El PP en Madrid: corrupción sin coste político

El juez instructor, Manuel García Castellón, llevará al banquillo a decenas de políticos y empresarios acusados de grave corrupción. Entre los procesados están los principales dirigentes de la cúpula del Partido Popular de Madrid durante aquellos años —su secretario general, Francisco Granados, y su gerente, Beltrán Gutiérrez—, los principales gobernantes de la Comunidad de Madrid —un expresidente, Ignacio González; varios consejeros; la jefa de prensa— y hasta siete alcaldes y otros altos cargos.

El caso Púnica pone así el colofón a una historia negra del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde que Esperanza Aguirre ganara las elecciones de octubre de 2003. Aquellos comicios extraordinarios fueron provocados por el tamayazo, la traición de dos diputados socialistas que evitó un Gobierno de izquierdas en mayo de 2003.

La Audiencia Nacional ha destapado en los últimos 15 años varios casos de corrupción masiva que implican al PP de Madrid —Gürtel, Lezo, Púnica— y que han llevado a la cárcel o mantienen imputados y procesados a prácticamente todo el equipo de colaboradores que Esperanza Aguirre eligió para gobernar el partido y la Comunidad. Ningún juez ha procesado hasta ahora a la expresidenta madrileña.

La Fiscalía Anticorrupción dio por concluida la semana pasada la investigación de la caja b con la que se financió durante años el PP de Madrid y con la que esta formación política acudió dopada a las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, según las numerosas pruebas incorporadas al sumario. Pero no ha encontrado indicios de que Aguirre ordenara o conociera esas conductas delictivas, aunque fuera la principal beneficiaria política de las mismas.

Según la Fiscalía Anticorrupción, el PP de Madrid utilizó fondos de origen ilícito que ocultó al Tribunal de Cuentas para las campañas de Aguirre —en las que obtuvo mayorías absolutas claras—. Pero la expresidenta madrileña nunca supo nada y a ella tampoco se le puede atribuir “ignorancia deliberada”, un supuesto que castiga a “quienes no quieren saber aquello que pueden y deben conocer y se benefician de la situación”.

El juez instructor debe resolver ahora si procesa a Esperanza Aguirre o archiva la causa contra ella, como pide la Fiscalía Anticorrupción en un escrito de 800 páginas que se negaron a firmar dos de los tres fiscales que han investigado el caso. Las conclusiones del fiscal anticorrupción que firma el escrito son claras respecto a la existencia de múltiples delitos para financiar ilegalmente las campañas electorales de los populares o para financiar con fondos públicos campañas de propaganda de los dirigentes del Gobierno autonómico, entre ellos la propia Esperanza Aguirre. Pero ningún colaborador de la expresidenta ha declarado al juez que ella conociera u ordenara esas prácticas ilegales.

El final de la investigación de todas estas causas de corrupción revela los graves daños sufridos por el interés general en la Comunidad de Madrid a cuenta del desvío de fondos públicos para intereses privados: una década de corrupción y pillaje institucional que parece no haber deteriorado demasiado al partido responsable. Casi 20 años después de que se iniciara ese periodo de saqueo de los fondos públicos, el PP tiene una mayoría cómoda para seguir gobernando la Comunidad de Madrid. La corrupción, a juzgar por la situación institucional del partido investigado, le ha salido casi gratis.