Los límites de lo posible en Chile

La ley chilena no permite publicar nuevos sondeos sobre el plebiscito del 4 de septiembre, cuando se decidirá la suerte de la propuesta de Constitución Política elaborada por una Convención paritaria y con escaños reservados para los pueblos originarios, que trabajó en ello durante un año. Los últimos sondeos, publicados el 19 de agosto, dan unánimemente el triunfo al rechazo. ¿Significa que, a pesar de haber obtenido un respaldo interno de dos tercios en la Convención, el texto será finalmente desestimado por la ciudadanía? No necesariamente: hay aún varias incógnitas.

Los plebiscitos dan sorpresas. De pronto expresan tendencias emocionales e identitarios que las encuestas no consiguen capturar. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, con el referéndum que decidió la salida de Reino Unido de la UE. La mayor parte de los estudios proyectaba el triunfo de la continuidad.

No se sabe cuál será el efecto de algunos hechos de los últimos días, entre ellos la detención por orden de la Fiscalía de Héctor Llaitul, líder de la resistencia armada mapuche, y la filtración de un intento desde el Gobierno de tomar contacto con él en mayo pasado.

Se agrega que esta vez, por primera vez desde 2012, el voto será obligatorio. Esto, sumado a un alto nivel de politización, la sensación de una pandemia a la baja y la entrada de la primavera, hace probable una participación récord. ¿Quiénes serán los nuevos votantes? Si son primordialmente hombres, mayores y de zonas rurales, se confirmarán las estimaciones de las encuestas y ganará el rechazo. Si en cambio son mujeres, jóvenes y urbanos, el apruebo podría tener una oportunidad.

Más allá de las proyecciones, lo que parece claro es, uno, que el resultado será estrecho; y dos, que ratificará la grieta que se viene apreciando en Chile desde el estallido social de 2019, a la vez generacional, geográfica e ideológica.

Los plebiscitos son blanco o negro. Esta vez, sin embargo, la ciudadanía se ha rebelado ante un escenario binario, sin matices ni texturas. Los estudios de opinión indican que la mayoría (incluyendo a quienes votan rechazo) no desea retomar la Constitución actual, prefiere una nueva. La mayoría, a su vez (incluidos los favorables al apruebo), no está enteramente conforme con el texto propuesto: prefiere modificarlo, incorporando algunos puntos de vista de sus críticos. En otras palabras, lo que se desea es un híbrido que integre aspectos de ambas opciones, lo cual va a requerir continuar después del 4 de septiembre con un proceso constituyente de carácter integrador.

De ahí que las campañas, en lugar de favorecer la polarización, han puesto el acento en las convergencias. Hace más de un mes, los partidos de derecha por el rechazo firmaron un acuerdo solemne que hace propias banderas históricas de sus competidores; entre ellas, la obsolescencia de la actual Constitución, el respaldo a un Estado social de derechos, el reconocimiento de los pueblos indígenas, la elevación de los estándares ambientales y la ampliación de los mecanismos de participación democrática. En paralelo, han roto con un tabú aceptando bajar los quórums para la reforma de la actual Constitución, lo cual facilitaría acuerdos ante la eventualidad de un triunfo del rechazo. En la misma línea, han sacado del escenario a los políticos más conservadores o que generan más antipatía, y se han camuflado tras las figuras de la antigua Concertación que comparten su postura.

Hace pocas semanas le tocó el turno a los partidos por el apruebo. “Instados” por el presidente Gabriel Boric, concordaron reformas específicas al texto recién salido de la Convención, aunque sin objetar sus principios rectores. Ello incluye concesiones sensibles, tales como límites más precisos a la plurinacionalidad, la justicia indígena y las autonomías territoriales; reafirmación del actual modelo mixto de provisión de los derechos sociales; aseguramiento de la propiedad sobre los ahorros previsionales; restablecimiento de la prohibición a mociones parlamentarias que irroguen gastos y sobre la reelección del presidente de la República; reposición de la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones de excepción constitucional; y robustecimiento de la independencia del Poder Judicial. Al mismo tiempo, han buscado que vocerías moderadas asuman la defensa del texto constitucional, en lugar de quienes llevaron la voz cantante en la Convención, hoy mirados como figuras disruptivas.

La contaminación recíproca que se ha producido en el debate posterior a la entrega del proyecto de Constitución, ha significado que ahora la fisura principal ya no esté tanto en los contenidos como en el camino que se abrirá hacia adelante. Los del apruebo estiman que es mejor concordar reformas y correcciones a partir del chasis que ha propuesto la Convención, sabiendo además que se requerirán complejas leyes de implementación. Los del rechazo, en cambio, consideran que el proyecto es tan defectuoso que es preferible partir de cero. Con el correr de los días, sin embargo, gana adeptos una postura más pragmática que podría llevar, si gana esta opción, a una nueva Convención también paritaria y con escaños reservados, pero más pequeña, elitista y con plazos más acotados, que tomaría como base tanto el proyecto hoy en discusión como otros textos disponibles.

En suma, ambas opciones compiten entre sí por cuál de las dos interpreta y canaliza mejor la convergencia reformista que moviliza a la ciudadanía. La materialización de esta demanda va a requerir continuar con el proceso después del plebiscito, con más o menos graduación y aceleración, pero con propósitos gruesamente compartidos. Esta inesperada evolución debe mucho al papel ejercido por el presidente Boric.

Qué duda cabe: el presidente tiene su alma en el apruebo. Su instalación en La Moneda forma parte del mismo proceso que condujo a una nueva Constitución, el que nació en las protestas estudiantiles de 2011 y alcanzó su punto álgido en el estallido social de 2019. El triunfo del apruebo le permitiría destinar menos energía a la cuestión constitucional (que, con todo, seguirá abierta) para enfocarse en su programa de reformas, como la tributaria, de pensiones y de salud, así como al tema de la seguridad ciudadana, que se ha vuelto de extrema urgencia, para lo cual necesitará el acuerdo de la oposición pues no dispone de mayoría en el Congreso.

El peso de la tradición, más el control que ejerce la Contraloría General de la República, le han impedido al Gobierno intervenir abiertamente a favor de su preferencia, aunque la oposición le acuse de ello. Lo que ha hecho el presidente Boric es, de un lado, empujar a las fuerzas del apruebo a comprometerse a modificar normas del texto propuesto que son en extremo amenazantes para el statu quo. Del otro, en lugar de anunciar un escenario de terror en caso del triunfo del rechazo, ha dado garantías de que, en esas circunstancias, ejercerá su liderazgo para abrir nuevos caminos hacia una nueva Constitución. Esto ha favorecido a las dos opciones por igual: al Apruebo, porque le ha atemperado una radicalidad que ahuyenta al votante de centro; y al rechazo, porque evita que su opción se asocie a un vacío institucional que podría ser caldo de cultivo para un nuevo estallido como el de 2019.

Si gana el rechazo, para Boric seguirá siendo un logro que el proceso constitucional haya cumplido su primera etapa bajo las reglas convenidas y con amplias e inesperadas convergencias. Como ha señalado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, los valores de la propuesta de la Convención “perdurarán, ya sea en ese texto o el que lo reemplace”, y el Gobierno puede cumplir con su programa económico no importa quien triunfe. Si es el rechazo, Boric tiene la oportunidad, además, de ejercer un papel clave en diseñar y articular las etapas destinadas a darle continuidad y llevar a puerto el proceso constitucional. Si lo consigue, tendría asegurado un lugar relevante en el cuadro de honor de la República.

El 4 de septiembre no será un parteaguas. Gane quien gane, habrá una nueva Constitución. Con más o menos énfasis, esta recogerá los principios básicos de la propuesta emanada de la Convención. El proceso a través del cual se canalizó el estallido social de 2019, de cierto modo, ya corrió los límites de lo posible.