La crisis del Sáhara dificulta el pacto de Estado sobre la guerra

La revisión unilateral y sin previo aviso de Pedro Sánchez de la posición que España ha mantenido durante casi medio siglo sobre el Sáhara Occidental ha enturbiado las ya de por sí delicadas conversaciones del Gobierno para recabar apoyos al pacto de Estado económico y social que persigue tras la invasión de Ucrania. El malestar con el giro inédito en política exterior abarca a todo el arco parlamentario, aunque el PSOE confía en que amaine y no dificulte el consenso con los aliados habituales del Ejecutivo e incluso con el PP cuando llegue el momento de respaldar en el Congreso el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra. En Unidas Podemos, en cambio, son pesimistas y creen que sí afectará.

Sánchez visitará este miércoles Ceuta y Melilla, según han señalado fuentes gubernamentales a Efe. El presidente estará acompañado de los presidentes de las ciudades autónomas, el ceutí Juan Jesús Vivas, y el de Melilla, Eduardo de Castro.

“Sánchez ha tomado un giro inesperado, sin consultarlo, sin medir las consecuencias y sin saber qué relevancia puede llegar a tener”, insistió el PP por boca de Esteban González Pons. “Le debe explicaciones a todo el mundo, a Argelia, a Marruecos, a los saharauis y sobre todo a los españoles”, abundó el presidente del comité organizador del congreso popular de abril. Su futuro líder, Alberto Núñez Feijóo, eludió, sin embargo, toda mención al Sáhara, lo que reforzó la percepción en el Gobierno de que la relación con Marruecos no restará apoyos, ni siquiera en la derecha, al paquete de medidas que el Consejo de Ministros aprobará el 29.

Hasta entonces, Sánchez resistirá las presiones de sus socios y de la calle y no sacará adelante ningún paquete de iniciativas para contener los precios. El Gobierno “podría actuar mañana mismo, pero no sería lo más efectivo”, alegan diferentes miembros del Ejecutivo, que insisten en que España tiene que dar la batalla en el Consejo Europeo del jueves y viernes para que se cambie el sistema de fijación de precios de la energía. El Gobierno contempla estímulos económicos con efectos retroactivos, pero todas las decisiones que se tomen dependerán del resultado de la cumbre europea.

La confianza del sector socialista del Gobierno contrasta con el rechazo de Unidas Podemos al acercamiento a Marruecos. El cierre de la crisis con Rabat, cuya embajadora regresó este domingo a Madrid, amenaza con abrir otro conflicto diplomático con Argelia, proveedor de casi la mitad del gas que España consume. “Estamos abordando una gran crisis económica y social a la que tenemos que dar salida y viviendo una crisis energética de primera magnitud a la que además ahora mismo se suma la crisis con el Sáhara”, advirtió el sábado la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. “Apelo a una reflexión conjunta del Gobierno de coalición para estar a la altura de las circunstancias de este momento histórico”.

Las llamadas del PSOE a la unidad en un momento de gran incertidumbre no atenuaron el enfado de su socio de Gobierno por la validación de la propuesta autonomista de Marruecos para el Sáhara. La portavoz de Podemos, Isa Serra, lamentó el “giro injustificable” que el PSOE ha dado respecto a la excolonia española. Y cuestionó que se pretenda defender los derechos de los ucranios “mientras se entregan los de los saharauis”. La parte socialista del Ejecutivo discrepa y defiende lo que considera “un ejercicio de realismo político, siempre en el marco de Naciones Unidas”.

La ruptura del Gobierno está descartada, pero el último episodio en la marejada interna en la coalición coincide con uno de los momentos más peliagudos de la legislatura. Las protestas de agricultores, ganaderos y transportistas se sucedieron este domingo, con la derecha y socios del Ejecutivo como Teruel Existe en primera línea, por el auge de los precios de la energía y las materias primas de primera necesidad. “La derecha, que hoy se pone detrás de una pancarta y dice que apoya a los agricultores, vota sistemáticamente contra sus intereses”, cargó la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

La vinculación que algunos ministros del Gobierno han hecho de las movilizaciones del campo y de los autónomos transportistas con la extrema derecha tampoco ha gustado en Unidas Podemos. Lo mismo piensan dirigentes socialistas, que han alertado en privado del “error” que sería considerar que las protestas han sido alentadas por Vox. Como ejemplo ponen que las flotas pesqueras están amarradas porque no les resulta rentable salir a faenar. Las organizaciones agrarias COAG y UPA, con lazos históricos con Comisiones Obreras y UGT, también participaron en la concentración que reclamó en Madrid un plan de choque “contundente” para el sector agroalimentario.

Pese a la magnitud y variedad de las turbulencias, el Gobierno mantiene su hoja de ruta y está seguro de que logrará el máximo de apoyos parlamentarios a su plan contra la guerra. “Estamos en el guion establecido”, desdramatizan las fuentes consultadas. Las quejas de los partidos que ya se han reunido con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y las tres vicepresidentas tampoco alteran el pulso de La Moncloa. El Gobierno argumenta que las reuniones que ha mantenido hasta ahora con PP, Ciudadanos, PNV y Grupo Mixto eran para escuchar sus propuestas y por eso no les ha dado ninguna pista del plan económico que articulará. Cs fue el único que presentó propuestas por escrito. Las reuniones pendientes concluirán el miércoles.

Entretanto, este lunes se celebrarán tres reuniones sectoriales, con los transportistas, las comunidades autónomas y los agentes sociales, para conocer sus impresiones. Sánchez se concentrará en su gira europea para desligar el precio de la electricidad del gas.