La nueva ley del aborto

El anteproyecto de la nueva ley del aborto y salud menstrual aprobado el martes por el Consejo de Ministros reafirma un objetivo social de amplio alcance: remover los obstáculos que persisten para la práctica del derecho al aborto en el sistema público de salud y mejorar las condiciones de vida de las mujeres. El proyecto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, no logra todos los objetivos fijados en el borrador publicado hace unos días, pero sí logra devolver derechos cercenados por el PP en la reforma que hizo de la ley de 2010 aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La devolución a las mujeres de 16 y 17 años de la libertad de decidir la interrupción del embarazo sin que sea obligatoria la autorización de los padres tras la primera solicitud atiende a una realidad oculta y casi siempre dolorosa. La eliminación de los tres días de reflexión de la reforma del PP también devuelve la responsabilidad a las mujeres y ambas medidas aspiran a aliviar la presión familiar, la coerción social e incluso religiosa para que puedan ser ellas mismas quienes decidan mantener el embarazo o no. El tufo paternalista que desprende la exigencia de pensárselo tres días, tras una decisión que es siempre angustiosa y meditada, retrotrae a otras épocas. Por lo demás, la ley mantiene los plazos y los supuestos en los que se puede abortar en España (aborto libre, hasta la semana 14, y por causas médicas, hasta la 21), una cuestión sobre la que el consenso social es tan alto que el PP renunció a modificarla incluso teniendo mayoría absoluta. La recurrió al Tribunal Constitucional y se espera para este mes de junio el fallo del tribunal 12 años después de su entrada en vigor.

La experiencia y las denuncias de muchas mujeres han demostrado en este tiempo que persisten los obstáculos para el derecho al aborto en demasiados sitios de España. Hasta ahora, el 85% de las intervenciones, unas 74.000 al año, se derivan a la sanidad privada ante la falta de profesionales en la pública dispuestos a practicarlas. Por eso, la ley se propone mejorar los equipos médicos de las comunidades autónomas para que las mujeres no se vean obligadas a largos desplazamientos por falta de personal en sus propias zonas de residencia. En segundo lugar, y más importante, promueve la creación de un registro que impedirá que un médico que figure en él como objetor de conciencia en la pública pueda practicar abortos en la privada.

La medida más avanzada e innovadora de la ley en el contexto europeo afecta a la salud menstrual. La ley saca del silencio una realidad que viven cada mes en torno al 15% de las mujeres españolas en edad fértil. Las bajas laborales serán un derecho para aquellas que padecen reglas dolorosas e incapacitantes, sin límite de días pero con control médico. El coste de esas bajas corresponderá a la Seguridad Social, de modo que la ley elude el riesgo de que una medida que busca mejorar el bienestar de las mujeres acabe convirtiéndose en un instrumento de discriminación laboral al recaer su coste en el empresario. La partida económica aproximada que prevé el Ministerio para la nueva ley es de unos 104 millones de euros, incluyendo medidas menos impactantes pero fundamentales, como asegurar la educación sexual en las distintas etapas educativas o el acceso gratuito a productos de higiene íntima para mujeres en riesgo de exclusión o recluidas en la cárcel. La ministra Montero no ha logrado, en cambio, la prevista eliminación o reducción del IVA para esos productos, aunque ha señalado su propósito de incorporarla a la ley de Presupuestos Generales.

En el contexto de una sociedad que ha vuelto a escuchar discursos inquietantemente involucionistas y directamente machistas, la ley corrige inercias sociales discriminatorias, aborda tabús impropios de este tiempo y pretende eliminar las barreras que todavía persistían para el libre ejercicio del derecho al aborto.