Yo sufro, alguien tiene que ser cesado

Finalmente, el Gobierno destituyó a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dejándonos la incómoda pregunta de si con esto se resuelve la responsabilidad política producida por el escándalo del programa Pegasus. Recordemos de qué estamos hablando: no solo del espionaje a los líderes independentistas, sino del acto de agresión a la seguridad nacional que supone que el teléfono del presidente y de la ministra de Defensa fueran atacados con ese programa, y, por supuesto, de que todo esto haya salido a la luz. Como bien sabemos, la peculiaridad de los servicios secretos no es la de su transparencia. Es precisamente su opacidad lo que justifica su razón de ser.

Cuando nos enfrentamos a cuestiones que tienen que ver con la reconciliación entre la democracia y la opacidad que es propia de este tipo de servicios, surgen siempre una gran cantidad de dificultades. “¿Quiere decir esto que al Estado también se le defiende desde el sótano?”, preguntó afiladamente en una ocasión Juan José Millás a Felipe González en este periódico. El sótano, decía el presidente, es tener un volumen de fondos reservados con una ley que permite hacer uso de los mismos, al tiempo que se violan todas las normas fiscales porque no se puede hacer un control presupuestario de los mismos. “Es legal y al mismo tiempo es ilegal”, sentenciaba. Y añadía: “Es una contradicción irresoluble. No hay ningún solo sistema que la haya resuelto porque no se puede resolver”.

En el caso que nos ocupa, el llamado CatalanGate, lo importante es saber si se contó o no con un mecanismo democrático como lo es la autorización judicial para espiar, aunque esto no significa que haya un control judicial completo de lo que ocurre. Para la utilización de esos medios se sopesan razones de orden político, las razones de un Estado democrático. Es así y no tiene arreglo. “Tiene arreglo acabar con los fondos reservados y obviamente quedarte sin ese margen de información”, decía Felipe González. No es otra cosa que la idea maquiaveliana de que el Estado protege un bien común, pero lo hace de una manera ajustada, esto es, escogiendo los medios que aun permitiéndonos conseguir ese fin concreto, no atentan contra aquellos principios que dan sentido a nuestra forma de vida democrática.

Según esto, hay tres formas que explican el funcionamiento de los servicios secretos. Primero, siguiendo directrices políticas: el Gobierno debe saber que se está espiando. Segundo, respetando ese ajuste entre medios y fines de acuerdo a razones políticas. Y tercero, espiando bien. Por eso, si las prácticas salen a la luz, entran todos los protocolos previstos por los sistemas democráticos que someten a responsabilidad política a las instituciones, incluso a los servicios secretos. La pregunta es si, con toda la información de la que disponemos, los ciudadanos podemos darnos por satisfechos con este cese. No somos ingenuos, aunque desde la atalaya de la victimización universal del impecable, un sector del independentismo nos trate como tales. Sabemos que la función principal del Estado de derecho es el control del poder, y que el Estado también debe tener la posibilidad de defenderse cuando se atenta contra él. Por eso, la sensación que provoca el Gobierno con el cese de la directora del CNI es que vuelve a poner a una institución del Estado en la picota haciéndonos creer que se limpia la mancha quitando a un peón. Parece que más que una rendición de cuentas propia de una democracia, lo buscado aquí es el desahogo de una Esquerra que habría saldado su ascetismo con la vieja máxima de Nietzsche: “Yo sufro, alguien tiene que ser culpable de esto”.