La ‘mayoría Frankenstein’ entra en racha

Superado con holgura el partido del siglo de los Presupuestos, el Gobierno y su mayoría Frankenstein han entrado en racha y encadenan victorias cada semana en el coliseo del Congreso de los Diputados. Habrá quien discuta la calidad de su juego; es más, la oposición no solo la discute, la considera una afrenta permanente y un presagio de calamidades sin cuento. Pero la política es puramente resultadista y en ese aspecto los marcadores arrojan cifras indiscutibles para el Ejecutivo. Por lo pronto, este martes logró ganar con holgura el primer trámite para limitar las potestades del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras este organismo permanezca en funciones. Para esta semana prepara además una gran goleada a los dos partidos de la derecha con la ley de eutanasia. Al universo Frankenstein no le faltan motivos para sacar pecho. “El Gobierno está más fuerte que nunca desde la aprobación de los Presupuestos”, alardeó, frente a una oposición que refunfuñaba, el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens.

Macarena Olona puso ese tono entre compungido y solemne que se pone cuando alguien va a divulgar un asunto de la mayor gravedad. “El socialcomunismo da un golpe de Estado institucional desde la misma Moncloa”, anunció la diputada de Vox. El resto de los parlamentarios ni se inmutó: continuaron sin levantar la vista del móvil, o revisando papeles, o charlando a media voz con los vecinos de escaño, o simplemente ensimismados en sus pensamientos con la mirada perdida en el techo de la Cámara. El debate sobre la reforma blanda del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), uno de los asuntos recurrentes que emponzoñan el clima político desde hace meses, fue como un día más en la oficina, una jornada cualquiera en el Congreso con sus conversaciones de siempre: vaticinios apocalípticos, certificados de defunción de la democracia española, ataques frontales a la Monarquía, descalificaciones durísimas al Tribunal Supremo... Nada que pueda asustar a los habituales de los debates en la sede de la soberanía nacional.

El Gobierno no se ha preocupado mucho por disimular que sus propuestas de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial son una forma de presión para que el PP se pliegue a negociar la renovación de un organismo del Estado que lleva dos años con el mandato vencido. La sesión de este martes volvió a corroborarlo: a la misma hora de la siesta en que el Congreso debatía la propuesta conjunta del PSOE y Unidas Podemos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamaba al líder de la oposición, Pablo Casado, para abordar el asunto. Sánchez y Casado avanzaron muy poco. No así el Congreso, que dio luz verde para tramitar una reforma que, de no mediar otro tipo de pacto con el PP, debería estar lista allá por marzo.

La reforma sometida a debate excluía la parte más polémica de las propuestas del Gobierno, la que permitiría nombrar el CGPJ simplemente con mayoría absoluta, sin el acuerdo con la oposición imprescindible hasta ahora. La mucho más modesta iniciativa sometida a votación propone solamente impedir que el Consejo siga nombrando jueces cuando su mandato haya excedido el plazo legal. Eso facilitó que casi todas las piezas de Frankenstein se uniesen para dar vía libre a la iniciativa gubernamental: desde ERC al PNV, desde EH Bildu a Más País, Compromís o el Partido Regionalista de Cantabria (PRC). En total, 188 votos a favor, el mismo marcador que en los Presupuestos. Entre ellos los había recelosos con los movimientos del Ejecutivo en los últimos meses. Lo ilustró Íñigo Errejón, contrario a rebajar la mayoría necesaria para nombrar el CGPJ, pero que se felicitó por la “rectificación” del Gobierno y dio su respaldo a una reforma “perfectamente razonable”.

La propuesta se había presentado como una iniciativa del PSOE y de Unidas Podemos, y no del propio Gobierno, porque así se pueden aligerar trámites y no es necesario pedir informes a otros organismos del Estado. Una prueba más, para la oposición, de las malévolas intenciones del Ejecutivo. Los promotores alegaron que existe un vacío legal sobre las competencias que puede ejercer un órgano del Estado que “vive desde hace dos años en una anomalía institucional” y continúa haciendo “nombramientos fraudulentos” de magistrados, denunció el socialista Francisco Aranda.

Ni rojos ni azules

Desde que salió corriendo de la foto de Colón, Ciudadanos intenta volver a ese discurso de “ni rojos ni azules” tomando partido según el asunto y las circunstancias. El jueves, en la ley de la eutanasia, se alineará con los rojos. En lo del Poder Judicial, como en la ley Celaá, está a tope con los azules. El diputado Edmundo Bal sostuvo que el PSOE persigue lo mismo que critica al PP: colocar a “uno de los nuestros” en puestos como los del Tribunal Supremo, “donde se juzga a los políticos”. Bal también coincidió con el resto de la oposición en no criticar tanto el contenido de la propuesta concreta como la idea del Gobierno, aparcada por ahora, de rebajar la mayoría cualificada que se exige para el nombramiento del CGPJ.

El estruendo retórico de PP y Vox estuvo a la altura de lo esperado. El popular Luis Santamaría cumplió con el ritual de los gritos de rigor contra el Frankenstein de “radicales, filoterroristas y separatistas”, antes de atacar con una metáfora de cosecha propia: “Son ustedes a la democracia como la carcoma a la madera: están dentro de las instituciones para destruirlas”. Olona anticipó lo que se viene encima con un repaso a la actuación de la justicia en Cuba y Venezuela, esos lugares donde “los jueces son verdugos y los juicios linchamientos”.

Las partes más combativas de Frankenstein tampoco se reprimieron. Y relacionaron la situación en el CGPJ con las cartas de militares contra el Gobierno, todo ello aderezado de puyas a la Monarquía. Asens acusó al PP de “atrincherarse en el Poder Judicial cuando pierde las elecciones” y denunció los intentos de crear un clima de acoso al Ejecutivo a través de “las cloacas militares de la derecha y también de las judiciales”. Jon Iñarritu, de EH Bildu, habló de “ruido de togas franquistas”, y Carolina Telechea, de ERC, arreó al presidente del Consejo, Carlos Lesmes —como ya había hecho Asens—, al que acusó de “mover hilos a favor del PP” en los casos de corrupción.

En medio del bombardeo, desde el fondo de la Cámara se agitó una solitaria bandera blanca. José María Mazón, único diputado del PRC, expuso una fórmula nueva que daría un mes de plazo para renovar el CGPJ y, en caso de bloqueo, solucionaría los nombramientos mediante un sorteo. Aunque nadie le respondió, Mazón no se rinde. Solo le queda convencer a los 349 restantes.