editorial
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Obispos encubridores

El encubrimiento sistemático de los casos de pederastia en la Iglesia ha impedido cualquier forma de enjuiciamiento de los abusadores

El arzobispo electo de Valladolid, Luis Argüello, interviene durante la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en Madrid en junio de 2022.
El arzobispo electo de Valladolid, Luis Argüello, interviene durante la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en Madrid en junio de 2022.Carlos Luján (Europa Press)

La impunidad que ha reinado durante décadas en torno a la pederastia en la Iglesia católica española ha contado con un aliado decisivo: el ocultamiento, silenciamiento y encubrimiento de los casos por parte de muchos obispos. Al menos 39 prelados están acusados por víctimas o son sospechosos de haber tapado en España casos de los que han tenido constancia. Con ello, han impedido que los pederastas fuesen juzgados civil o canónicamente, y que estos hechos se conocieran públicamente. Han sido diversas las estrategias desarrolladas en la Iglesia a lo largo de las últimas décadas para evitar entrar en el fondo de la cuestión: desde la renuncia a investigar los hechos manteniendo al abusador en su puesto hasta el traslado de parroquia ante las primeras quejas (donde podría reproducir las mismas conductas anteriores) pasando por enviar al acusado a ejercer su ministerio a otro país. La ocultación de los delitos, la protección de los acusados y el desvalimiento de las víctimas han sido las consecuencias necesarias de ese proceder, según ha corroborado este diario a través de sentencias canónicas, documentos inéditos y denuncias de las propias víctimas. Hasta el momento, ningún obispo español ha sido juzgado civil ni canónicamente por ello.

Los casos de encubrimiento recogidos por EL PAÍS van desde 1952 hasta 2015. Entre los acusados se encuentran prelados que ocuparon puestos de responsabilidad en la CEE. Algunas víctimas acudieron al obispo mientras estaban sufriendo los abusos, otras fueron años después, cuando el delito había prescrito pero el acusado seguía vivo. Tanto la CEE como el Vaticano tienen conocimiento de dichas acusaciones, recogidas en los dos informes que este periódico entregó a ambas entidades a finales de 2021 y el pasado mes de junio.

El papa Francisco recogió por primera vez en 2019 el encubrimiento como un delito a ser juzgado dentro de los tribunales eclesiásticos con el motu proprio Vos estis lux mundi. Pero esta nueva norma papal no es retroactiva y los obispos acusados, 14 de ellos aún con vida, no pueden ser juzgados por ello. No obstante, no conviene olvidar que a partir de 2001 los purpurados debían comunicar al Vaticano todos los casos de los que tuviesen constancia, y los acusados no lo hicieron.

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Cabría esperar que el Papa, que ha mostrado enorme dureza con los pederastas, exhibiera dureza también hacia los encubridores. Pero no es fácil. Los obispos son auténticos papas en sus diócesis, y Francisco difícilmente puede enfrentarse al tercio de prelados españoles conservadores que sigue defendiendo que la pederastia en la Iglesia española es un asunto de unos pocos casos aislados. Tampoco los otros obispos desean abrir la caja de Pandora de lo que todo indica que ha sido una práctica generalizada. La lacra de la pederastia en el clero alcanza desde las pequeñas parroquias hasta la cúpula de la Iglesia española.


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