El CGPJ momificado

El adelanto del fin del verano político ha sido una sorpresa solo a medias. El ciclo que abre este otoño tiene dos etapas mayores: las elecciones municipales y autonómicas de mayo y las generales previstas para diciembre de 2023, coincidiendo con el final de la presidencia española de la Unión Europea (si Pedro Sánchez no decide un adelanto electoral). El Gobierno ha programado un Consejo de Ministros para este martes con el fin de aprobar la creación de un Centro Nacional de Salud Pública y el jueves el pleno del Congreso en el que debería aprobarse el decreto sobre ahorro energético que ha generado divergencias visibles dentro del PP: Isabel Díaz Ayuso anunció su propósito de llevar el decreto al Tribunal Constitucional, contra el criterio de Alberto Núñez Feijóo y del resto de los presidentes autonómicos del PP.

Pero ha sido otro el asunto que ha suscitado nuevas disonancias en el PP durante la pasada semana. La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha regresado al primer plano de la actualidad política por la puerta de atrás: el cruce de declaraciones entre la actual cúpula del PP y la anterior ha tenido como eje central la existencia probada de un documento al que ha tenido acceso este periódico según el cual PSOE y PP llegaron a un acuerdo en octubre de 2021 para la reforma del sistema judicial que permitiría la renovación de los órganos constitucionales. En declaraciones a este periódico, Feijóo aseguró desconocer su existencia.

Pero mientras discutimos sobre las declaraciones de unos y otros dirigentes del PP, sigue corriendo el calendario y cada semana aumenta el agravio democrático que significa mantener en sus puestos a los 20 miembros del CGPJ, con su mandato ya más que caducado tras tres años y ocho meses de interinidad y con limitaciones graves de buena parte de las cruciales funciones que ejerce el órgano de gobierno de los jueces, entre ellas el nombramiento de numerosos destinos también caducados. Que la reanudación del ciclo político mantenga en la primera línea del debate la renovación del poder judicial es en sí mismo un síntoma grave de la irresponsabilidad política con la que, sobre todo el PP, aborda una cuestión esencial a la calidad democrática de España, dañada en los índices internacionales más respetables a causa de ese bloqueo injustificable e incomprensible más allá de nuestras fronteras. El viraje de Feijóo desde una predisposición explícita a su renovación en abril, cuando fue proclamado presidente del PP, hacia la actual inhibición del asunto desdibuja el perfil de solvencia que ha querido ofrecer desde la presidencia del PP. El ventajismo político que significa mantener los miembros del poder judicial sin renovar quizá aporte réditos electorales al principal partido de la oposición o inquiete poco a un electorado movilizado para desalojar a Sánchez de La Moncloa, pero revela una insumisión a la Constitución difícil de explicar y que casa mal con cualquier forma de moderación o solvencia.

Más allá de los desencuentros revelados entre la cúpula entrante y la saliente del PP —pese a que Cuca Gamarra sigue en ambas—, septiembre sería un buen mes para traer la buena nueva de un acuerdo entre Gobierno y PP que pusiera las condiciones para terminar con una anomalía en el corazón institucional de la democracia que pronto cumplirá cuatro años. Esa situación puede gratificar a Vox y sus fines desestabilizadores, pero no los del principal referente del conservadurismo político en España.