Bucha, El Mozote y otras tantas masacres en el mundo: una oportunidad para cambiar la justicia internacional

Imaginemos por un momento que en Bucha el ejército ruso no solo hubiera asesinado a más de 300 personas, sino que a toda la población de Bucha la hubiera concentrado en algunos lugares y los hubiera asesinado a todos a sangre fría. Pues bien, eso pasó, como no pocos saben, el 11 de diciembre de 1981 en El Mozote, una aldea o caserío de El Salvador. Fueron más de 1000 masacrados .Todos los que allí vivían cuando llegó al lugar el Batallón Atlacat del ejército salvadoreño dirigido por el coronel Monterrosa. Y, entre los masacrados, bastantes más de 100 niños menores de 12 años, incluidos los niños de pecho.

Después de 40 y tantos años no se ha logrado ni siquiera llevar ante un tribunal a los causantes del delito, por acción u omisión. Ni lograr el acceso a los archivos militares que pueden dar información de gran importancia judicial para el caso. Durante muchos años protegió a los asesinos (ya fallecidos algunos) una ley de amnistía totalmente contraria al derecho internacional. Ahora sigue estancado el juicio a pesar de varios vaivenes en la legislación salvadoreña, que ahora no viene al caso relatar.

Pero es otra reflexión y propuesta la que aquí quiero hacer. A la luz de lo que está pasando con los crímenes de guerra en Ucrania y en otros muchos hechos ocurridos en diferentes escenarios bélicos del mundo, como el que he relatado de El Salvador, pregunto: ¿No ha llegado el momento de superar tanta hipocresía en la aplicación de la justicia ante los crímenes contra la humanidad o contra el derecho internacional de guerra?

En ese sentido solo quiero aportar tres preguntas / propuestas que haré a continuación entre otras muchas que se podrían hacer:

1) Muchos de los países con derecho a voto en la reciente asamblea del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que decidió el 7 de abril la expulsión de Rusia de dicho organismo (hecho que en sí mismo me parece bien), no han querido firmar y/o ratificar el acuerdo o tratado de Roma para que el Tribunal Penal Internacional que allí se creó pueda juzgar los crímenes de guerra cometidos por su propios ejércitos o ciudadanos.

Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, Cuba, Irak y otros más, de uno u otro signo político, están en la lista. ¿No es esta contradicción un hecho absolutamente impresentable desde todo punto de vista (legal, ético, moral, filosófico)? ¿No debería negarse el derecho al voto en cualquier asamblea de la ONU sobre delitos de guerra a aquellos países que no aceptan que sus ejércitos o sus ciudadanos sea juzgados por el tribunal penal internacional si el delito cometido afecta a materias para las que ese tribunal fue creado?

Es una vergüenza para la humanidad que ese tribunal internacional, que en sí mismo es un gran avance, se haya limitado de hecho a juzgar, en gran parte, a líderes africanos o de los países de la antigua Yugoslavia sin tocar para nada los delitos de no pocos de los países poderosos de la Tierra. Soy consciente que negar el derecho a voto a países tan poderosos es prácticamente un “imposible político”. Pero ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo los pueblos y Estados seguiremos aceptando como un inevitable realismo político la asimetría legal internacional entre algunos países poderosos (prácticamente todos o una amplia representación de los mismos) y el resto de la humanidad?

¡Como duele y cuanto mal ha hecho y hace ese realismo político o real politic que tantos delitos ha ocultado y producido en este mundo! Es un orden internacional absolutamente asimétrico que, además, nos obliga a pensar que es “inevitable” la asimetría. Ante este hecho, que no dudo en calificar de escandaloso, hago una primera propuesta en forma de pregunta: en asambleas de la ONU sobre derechos humanos que toman decisiones vinculantes sobre situaciones concretas de algún país. ¿no debería quitársele derecho al voto a esos países que no han ratificado el acuerdo del 1 de Julio del 2002 de puesta en marcha de la Corte o Tribunal Penal Internacional ?

2) Países cómo El Salvador, que, aunque hayan firmado el tratado de Roma, no permiten, de facto, que vayan adelante en sus propios tribunales nacionales juicios de crímenes de guerra y contra la humanidad tan tremendos como los ocurridos en ese caserío salvadoreño ¿deberían tener derecho a votar hipócritamente (a favor, o en contra o abstenerse…. como ha sido el caso) en asambleas como a las que me he referido? En mi opinión no deberían tampoco tener derecho al voto aunque tengan derecho a opinar.

3) Todo lo dicho llevaría a un doble debate aún más global y urgente: ¿No debería ya dejar de ser considerada utópica la ambiciosa pero necesaria propuesta del jurista italiano Luigi Ferrajoli de crear una primera Constitución Mundial? Y en consecuencia ¿no debería apoyarse por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas la también Asamblea, de frecuencia anual, que ha nacido para estudiar las vías de puesta en marcha de tal Constitución Mundial, que no elimina la soberanía de los países pero la encuadra en la mayor y más democrática soberanía de los ciudadanos, pueblo y naciones del mundo? ¿Tendremos que esperar a una tercera guerra mundial (aún más mundial y catastrófica que la actual “guerra mundial a pedazos “que ya se está dando, como afirma el Papa Francisco) para volver a constatar la evidencia de que no habrá paz sin nuevas estructuras realmente mundiales que la garanticen, como ya se intentó tras las dos guerras mundiales anteriores que dieron pie a la Liga de las Naciones y a la ONU respectivamente? Dios no lo quiera.

En todo caso, si antes o después de esta tercera guerra mundial total, y no solo a pedazos, no llega esa refundación en profundidad de las Naciones Unidas (o la creación de otro nuevo organismo mundial más eficaz y democrático que la ONU), al menos no permitamos la hipocresía institucionalizada en el sagrado terreno de los derechos humanos en situaciones de guerra. Pongamos para ellos las condiciones a los países que no aceptan (o bien de Jure como, por ejemplo, USA y Rusia o “de facto”, como El Salvador) para que la justicia internacional se aplique a su propias actuaciones violatorias.

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