Los pobres son idiotas

“Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el Gobierno pagan ese precio” [alto, de la electricidad], profirió el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Sabiamente rectificó ante el revuelo. Erróneamente, lo hizo a medias: se disculpaba en caso de que “alguien se sintiera ofendido” por una frase “coloquial”.

Pues claro que agravió a los 10 millones de clientes de esa tarifa. Más aún a los beneficiarios cautivos del bono social eléctrico (1,2 millones de familias), obligados a contratar la tarifa regulada, por otra parte la más barata antes de la pandemia. La gente de menores ingresos. Los más pobres.

Galán es un jugador brillante, con éxitos cosechados: en las renovables, en el consorcio con Seat para el coche eléctrico... Así que el sesgo clasista de su aserto debió ser involuntario, deudor de su carácter torrencial. Pero sintoniza con el desdén de ciertos ultrarricos a los menos afortunados, pues creen que los pobres son idiotas: de lo contrario —opinan— serían ricos. Cierto que la etimología les desmiente. En lengua griega no es el obrero, sino el propietario, el “idiotikí”. Riqueza, sabiduría y genio no siempre se alinean. El gran Vermeer murió pobre como las ratas. Y el más influyente economista contemporáneo, lord Keynes, se arruinó varias veces.

El, digamos, lapsus de Galán, era parte de la campaña de las grandes eléctricas por propiciar su tarifa libre. Que sigue a su cruzada de lobby en Bruselas contra la “excepción ibérica” auspiciada por el Gobierno en favor de… los consumidores. Olvidarían que ostentan enorme responsabilidad social como gestoras —privadas— de un servicio público. La intensidad de su presión ha desbordado todo precedente ponderado.

Ya antes debelaron la mengua de sus “beneficios caídos del cielo”, y la CNMC inadmitió el 12 de abril su recurso por “carente de fundamento”. El día 4, Galán afeó a España como “el país con más riesgo regulatorio de Europa”. El 19, con grandes bancos, tacharon la excepción de “ventaja competitiva desleal”. Y el 21 denunciaron ante la Comisión que no era, yuju, “compatible con el marco legal europeo”. Sin éxito.

La anécdota de los tontos que no lo eran es parte de una categoría: el exceso de poder de compañías que prestan servicio al público y que, a diferencia de las petroleras, no palían su coste con sus beneficios excesivos. Pues habrá que regularlas más, imponerles protocolos, crear una autoridad de defensa del cliente, como en la banca. El dilema entre libertad salvaje y nacionalización debe encontrar una alternativa viable.