TRIBUNA
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Una nueva revolución en Francia

El Elíseo va a dejar de ser el epicentro del poder tras las elecciones legislativas del domingo. La política parlamentaria puede significar más democracia, pero los riesgos de bloqueo aumentan

ENRIQUE FLORES

Este fin de semana, la política francesa ha cambiado el rostro. Las elecciones legislativas han dividido el país en tres bloques distintos: el presidencial, que no ha logrado la mayoría absoluta; la coalición de izquierdas, que ha crecido, y la extrema derecha, que ha obtenido un resultado histórico, con 10 veces más diputados que en 2017, al pasar de 8 a 89.

Francia ha pasado de tener un régimen presidencial a un régimen parlamentario. Es una crisis institucional. Emmanuel Macron y su Gobierno ya no van a poder hacer nada sin alianzas; van a necesitar forjar pactos con 44 diputados para poder gobernar. Se trata de una situación completamente inédita: Macron, quien hasta ahora había administrado el poder de forma vertical, va a tener que contemporizar y negociar con otras fuerzas políticas, o Francia será ingobernable.

En 2017, Macron quiso encarnar al hombre providencial, el hombre nuevo. Prometió que, durante sus cinco años de mandato, desaparecerían los extremos. Aspiraba a abolir la división entre derecha e izquierda en el Parlamento. El recién elegido presidente quería construir un centro lo más amplio posible, reunir a la gente en un proyecto “de derechas y de izquierdas” para acabar con los extremos. Avanzó con un pie en la derecha liberal y otro en la izquierda social, como un equilibrista. Se presentó como el hombre de la nación emergente, como un exministro de Economía dotado de conciencia social porque procedía de un Gobierno de izquierdas. La imagen era perfecta.

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Enseguida reclutó a miembros de la derecha y la izquierda republicanas. De esa forma, la mayoría presidencial desestabilizó a los partidos tradicionales y se apoderó de sus ideas. Los partidos empezaron a dividirse y a debilitarse. Con su voluntad de construir un gran centro moderado, Emmanuel Macron ha designado quiénes son sus enemigos: la izquierda radical y la extrema derecha. Por un lado, ha trivializado a la extrema derecha y la ha convertido en una fuerza de oposición creíble. Por otro, movilizó contra ella a los votantes de izquierdas durante la campaña de las elecciones presidenciales, pero luego los demonizó también en las legislativas, cuando pareció que la alianza de izquierdas (NUPES) podía ganar. La semana pasada, todos sus ministros —incluida la primera ministra, Élisabeth Borne— calificaron a la izquierda radical de “extrema izquierda”. Cuando se considera que todas las fuerzas de la oposición son “extremistas”, deja de haber jerarquía, todos son iguales. Con tanto demonizar, lo que se hace es desdemonizar y trivializar. Exactamente lo que quería la extrema derecha de Marine Le Pen, a la que también favoreció la candidatura de Éric Zemmour, un aspirante aún más extremista que ella y sobre el que volcaron toda la atención los medios de comunicación. Las elecciones legislativas han confirmado el triunfo de Le Pen: con 89 diputados (10 veces más que en 2017, la verdadera sorpresa de estas elecciones), el Parlamento puede servirle de trampolín para las próximas presidenciales, en 2027.

A estos errores políticos hay que añadir la repercusión de la crisis sanitaria en la moral de los franceses. Durante la pandemia, cientos de jóvenes tuvieron que hacer cola frente a los bancos de alimentos, sin que a nadie le pareciera preocupante. En los hospitales trabajaban auxiliares de enfermería mal remunerados. Muchos enfermeros prefirieron la opción liberal y han ido abandonando la sanidad pública, que paga demasiado poco. Todo esto ha debilitado al Gobierno.

Macron se ha acostumbrado a gobernar solo. Durante la crisis sanitaria tomaba las decisiones convocando Consejos de Defensa semanales, una especie de procedimiento de urgencia. Se ha acostumbrado a no contar con la opinión de los parlamentarios. Sin embargo, antes de su elección había prometido implantar cierto grado de representación proporcional y rendir cuentas ante el Parlamento todos los años. Ninguna de esas promesas resistió ante el ejercicio del poder.

Tras las manifestaciones de los chalecos amarillos en 2018, Macron organizó un gran debate para devolver la palabra al pueblo. Muchos franceses acudieron a los ayuntamientos para rellenar los libros de quejas, para decir que querían tener más representación y que se les consultara más. Hoy, los 10.000 libros de quejas reposan en las bóvedas de los archivos oficiales de los departamentos.

El resultado es que las urnas han servido para que los franceses expresaran su indignación: Francia está harta de que le digan lo que tiene que hacer o a quién tiene que votar. El frente republicano, al que seguían de buen grado de elección en elección, ha dejado de existir. Ya no hay nadie que sirva de barrera contra los extremos.

En la actualidad, la coalición presidencial tiene solo 245 diputados, frente a los 350 que consiguió en 2017. Estamos lejos de la mayoría absoluta —que ahora requiere 289 diputados— , así que Francia entra en terreno desconocido. En la historia de la V República —desde el general De Gaulle— ha habido periodos de crisis y de cohabitación, pero nada comparable a la situación actual.

Francia está en pleno cambio de régimen. Estamos ante el fin del presidencialismo. La V República siempre ha sido una especie de monarquía presidencial, pero ahora estamos asistiendo al final de los plenos poderes del presidente. La Asamblea Nacional va a tener una importancia primordial. Todas las miradas estarán puestas en el Parlamento. Los 577 nuevos diputados deberán mostrarse constructivos, porque tendrán que recordar que más de uno de cada dos franceses no ha ido a votar por ellos.

El propio Emmanuel Macron se ha caído del trono este fin de semana. Por miedo a que le hicieran sombra, había elegido a Élisabeth Borne para que fuera una primera ministra discreta y poco carismática, y ahora está atrapado. Borne procede de las filas de la izquierda, cuando las posibles alianzas que pueda forjar en el Parlamento van a estar ahora en la derecha. El martes por la mañana, presentó su dimisión, pero el presidente se la ha rechazado, por ahora. Probablemente, tendrá que nombrar a un nuevo primer ministro en los próximos días, un hombre o una mujer capaz de encabezar la mayoría y navegar en aguas turbulentas.

¿Impulso democrático o crisis de la democracia? El Elíseo va a dejar de ser el epicentro del poder. Y eso tiene dos caras: la política parlamentaria puede significar más democracia; los franceses, sin duda, se sentirán mejor representados. Pero los riesgos de bloqueo aumentan. Frente a la crisis, Macron puede tener la tentación de disolver la Asamblea Nacional de aquí a uno o dos años.

Ya podemos ver cuáles van a ser los obstáculos. La alianza circunstancial formada en la izquierda para las elecciones legislativas ya se está deshaciendo. Los insumisos —la izquierda radical— prometen debates “violentos”. Los nuevos diputados de extrema derecha —los diputados de Reagrupamiento Nacional— tienen grupo propio en la Asamblea y, por tanto, tendrán que adaptarse a los engranajes de la maquinaria republicana e institucional. Y van a estar vigilados muy de cerca. En cuanto al bando presidencial, el objetivo tendrá que ser simplemente poder trabajar en un terreno hostil. Francia necesita reformas: las pensiones; la transición ecológica. Hay muchos proyectos importantes que no se pueden dejar en suspenso.

La Asamblea Nacional ha sido durante años una especie de antesala del poder. A partir de ahora, ocupará el centro de la actividad política. En el mejor de los casos, los ciudadanos asistirán a verdaderos debates políticos y se sentirán más interesados. En el peor, será el circo de siempre, un espectáculo patético que no beneficiará a ningún partido y que inflará aún más las cifras de abstención.

Pase lo que pase, el periodo político que comienza se anuncia apasionante y lleno de imprevistos.

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