificar sus propuestas sobre el presente, ya sea en forma de carnavalescas representaciones del pasado legitimador, ya en forma de aparentemente sesudas intervenciones públicas.

En mayo, representantes de 22 asociaciones de historia —la práctica totalidad de las existentes— constituyeron la Federación Española de Asociaciones Científicas de Historia (FEACH). Entre los objetivos inmediatos de la federación está reclamar una nueva ley de archivos que permita un mejor acceso a los mismos; buscar formas de mejorar la enseñanza de la historia; la intervención pública en el sistema de ciencia y educación en lo que afecta a la historia y los historiadores, y una mayor presencia social de los historiadores y académicos en defensa de la historia y las humanidades y el rechazo a la manipulación interesada del pasado.

Para la interpretación de los fragmentos del pasado, los historiadores debemos, necesariamente, analizar cada uno de los elementos que la componen a la luz del análisis minucioso de los hechos, con métodos científicos claramente contrastables y que permitan establecer relaciones causales e identificar las interrelaciones existentes. Todo ello exige el acceso libre y universal de investigadores e investigadoras a los registros históricos que han llegado hasta nosotros. Y entre ellos el más importante, por el volumen de lo conservado, son los documentos custodiados en múltiples archivos públicos y privados.

Por ello, nos dirigimos al Ministerio de Cultura con diversas peticiones que, en síntesis, pueden resumirse en tres demandas. En primer lugar, mejorar el acceso a los grandes depósitos estatales, tanto en horarios de apertura como en facilidad en la consulta y reproducción de la documentación, aspectos en los que ha habido una manifiesta voluntad de mejora que se ha traducido en avances, pero parciales. Las otras dos, mucho más importantes, consisten en armonizar todas las condiciones de acceso del conjunto de los archivos públicos y en garantizar que las instituciones que reciben fondos públicos para la conservación de su patrimonio (especialmente la Iglesia y la nobleza) pongan sus archivos al servicio de la investigación con las mismas condiciones que los públicos. Las tres peticiones quedarían resueltas si, siguiendo otros modelos bien ensayados en el mundo occidental, se promulgara definitivamente una ley general de archivos.

La elaboración de una nueva ley de archivos emerge como una reivindicación prioritaria. Hemos tenido avances indudables en las mejoras contempladas en la Ley de Memoria Democrática, ya vigente, y retrocesos notables como los contemplados en la ley de secretos oficiales. Un Estado de derecho avanzado debe tener principios rectores comunes que garanticen en todos los casos la investigación rigurosa, el respeto a los principios generales de los derechos humanos y de transparencia. No hay libertad sin una historiografía libre y racionalmente fundamentada, la única que permite corregir y combatir los excesos de las “memorias” manipuladas, y no hay historiografía sin archivos y documentos sobre los que elaborar el conocimiento histórico.

Nuestra historiografía está bien asentada, nuestro patrimonio histórico documental es amplísimo, ¿cómo es posible que afrontemos aún notables dificultades para el desarrollo de nuestro cometido? Los escollos en el acceso a una importante parte de la documentación constituyen una de las explicaciones. Las restricciones y la discrecionalidad en la consulta de la documentación son una anomalía persistente que obstruye y entorpece el trabajo de los investigadores y la transmisión del conocimiento científico del pasado al conjunto de la sociedad.

Como ciudadanos de un Estado democrático, pedimos a nuestros responsables y representantes públicos que aborden con urgencia la elaboración de una nueva ley de archivos que establezca las condiciones de acceso a los fondos documentales, en línea con las habituales en las democracias occidentales, sin las actuales restricciones, y el derecho de la ciudadanía al conocimiento del pasado. La historia de Europa ha demostrado una y otra vez que esto es fundamental para luchar contra todo tipo de mitos, la mayor parte de las veces perniciosos, en términos de construcción de una sociedad democrática. La función de los historiadores no es adoctrinar a sus conciudadanos, sino ofrecer análisis racionales que permitan que fundamenten sus opciones sobre relatos veraces. Y la función de los gobiernos es facilitar nuestra tarea.