Sánchez diseña una presidencia española de la UE descentralizada y preelectoral
Una cumbre de mandatarios en La Alhambra y otra eurolatinaomericana en Bruselas, estrellas del semestre español al frente de la Unión
Tras la cumbre de la OTAN, celebrada en Madrid en junio pasado, la presidencia española de la UE, en el segundo semestre de 2023, será el gran escaparate de proyección internacional de Pedro Sánchez. Un periodo que coincidirá además con la celebración de las elecciones generales, previstas para finales de año. Será la quinta vez que España asuma esta responsabilidad, que antes de Sánchez solo han ostentado tres presidentes (Felipe González en dos ocasiones, en 1989 y 1995; José María Aznar, en 2002; y José Luis Rodríguez Zapatero, en 2010). Cuando Sánchez se convierta en presidente de turno de la UE, el 1 de julio de 2023, habrán pasado 13 años desde que un jefe de Gobierno español lo fue por última vez.
A España le corresponderá organizar unas 2.000 reuniones en Bruselas y Luxemburgo y será anfriona de más de 200 eventos en su propio territorio, según fuentes gubernamentales. Ante la envergadura del reto, el Gobierno creó en enero pasado el Comité Organizador de la Presidencia Española de la Unión Europea, que preside el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y cuya secretaria es la directora de la Oficina de Coordinación para la Presidencia de la UE, Aurora Mejía, del equipo de La Moncloa. El comité organizador ha elegido las 25 ciudades donde se celebrarán encuentros de alto nivel; repartiéndolas por todas las comunidades autónomas, salvo Ceuta y Melilla. Ya hay sede y fecha para 22 reuniones de carácter ministerial, mientras que están pendientes de concretar las citas de Albacete (donde se reunirá el Comité Político y de Seguridad de la UE), Tarragona y Donosti.
Galicia, País Vasco, Castilla-La Mancha y Castilla y León albergarán dos reuniones de alto nivel cada una y Cataluña tres, pero Andalucía será la autonomía donde tendrá más presencia la presidencia española pues, además de tres encuentros ministeriales (en Cádiz, Córdoba y Sevilla), será sede de la cumbre informal de jefes de Estado y Gobierno. Aún no se conoce la fecha exacta, porque su convocatoria corresponde al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pero será en octubre o noviembre, según las fuentes consultadas. Lo que sí se ha decidido es su emplazamiento: por deseo personal de Sánchez, se celebrará en la Alhambra de Granada. El presidente, según las mismas fuentes, ha buscado un escenario emblemático que proyecte internacionalmente la imagen de España —el complejo nazarí declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco—, como eligió el Museo del Prado para la cena de mandatarios de la OTAN.
La cumbre de la Alhambra será probablemente la foto de la Presidencia española, pero no su hito más importante. Esa distinción corresponderá a la cumbre entre los 27 jefes de Estado y Gobierno de la UE y los 33 de la Celac (Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe). Será la primera vez que los mandatarios europeos y latinoamericanos se reúnan desde 2015, aunque deberían hacerlo cada dos años, lo que evidencia el distanciamiento de la UE con una región que se considera “la más eurocompatible” del mundo.
Sánchez no ejercerá como anfitrión de este encuentro, ya que no se celebrará en España sino en Bruselas, pues el protagonismo corresponde a las instituciones comunitarias. Pero lo copresidirá con Michel y, sobre todo, no tendría lugar sin el impulso decisivo de España. La UE ya ha dado el visto bueno a la iniciativa y la diplomacia española confía en una respuesta positiva de América Latina.
El bloqueo del acuerdo de asociación entre la UE y Mercosur (el bloque económico formado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Boliva) y el ensimismamiento de Europa durante el largo proceso del Brexit han hecho que el peso europeo en América Latina haya retrocedido a la vez que avanzaba la influencia china. Fuentes diplomáticas aseguran que la Comisión Europea es consciente de la necesidad de recuperar el terreno perdido y de que la cumbre no se celebrará si no se hace bajo mandato español, pues los países que se turnarán a continuación en la presidencia de la UE, Bélgica y Hungría, tienen otras preferencias.
La diplomacia española se está volcando en conseguir que el mayor número de mandatarios latinoamericanos acudan a esta convocatoria: el tema está en la agenda de Albares y del propio Sánchez (que a finales de agosto hará una gira por la región), aunque la ocasión para comprometer su asistencia será la reunión que los cancilleres de la UE y la Celac celebran en Buenos Aires el 27 de octubre y la cumbre Iberoamericana de República Dominicana, a la que acudirán el presidente del Gobierno y el Rey, en marzo próximo, a tres meses de que comience la Presidencia española de la Unión.
Barcelona (que albergará una reunión informal de titulares de Transporte en septiembre) será también escenario, en torno al 28 de noviembre —Día del Mediterráneo—, de una nueva cita de los ministros de Exteriores de la UE con sus homólogos de la vecindad sur (Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Israel, Palestina, Líbano y Jordania). Durante su presidencia, el Gobierno ha querido primar la recuperación de las relaciones con América Latina, pero sin descuidar a sus vecinos del sur del Mediterráneo, aunque sea con una cita de rango inferior (ministerial), según las fuentes consultadas.
Al coincidir con el segundo semestre del año, la presidencia española será corta, ya que el mes de agosto se considera inhábil (solo se ha programado una reunión ministerial en Toledo de los titulares de Defensa y Exteriores). Sin embargo, el Gobierno cree que estará llena de contenido, pues es la última presidencia completa de la actual Comisión Europea. Las elecciones al Parlamento Europeo se celebran en mayo de 2024, por lo que la Eurocámara se disolverá en abril y el equipo de Ursula von der Leyen —del que forma parte el español José Borrell como Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad— deberá aprovechar la presidencia española para impulsar los últimos proyectos que quiera sacar adelante antes de ceder el testigo a sus sucesores, ya en verano.
El próximo 1 de enero España se incorporará a la troika de la UE, junto a la República Checa, que ostenta actualmente la presidencia, y Suecia, a la que corresponde entre enero y julio de 2023. En ese momento se podrá comprobar, según fuentes diplomáticas, cuáles son las asignaturas pendientes para el semestre español y qué posibilidades tiene Madrid de sacar adelante sus propias prioridades.
Aunque no se ha informado del presupuesto de la presidencia española, fuentes gubernamentales estiman que su coste estará más próximo al de las presidencias portuguesa o checa (40-60 millones de euros) que al de la francesa (140). Otras fuentes señalan, sin embargo, que, una vez incluidos los gastos en seguridad, la cifra definitiva rondará los 100 millones.
Inmigración, Energía y América Latina, prioridades para el semestre
Alcanzar un pacto europeo sobre inmigración y asilo, avanzar hacia un mercado único de la energía y relanzar las relaciones de la Unión con América Latina son los tres grandes objetivos de la Presidencia española de la UE, en el segundo semestre del año próximo. Esas son las prioridades que se ha marcado el Gobierno a 10 meses de que España asuma esa responsabilidad, consciente sin embargo, de que una de las principales tareas del país que ejerce la Presidencia de turno de la UE es hacer frente a los ‘cisnes negros’, sucesos imprevistos e inaplazables que le dan la vuelta a la agenda y alteran todas las previsiones, como la pandemia en 2020 o la invasión de Ucrania en 2022.
“Aún es pronto para fijar prioridades, mucho más en un escenario internacional volátil y cambiante como el que estamos viviendo, pero América Latina estará en el centro de nuestra presidencia, continuaremos haciendo propuestas para ordenar el mercado energético europeo y la política de inmigración y asilo tendrá reflejo en nuestro programa”, explica el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a preguntas de EL PAÍS. “La presidencia de la UE”, agrega, “será otra ocasión de demostrar que los españoles somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos”.
En materia energética, el objetivo último del Gobierno español es el “mercado único europeo”, pero lo urgente es que “Europa no vuelva a encontrarse en una situación como la actual”, en palabras de Albares, ante las amenazas de Putin de cortar el suministro de gas. Sobre inmigración y asilo, se trata de poner en pie “una verdadera política común” que “consiga un equilibrio entre solidaridad y seguridad”. Para ello hay que dejar atrás el pacto de Dublín, que endosa la responsabilidad al país por el que accede el solicitante de asilo a la UE, y arbitrar un sistema que no obligue a improvisar cada vez que se produce una crisis, como las oleadas de refugiados de las guerras de Siria o Ucrania, aseguran fuentes diplomáticas.
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