Otra vez por la mínima

Es natural que el presidente Pedro Sánchez expresase el jueves, tras la convalidación del plan contra la crisis por 176 votos a 172, “una satisfacción” que podía haberse quedado en una frustrante suspensión de las medidas adoptadas desde el 1 de abril contra los efectos de la crisis causada por la guerra en Ucrania. Ha de ser necesariamente agridulce esa satisfacción porque volvió a ponerse de manifiesto la extrema volatilidad de sus apoyos en el Congreso, a menudo poniendo en riesgo medidas que van más allá de su sesgo ideológico y benefician a toda la población. Cualquier Gobierno, de cualquier color, tiene como primera obligación proteger a la población contra los efectos profundos en términos de poder adquisitivo y empobrecimiento que tanto la inflación como la invasión rusa de Ucrania están generando a escala global. Más allá de la discusión sobre las posibilidades de mejora del plan, la situación de emergencia es social e indiscriminada: la inmensa mayoría de los ciudadanos sufre las consecuencias de la crisis y los más vulnerables, de manera vital. Y a todos benefician las medidas aprobadas el jueves. Los continuos lamentos por la desafección de la política por parte de los ciudadanos se compadecen mal con la impresión de que algunos portavoces en el Congreso están desconectados de la vida cotidiana de sus votantes o han dejado de percibir lo que todos ellos sí saben: Europa vive una guerra en su interior cuya duración nadie puede prever, pero cuyas consecuencias en la economía diaria, a corto y medio plazo, maltrata sobre todo a quienes tienen un colchón de protección más frágil o directamente inexistente.

Ninguna de esas consideraciones impidió coincidir en el no a partidos tan enconadamente enemistados como el PP, Vox y ERC. Sus razones para el rechazo son distintas pero también manifiestamente frágiles. En el caso de ERC, puede que sea el anuncio de un cambio de ciclo o la ratificación de la imprevisibilidad de su voto, altamente peligrosa para la estabilidad de un Ejecutivo en este Congreso fragmentado. ERC ha cedido a la presión política de su socio de gobierno en la Generalitat de Cataluña y a la de su mismo entorno mediático, a cuenta del caso Pegasus, y ha acabado votando contra un plan económico por razones completamente ajenas a su contenido. Quizá su votante está a salvo de los efectos de la crisis económica, pero desde luego los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por el espionaje —que hay que investigar a fondo y sin reservas— al que fueron sometidos sus líderes no se iba a reparar con la suspensión de las bonificaciones al precio de los carburantes o el incremento del Ingreso Mínimo Vital. El voto de castigo contra el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos debe alertar a un Ejecutivo ensimismado sobre la necesidad de trabajar las relaciones con las minorías que le dan apoyo y no solo cuando hacen falta sus votos: su aislamiento o desconexión de los otros grupos puede acabar en una factura carísima si no busca en serio una alternativa. ERC volvió a demostrar el jueves que su voto es prescindible, pero muchos otros partidos —PNV, EH Bildu, PDeCat, Más País, BNG, Teruel Existe— hicieron un ejercicio de responsabilidad.

En cuanto al nuevo PP, volvió a ser el viejo PP con otro tono. La posibilidad de tramitar el decreto como proyecto de ley y negociar las medidas sin desvirtuar el sentido político que les imprime quien tiene la responsabilidad del gobierno —a lo que puede aspirar un partido en la oposición— no fue suficiente para Alberto Núñez Feijóo o no se aviene con la estrategia de desgastar a cualquier precio al Gobierno para volver a La Moncloa. Con pandemia y sin pandemia, con guerra y sin ella. Hoy como ayer.