Petróleo disparado, leche derramada

Los 10 días de paro en el sector del transporte por carretera han tensionado de forma ya significativa y visible la cadena de suministro. La protesta, lanzada por una asociación minoritaria de camioneros autónomos, ha crecido a través de las redes sociales hasta convertirse en un problema ineludible para el Gobierno en un momento de máxima tensión por los precios de la energía y el combustible, agravado por la guerra de Ucrania. La intensidad de la protesta del transporte ha precipitado la movilización de tres ministerios y de las fuerzas de seguridad, que han practicado decenas de detenciones en los piquetes y han tenido que escoltar centenares de camiones con productos básicos. Las pérdidas en la cadena alimentaria en la primera semana de paros se calculan ya en 600 millones de euros.

El Gobierno reaccionó a la presión con el compromiso de destinar 500 millones en ayudas directas a la subvención del combustible. La negociación se produjo el lunes con la patronal mayoritaria de empresarios del sector, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). Pero el pequeño grupo de autónomos llamado Plataforma Nacional de Defensa del Transporte, que está en el origen de los paros, mantiene la huelga indefinida. Sus reivindicaciones incluyen soluciones a problemas del sector que preceden a la crisis energética y que esta ha agravado hasta estrangular su negocio. El Gobierno no reconoce a la plataforma como interlocutor, y esta a su vez tampoco reconoce al CNTC como representante de sus intereses. Una de las patronales, Fenadismer, se ha desgajado también de la asociación mayoritaria. La fuerza de este colectivo ha sido minusvalorada. No se vislumbra cómo se puede rebajar la tensión en las carreteras si esta asociación no siente que tiene voz en la negociación. Es posible que haya entre los huelguistas una facción radical que quiere tomar a los consumidores como rehenes y exprimir la situación. Pero es evidente que la estrategia de estos días no ha logrado aislar a esa facción, sino todo lo contrario. Y es evidente que el problema de fondo —la dificultad para hacer rentable su trabajo que sufren muchos autónomos del transporte— existe.

Los problemas de suministro afectan sobre todo a los productos más perecederos y a múltiples sectores con pérdidas que empiezan a ser graves: ganaderos, productores de leche, agricultores con cosechas abandonadas por falta de transporte... Pocas cosas causan tanta ansiedad colectiva como ver las estanterías vacías de productos habituales, lo que a su vez incita a la compra preventiva (las compras en supermercados se han disparado un 23%), al acaparamiento de determinados productos que ya vimos al comienzo de la pandemia en una espiral que a nadie beneficia. Se puede acusar a los camioneros de estar jugando con esa ansiedad, pero eso no vuelve menos legítimas sus reivindicaciones. Igualmente, no se entiende qué aporta al debate la insistencia del Gobierno en señalar el apoyo de la ultraderecha a las manifestaciones. No solo resulta una caricatura grosera de los huelguistas, sino que da a entender que la ideología de cada cual deslegitima sus problemas económicos.

Toda España y toda Europa necesitan medidas estructurales y consensuadas para hacer frente a las consecuencias de una guerra que nos ha sido impuesta. En ese sentido, resulta prudente, como pide el Gobierno, esperar al Consejo Europeo del jueves y el viernes para poner sobre la mesa compromisos de calado, porque además de consenso en la Unión necesitarán de consenso político nacional. Es todo el sistema energético lo que está en cuestión. Pero no hace falta esperar al martes 29 para establecer claramente los objetivos y sus alternativas, de una forma concreta y creíble que genere confianza negociadora y rebaje la tensión.