Sáhara, ¿acierto o chapuza?

El viernes 18 de marzo, sin preaviso y sin anestesia, los españoles nos hemos enterado por un comunicado del Palacio Real de Marruecos de que España ha cambiado de la noche a la mañana la posición que ha mantenido sobre el Sáhara durante los últimos 47 años, que se dice pronto. Lo ha hecho para apoyar el plan marroquí de autonomía que, según el ministro Albares, es “serio, realista y creíble”. Ignoro la razón de estos adjetivos, porque “serio” es también el referéndum o el acuerdo entre las partes que pide la ONU, y la autonomía, para ser “creíble”, debería ser aceptada por el Frente Polisario, cosa que no ocurre. Le doy, sin embargo, la razón en lo de “realista”, porque un referéndum de autodeterminación implica dificultades técnicas difícilmente superables y además Marruecos nunca lo permitirá y, por otro lado, las partes llevan 47 años tirándose los trastos a la cabeza sin que se vislumbre un atisbo de acuerdo. La otra alternativa es la anexión pura y dura como ha hecho Israel en Jerusalén-Este o Rusia en Crimea. La marroquinidad del Sáhara es algo que nadie discute en Marruecos; es una causa nacional, y allí piensan que ofrecer un referéndum ya es mucho.

Vaya por delante que apoyar la autonomía que el rey Mohamed VI ofreció en 2007 me parece una opción política legítima y también realista si nuestros intereses así lo aconsejan, pero siendo conscientes de que nos apartamos de la legalidad internacional y de la propia postura sobre el Sáhara que hemos mantenido desde su abandono en 1975. Y eso hay que explicarlo muy bien, porque España tiene en el Sáhara responsabilidades que no tienen Francia o Estados Unidos.

El Gobierno debe tener buenas razones para obrar como lo ha hecho y ahí están los últimos quince meses de tensión con Marruecos, con episodios tan graves como el asalto a Ceuta en mayo pasado. No lo discuto. Pero ahora España se alinea de hecho con la postura de Donald Trump sin considerar que a Trump el Sahara y la legalidad internacional no le importaban porque lo que quería es que Marruecos reconociera diplomáticamente al Estado de Israel. Se dirá que ahora normalizaremos la relación con Marruecos y es cierto, pero también se complicará mucho la que tenemos con Argelia. Será difícil no salir malparados.

El Gobierno ha publicado un comunicado pudibundo que no menciona el Sáhara y en el que dice que la normalización de relaciones con Marruecos, algo siempre deseable, garantizará la “estabilidad, la soberanía y la integridad territorial de nuestros dos países”. Parece algo ingenuo, como ingenuo fue en su día creer que los marroquíes no se iban a enterar de la venida a España de Brahim Gali, e ingenuo también es pensar hoy que no habrá reacción de Argelia. Marruecos y Argelia están empeñados en una lucha por la supremacía en el Magreb de la que el Sáhara es consecuencia y no causa. Y meterse ahí en medio es peliagudo, porque nadie puede pensar que Argelia va a dejar pasar sin consecuencias un cambio que rompe nuestra neutralidad y nos coloca del lado de Marruecos. No hay que olvidar que Argelia es un importante suministrador de gas en un contexto muy complicado de guerra en Europa. Aquí tenemos dos versiones: la española, que dice sin mayores precisiones que Argel fue advertido, y la argelina, que lo niega. Toda la prensa argelina ha recogido un durísimo comentario atribuido a “una fuente diplomática” donde se dice que “en ningún momento y a ningún nivel, las autoridades argelinas fueron informadas de este vil acuerdo concluido con la potencia ocupante marroquí a costa del pueblo saharaui. Esta segunda traición histórica a la causa saharaui socava gravemente la reputación y la credibilidad de España como miembro de la comunidad internacional” y pone de relieve su “rotunda sumisión a Marruecos” al abandonar sus obligaciones como “potencia administradora” y como “miembro del grupo de amigos del Sáhara Occidental en las Naciones Unidas”. Es muy fuerte, pero deja claras dos cosas: si Argelia fue advertida, como dice Madrid, hay que concluir que la decisión española no le ha gustado nada; y, si no fue advertida, nos hallamos ante un grave error diplomático. El desagrado argelino ha quedado patente al llamar a consultas a su embajador en Madrid. También el Frente Polisario ha expresado su enfado afirmando que España “defiende el derecho internacional en Europa y lo niega en el Sáhara”. Al mismo tiempo, Rabat aplaude y anuncia el regreso a Madrid de su embajadora, y también lo hace el Movimiento Saharauis por la Paz, que busca vías alternativas para desatascar el conflicto.

La política exterior no debe ser asunto de partido, sino de Estado, y un cambio político de esta envergadura en un asunto particularmente delicado, porque es a la vez de política interna e internacional, exige el apoyo de todo el Gobierno y no solo de una parte, y a ser posible también de la oposición con objeto de evitar bandazos futuros. También exige explicar a la opinión pública las razones por las que se decide abandonar la legalidad internacional, que sigue manteniendo que el Sáhara es un territorio no autónomo sometido a un proceso de descolonización mediante un referéndum bajo control internacional o, al menos, un acuerdo entre las partes. Y del que España es formalmente aún potencia administradora. Aquí no ha habido nada de todo eso: ni respeto a la legalidad internacional ni consenso doméstico (tampoco ha gustado a los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez) ni explicación a la ciudadanía.

Ustedes perdonen, pero si comparo lo ocurrido con el programa electoral del PSOE me viene a la cabeza la frase de Groucho Marx: “Estos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros”. Insisto; estoy convencido de que el Gobierno debe tener razones para hacer lo que ha hecho, pero lo ocurrido es grave y nos las tiene que explicar muy bien.