La derecha española: ¿una singularidad (anti)democrática?

Si uno escucha a los representantes políticos de la derecha o a los medios que suscriben sus postulados, España está al borde del abismo, a punto del colapso.

Esto ocurre a pesar de que éste es el Gobierno que más justicia social ha logrado en toda la época democrática, revirtiendo el estancamiento que sufrían las rentas de las clases trabajadoras y medias desde comienzos de siglo: ahí están, por más que algunos lo intenten olvidar, las continuadas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, el acuerdo de revalorización de las pensiones, las medidas contra la discriminación salarial de la mujer, la reforma laboral y un record de afiliación a la Seguridad Social, con más personas empleadas que en ningún otro momento de su historia.

También ocurre a pesar de la actividad desplegada por un Gobierno en el que se trabaja a destajo, con una actividad que más que dinámica raya en lo febril, acordando planes con la iniciativa privada, las comunidades autónomas y municipios para reformar, a través de inversiones, sectores de actividad a partir de los fondos europeos Next Generation. Su cuantía nunca ha sido igualada en España, pero el esfuerzo para conseguirlos apenas ha sido reconocido. España es el primero de la clase en Europa en utilizarlos y conseguir desembolsos adicionales, pero eso no sirve para mucho.

Y ocurre esto, además, cuando España despliega una notable actuación exterior, encarando finalmente de frente la incómoda relación con el Magreb, siendo capaz de consolidar los lazos transatlánticos y al mismo tiempo fortalecer la autonomía estratégica de la Unión Europea en la arena geopolítica, incrementando su actividad en África sin abandonar su vocación iberoamericana, aumentando su ayuda al desarrollo, o realizando una cumbre de la OTAN realmente exitosa.

Pero nada de esto existe, si uno se guía por la España que reflejan el discurso y la narrativa de la derecha política y de una parte importante de los medios de comunicación.

El contexto es, además, extraordinario, después de haber pasado la peor pandemia que podía fabular la ciencia ficción distópica más encendida, de la que hemos salido bastante bien librados con un Gobierno que ha sido capaz de una batalla ordenada frente a la covid-19. Pero ni aún en esta circunstancia nunca imaginada, ha merecido el Ejecutivo un gesto de apoyo de la derecha.

Y como telón de fondo una guerra, apenas salidos de la covid. Nunca pensamos que tantas calamidades pudieran venir juntas, nunca imaginamos que Rusia iba a iniciar una guerra en Europa. Pero ha ocurrido, y tampoco eso ha servido para que las cosas cambien mucho en España: incluso la propuesta del Gobierno para que los efectos de la guerra no afecten más a los más débiles y para que los costes de la guerra sean sufragados en una parte importante por las grandes compañías eléctricas y los bancos, no hará variar las coordenadas básicas de una oposición sin cuartel. Si bien ha merecido al menos la abstención de las bancadas de la derecha, se ha intentado sepultar la ambición y la importancia de este plan bombardeando y atemorizando a la opinión pública con los datos de inflación aislados, sin conectarlos con lo obvio: que la guerra tiene un coste para los países democráticos y que lo estamos pagando en la forma de una inflación resultado del uso del suministro de gas como arma de guerra por parte de Vladímir Putin.

Cuando aparecen las dificultades, el dedo acusatorio se dirige siempre al mismo lugar: se trata de un problema de comunicación. Pero éste no es el caso exactamente. El problema no es de portavoces con más o menos carisma, de mensajes más o menos incisivos, de narrativas más o menos acertadas. Siempre está bien mejorar la comunicación, pero en esta situación sería indicado un cierto rearme ideológico. El problema es que se ha gestado en España una singularidad, que se podría definir así: la derecha ha adoptado una estrategia de oposición basada en razonamientos antidemocráticos; una parte relevante de los medios se han identificado con esos argumentos y los amplifican constantemente; y mientras, otros importantes medios, cronistas e intelectuales han adoptado una posición de equidistancia, aceptando implícitamente los presupuestos de la derecha política y mediática. No estamos, pues, ante un juego normal entre Gobierno y oposición, estamos más bien ante una singularidad antidemocrática que está degradando el debate, polarizando la política y haciendo casi imposible la participación y la convivencia democrática.

La estrategia de oposición de la derecha se ha asentado desde hace cuatro años en dos pilares. El primer pilar descansa sobre el concepto de “Gobierno ilegítimo”. Por supuesto ha sido Santiago Abascal quien por activa y por pasiva se ha cansado de tildar al Gobierno de Pedro Sánchez de ilegítimo. También sucumbió a esa tentación Pablo Casado. Y aunque no hemos visto aún en boca de Alberto Núñez Feijóo ese calificativo, el nuevo jefe de la derecha sigue utilizando con entusiasmo la narrativa que se asienta en la naturaleza ilegítima del Gobierno de Sánchez: estamos ante “un Gobierno acabado”, que no merece un día más. Hay que ejercer presión electoral con un constante bombardeo de encuestas para recrear un ambiente preelectoral. Estamos ya en un “cambio de ciclo”. En resumen, como diría Feijóo, “estamos ante un Gobierno que se desmorona por días como fichas del dominó”. No en vano en el precipitado congreso en el que asumió la presidencia del PP el eslogan que presidía la reunión no era otro que “Preparados”. En verdad en estos últimos cuatro años, y desde el primer día, éste ha sido el discurso de la derecha.

El segundo elemento, complementario del primero, es que esa ilegitimidad se vuelve axiomática debido a que el Gobierno se apoya, como lo pondría uno de los tertulianos de referencia de la derecha, en una coalición de golpistas, separatistas, filoterroristas y comunistas. “Gobierno Frankenstein” ha sido el calificativo más amable que se ha utilizado para calificarlo, y, por supuesto, un Gobierno apoyado en tal base no merece sino ser arrojado al basurero de la historia y que termine cuanto antes su mandato.

Ambos argumentos son completamente antidemocráticos.

El primero, porque dentro de un régimen democrático al Gobierno se le deben aplicar los criterios de legalidad. La legalidad la confieren las leyes democráticamente adoptadas, comenzando por la Constitución. Y en la Constitución española forma gobierno y gobierna quien consigue y mantiene una mayoría parlamentaria, sea en las elecciones o sea mediante un mecanismo de moción de censura. La oposición, en tanto no tenga fuerza suficiente para forzar una votación a través de una moción de censura o en tanto no gane la batalla en unas elecciones, debe hacer oposición, día a día, propuesta a propuesta, plan a plan hasta el momento de las elecciones, que son convocadas cuando el Gobierno lo decide o cuando los plazos legales lo exigen. Pero en vez de eso, la derecha decidió desde el primer momento que el Gobierno de Sánchez no merecía gobernar y que la única estrategia de oposición posible era echarle cuanto antes. Y, de modo absolutamente irresponsable, ha seguido esa estrategia contra viento y marea sin variarla ni un ápice durante un periodo históricamente excepcional de pandemia seguido de otro de guerra.

El segundo pilar es también profundamente antidemocrático. Ser comunista no inhabilita ni para representar a los ciudadanos ni para gobernar, ser separatista tampoco: afortunadamente tenemos libertad de pensamiento, de asociación y de opinión. Haber intentado un simulacro de declaración unilateral de independencia ilegal o formar parte de la denominada izquierda abertzale, integrando una formación política que ha pasado el filtro de la ley de partidos, tampoco excluye a nadie de representatividad democrática cuando se han cumplido las sanciones y procedimientos legales para poder ser representante del pueblo o miembro de un gobierno. Todo lo que signifique establecer grupos políticos de primera y segunda categoría, donde unos tienen más legitimidad para gobernar que otros, es un argumento plenamente antidemocrático.

Las raíces antidemocráticas de la oposición actual no deberían seguir siendo ignoradas, deben ser expuestas ya bajo los focos, porque sus consecuencias son muy serias. La polarización en el debate político es resultado de esa estrategia de la derecha española. La toxicidad que desprende el debate político también es consecuencia de esa estrategia. El rechazo a la política y a los partidos políticos son resultado de ello. La desmovilización de sectores enormes del electorado, también. La degradación del debate, el recurso a las salidas de brocha gorda del tipo “Johnson se va, pero Sánchez se queda”, zafios y sin altura dialéctica, tienen así mismo esa causa. Y así muchos de los debates que surgen, abortan apenas nacidos en nuestro país sin alcanzar ni altura ni profundidad.

Es muy libre la derecha de atarse a esa estrategia, y los medios que comulgan con ella de jalearla. Sin embargo, deberían mirar hacia atrás a la historia de España de los siglos XIX y XX hasta que en los años 70 hicimos la transición a la democracia, porque ha sido una trágica y violenta historia de lucha fratricida siempre por la misma causa: la falta de adhesión en la letra y en el espíritu a la convivencia democrática. Pero la España democrática no debería dar por buena esta situación. Hay que llamar a un examen de conciencia a todos aquellos que influyen en la opinión pública y que se ven a sí mismos como demócratas. Sería bueno que examinaran si están contaminados por la toxicidad que desprenden esos planteamientos antidemocráticos esgrimidos por la derecha contra Pedro Sánchez, su Gobierno y la coalición que lo sustenta; que decidan si la polarización actual se debe a la actitud de todos los partidos por igual o es fundamentalmente fruto de la actitud de la derecha; si la equidistancia no debe de ser sustituida por la ecuanimidad en el juicio y en las valoraciones. Y si, en definitiva, los argumentos centrales que configuran la estrategia de oposición de la derecha tienen un pase democrático y son inocuos, o por el contrario no son aceptables desde un punto de vista democrático y resultan enormemente dañinos para el presente y el futuro de la convivencia en España.