Nëkäjpx. Tren maya. ¿Consulta informada?

Uno de los argumentos más comúnmente esgrimidos cuando se discute sobre el proyecto bautizado como Tren Maya por el Gobierno Federal se centra en el hecho de mostrar la opinión de habitantes del área por dónde pasará el tren. Dado que una gran parte de estas opiniones son entusiastas sobre los beneficios que conlleva el proyecto, se concluye entonces que hay una amplia aprobación. Cuando se trata en específico de los pueblos indígenas cuyos territorios serán impactados por el tren y todo lo asociado a su funcionamiento, se suele mostrar también los resultados de las consultas a pueblos indígenas que aprueban el proyecto. El hecho de que existan opiniones a favor del Tren Maya se utiliza entonces para desacreditar a quienes están en contra dentro o fuera de la península. ¿Cómo podríamos cuestionar la construcción de un proyecto si los propios habitantes están de acuerdo? ¿Quiénes tenemos serias dudas sobre los supuestos beneficios que traerá el Tren Maya estamos violentando la voluntad y las opiniones de quienes en el territorio opinan a favor? Estas preguntas plantean de nuevo un tema fundamental sobre las maneras en las que se expresa la voluntad popular, sobre el derecho de las personas que opinan de manera distintas y sobre el derecho a la información.

En primer lugar, aún cuando desde la narrativa oficial se ha visibilizado la voz de quienes concuerdan con los deseos oficialistas, es innegable que un gran número de mayas que viven en el territorio han cuestionado ampliamente el proyecto y los problemas que conlleva su consulta. Uno de los muchos cuestionamientos locales se pueden ver en este video en el que el historiador maya Ezer May May plantea los problemas asociados a la ejecución del Tren Maya. En los términos de la democracia, un principio fundamental es tomar en consideración todas las opiniones posibles y eso es precisamente lo que no está sucediendo en este proceso.

Veamos en particular el caso de la consulta a los pueblos indígenas de la región. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es un instrumento legal internacional que ha suscrito el Estado Mexicano, es un convenio vinculante, quiere decir que el gobierno tiene la obligación de hacerlo cumplir y no depende sólo de su voluntad. Uno de los puntos fundamentales de este Convenio es que se debe consultar a las poblaciones indígenas cuando se pretendan ejecutar proyectos que afecten sus territorios. Además, la consulta que se les haga tiene que ser previamente a que se ejecute el proyecto, tiene que ser libre sin ningún tipo de coacción y además debe ser una consulta informada. Las voces oficialistas han dicho una y otra vez que esta consulta se realizó a cabo, sin embargo, activistas locales denunciaron las múltiples irregularidades de la consulta, incluso la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) alertó que la consulta a los pueblos indígenas no había cumplido los estándares internacionales adecuados. Si la consulta a los pueblos indígenas debe ser previa, libre e informada se pueden expresar serias dudas sobre lo que en este caso sucedió al respecto.

Un punto fundamental de las consultas es el tipo de información al que se expone a la población a consultar. En mi propia experiencia en procesos de toma de decisión comunitaria, las asambleas pueden tomar las desiciones después de haber sido expuestas a toda la información disponible, en estos procesos es fundamental el uso de la palabra por parte de personas que esgrimen una diversidad de posturas y analizan los diversos escenarios en caso de decidirse por una cosa o por otra; esta es la razón por la cual muchas de las asambleas toman un tiempo considerable antes de votar o de llegar a un consenso.

En muchas comunidades indígenas de tradición asamblearia, las asambleas pueden durar días, semanas o incluso más tiempo cuando una comunidad se declara en asamblea permanente para poder discutir y escuchar todas las opiniones posibles. Cuando este equilibrio se rompe y ciertos poderes desean imponer su voluntad, lo primero que se impide es escuchar la diversidad de voces y se privilegia una sola, el micrófono se niega entonces a las voces disidentes. Un proceso asambleario sano permite en cambio dar voz a todas las posturas, a todas las opiniones y es frecuente que, aunque la percepción inicial se incline a favor de una decisión, al escuchar los argumentos en contra, la asamblea se decante al final por rechazar lo que en principio parecería estar prácticamente aceptado.

Tomando esto en consideración y respondiendo honestamente la pregunta, ¿podríamos decir que la consulta a los pueblos indígenas sobre el Tren Maya fue una consulta informada? ¿quienes hicieron la consulta invitaron siempre y dieron la palabra a las personas que están en contra del proyecto durante las jornadas informativas? ¿hay un equilibrio en los medios oficiales de comunicación entre posturas a favor y en contra del Tren Maya? ¿Cómo podemos tomar desiciones sobre temas que afectan tanto nuestro presente y futuro si no podemos escuchar en el mismo grado de volumen y tiempo todo tipo de evidencias y opiniones? Si desde los micrófonos oficiales se narra como a un enemigo a quienes opinan diferente y no se les da la voz para que puedan en igualdad de condiciones verter su información, ninguna consulta derivada de esos ejercicios informativos puede ser democrática.

Los observadores de la ONU-DH relataron que la “convocatoria, el protocolo y la información presentada sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar”. Esta denuncia la ha hecho no solo la ONU-DH sino la han hecho muchísimas personas que viven en los territorios que el Tren Maya va a afectar y que han sido ignoradas por quienes llevan el proyecto. Es un asunto básico que, antes siquiera de tomar un medicamento, las personas necesitan ser informadas de los efectos secundarios que dicho medicamento puede tener. Parece sentido común que antes de tomar decisiones, es necesaria la información completa a favor y en contra.

Si la información previa a una consulta sobre el Tren Maya se enfoca masivamente sólo en los beneficios, se está coaccionando un tipo de decisión y por lo tanto, además de no informada, la consulta termina por no ser libre tampoco. Sobre el material necesario en la lengua de la población maya, la situación fue alarmante, fue y es tan escaso que indigna. Por otro lado, las deliberaciones y los procesos de toma de decisiones de muchos pueblos indígenas están muy lejos de la manera en la que el gobierno ha ejecutado estas consultas y no solo en el caso del Tren Maya, no basta un día para hacer una consulta adecuada a los principios a los que el Estado Mexicano está obligado.

Esto sucede en general en la formación de la opinión pública en muchos y distintos aspectos, es por eso que el derecho a la libre expresión y el derecho a la información son tan fundamentales para la democracia; estos derechos, entre otras cosas, impiden que la manipulación desde el poder moldee a su agrado la formación de la opinión pública. Es por eso que antes de hablar de la “voluntad popular” es indispensable que se garantice la escucha de las voces que han sido históricamente silenciadas y oprimidas. Si desde las narrativas hegemónicas ha sido el culto al progreso y a la infraestructura lo más importante, es tiempo de escuchar voces que nos plantean que hay otras maneras de gestionar el buen vivir.

Se esperaría que un Gobierno que pretende transformar la vida pública de este país garantizara que la relación del Estado con los pueblos indígenas se transformara también pero, al menos en el caso de las consultas, la simulación y la coacción por violación del derecho a la información, continúan. Antes de pontificar sobre la opinión del pueblo, habría que preguntarnos sobre quienes controlan las narrativas a las que ese pueblo se ha expuesto, de dónde vienen esas narrativas y a quienes benefician.