Domeñar la inflación

El Gobierno no es responsable del alza de los precios de la energía y otras materias primas. Esta inflación nos viene impuesta desde fuera y nace de nuestra dependencia en energías fósiles. Pero esto no significa que no puedan adoptarse medidas para reducirla fomentando el ahorro energético a corto plazo. Abaratar el abono transporte para incentivar el transporte colectivo apunta en esa dirección, pero pueden hacerse muchas más cosas en la movilidad como apuntó la Agencia Internacional de la Energía: aumentar su frecuencia, reducir la velocidad en las autovías, mejorar la ocupación del transporte privado, fomentar el teletrabajo, domingos sin coches, desincentivar el aparcamiento gratuito de empresas, construir carriles bus y para bicis o suprimir trayectos cortos en avión para los que existe alternativa de transporte público. También a corto plazo se puede incentivar la sustitución de calderas de gas por bombas de calor. Y a medio y largo plazo en la movilidad se pueden desarrollar el ferrocarril de mercancías y pasajeros, reforzar su red convencional, mejorar la intermodalidad con el autobús y limitar la alta velocidad. Es por tanto deseable que la futura asignación de los créditos blandos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia sirva para financiar una estrategia de ahorro energético aún más ambiciosa y con objetivos cuantificados.

El Gobierno sí tiene, en cambio, responsabilidades directas en el alza de los precios de la inflación subyacente o estructural, que no incluye la energía ni los alimentos no elaborados, pues ésta tiene una raíz también interna. Esta inflación supera ya el 5% y revela un efecto de segunda ronda provocado por el mantenimiento e incluso aumento de los márgenes de beneficio por unidad producida, mientras que los salarios de convenio crecen al 1,44% de media entre los ya negociados y no negociados. Frente a esta inflación de beneficios existen instrumentos de política económica para que las empresas recorten márgenes y pongan así su parte en la lucha contra la inflación —o, al menos, no los aumenten aprovechando el río revuelto—, como incrementar la fiscalidad corporativa o, mejor aún, establecer precios máximos para bienes y servicios básicos.

Los márgenes de beneficio pueden y deben reducirse dado que históricamente han sido más altos en España que en Europa debido fundamentalmente al desequilibrio, en favor de los empresarios, del poder de negociación en las condiciones de trabajo. Pero también porque con una inflación de dos dígitos la demanda puede recortarse o estancarse, lo que conduciría a una situación aún peor de estanflación. Las prioridades de la política pública son dos: evitar la espiral de precios, pero también el hundimiento del poder de compra de los hogares, lo que recomienda la rebaja de los beneficios empresariales y limitar la pérdida de poder de compra de los salarios.

La contención y recorte de márgenes es, además, viable gracias a la buena situación financiera general de las empresas españolas. Los márgenes excesivos han situado el endeudamiento empresarial por debajo del europeo desde 2006 y desde entonces y hasta 2021 a las empresas les sobran todos los años miles de millones, habiendo aparcado en ese período 211.000 millones en la economía financiera. Además, durante la pandemia 39.000 millones de sus costes laborales fueron sufragados por el contribuyente y las familias trabajadoras. El aumento de las reservas no solo se explica por las grandes empresas que registran beneficios históricos, sino también por las pymes que lideran actualmente la creación de empleo y la importante mejora en la recaudación del IRPF e IVA.

En conclusión, el Gobierno no solo debe evitar el alza de los márgenes de beneficio, sino comprometerlos en el reparto del incremento exterior de los costes, dada su dimensión excesiva y la boyante situación financiera de las empresas. En este sentido, Japón, por ejemplo, es una excepción en el panorama inflacionista mundial porque las empresas japonesas están absorbiendo el alza de los precios de las importaciones recortando sus beneficios. España tiene márgenes para hacer lo mismo y que el coste de la inflación se reparta entre empresarios, trabajadores, contribuyentes y rentistas. Preocupa que el Gobierno esté arrastrando los pies a la hora de enfrentar este importante problema cuando, precisamente, acumula un importante historial de éxitos por actuar con decisión: los ERTE, subsidio especial para autónomos, SMI o excepción ibérica en el precio del gas. En momentos de alta incertidumbre, el mercado no es un mecanismo eficaz para la asignación eficiente y menos aún justa. Se imponen los comportamientos codiciosos o de sálvese quien pueda. El Gobierno tiene que volver a agarrar con decisión los mandos de la economía. Si los deja en manos del mercado habrá un ajuste innecesario y desequilibrado.