La democracia diabólica de Pegasus

Nuestra democracia muestra su cara más diabólica con el espionaje del caso Pegasus. La legislatura está paralizada por una cuestión grave pero que en la calle puede llegar a sonar a “líos de los partidos”, mientras las familias tienen toda su atención puesta en las cosas del comer, la inflación y el empobrecimiento. Ese bucle infernal se retroalimenta, dado que la política tampoco puede continuar por la dificultad de arrojar luz en el Parlamento sobre las escuchas. Se espolea así un sentimiento de abandono de los ciudadanos, que tan bien capitalizan la ultraderecha y el populismo.

De un lado, esa idea de “abandono” nace de que el Congreso se haya convertido en un plató televisivo de la vida pública, en esta sociedad hipermediática. La única gestión política que parece existir es la que vemos a través del foco de los medios, replicada por millones en las redes sociales. El cóctel resulta fatal, porque diluye otros asuntos de menor visibilidad, aunque sí se esté legislando sobre ellos. Y se agrava en el actual contexto de la guerra en Ucrania, en el que los ciudadanos que están perdiendo bienestar y estatus se preguntan: “¿Acaso alguien se preocupa de lo mío?”.

Esa virtualización democrática será falaz, pero da sus frutos. Obreros, agricultores, trabajadores de los astilleros, jóvenes, regiones despobladas… votan a la ultraderecha como forma de protesta bajo la idea de una pérdida de atención al ciudadano. Hay tiempo y recursos para muchas cosas, pero ese malestar queda legitimado si uno tiene la impresión de que ciertos asuntos paralizan la política e impiden cambiar su vida. Y ello se suma a la dificultad de los gobiernos europeos para revertir a fondo la actual estructura económica precarizante, lo que abunda en la creencia de una presunta inacción institucional.

Casos de ese sentimiento de abandono hay a escala micro. Esquerra Republicana votó en contra del decreto que incluía la rebaja del precio de los carburantes y medidas para paliar la subida de la luz bajo la premisa de la fiscalización de las escuchas. No es la primera vez que se mezclan churras con merinas, pero como ejemplo resulta sintomático. Los socios del Gobierno quieren dar una imagen de su preocupación por Pegasus y las derechas del PP y Vox, de estar a los asuntos de calle.

Con todo, una fiscalización correcta de los casos de espionaje a través de los instrumentos de que dispone la democracia resulta muy compleja dado que la responsabilidad queda muy repartida. Queda demostrado que nuestras instituciones hallan escollos para rendir cuentas, por opacidad y razones de seguridad, ante ciertos asuntos de Estado.

Primero, por la dudosa utilidad de una comisión de investigación parlamentaria, que sólo serviría para seguir alimentando los relatos particulares. Si se abre a la vez una vía judicial, muchos de los citados pueden abstenerse de decir nada en el Parlamento. Dichas comisiones, además, no pasan a menudo de las tesis preconcebidas que ya llevan los diputados. Incluso, las pruebas que se suelen aportar derivan de recortes de prensa o de interrogatorios tendenciosos, alejados del procedimiento judicial. Se suma a ello la imposibilidad de que algunos informes puedan siquiera ver la luz.

Segundo, el Gobierno tiene poco margen para satisfacer a ERC y salir indemne. No funciona esgrimir que el presidente y la ministra de Defensa también fueron espiados porque las razones podrían ser distintas a las del caso de los independentistas. Tampoco servirá comparecer si el asunto mantiene todavía demasiados datos sin desclasificar, pese a que el Ejecutivo hasta sufriría por ello la acusación de atacar al Estado. Ese vacío vuelve igualmente paradójico que se puedan asumir dimisiones a la ligera por alguna culpa fundamentada. Es decir, que no rueden cabezas sólo buscando contentar a sus socios.

Tercero, ERC ha puesto el listón muy alto en su relato del agravio. Esperar a conocer alguna verdad por vías sólidas de investigación en los tribunales será demasiado lento, más incluso si la directora del CNI, Paz Esteban, aporta mientras tanto pruebas del aval judicial a las escuchas. Los republicanos se han metido así en una ratonera de la que también participan. No pueden disparar a hundir al Gobierno porque la política de bloques se lo impide, a riesgo de dar oxígeno a una derecha que todavía les conviene menos, como el Ejecutivo bien sabe.

A la postre, todo se torna más diabólico si la supuesta solución para algunos es que dimita la directora del CNI como única vía para desencallar la legislatura. Es la diabólica democracia de Pegasus. ERC vendería como un éxito propio contra el Estado una dimisión que, en verdad, respondería a un fallo informático que no pudo evitar las escuchas al presidente y a la ministra Robles. Volvería tal vez la acción del Congreso o terminaría el sentimiento de abandono ciudadano. Lo que no acabaría es la política virtualizada, teatralizada.