tribuna
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El estado de la corrupción en 2021

La pandemia ha relegado en el último año la implementación de las medidas adoptadas para prevenir conductas delictivas, junto a una regresión autoritaria en múltiples países

Entrada a la Audiencia Provincial de Madrid.
Entrada a la Audiencia Provincial de Madrid.VICTOR SAINZ

Medir la corrupción es complejo. Es un fenómeno que se manifiesta de forma opaca y, a menudo, no deja rastro. No obstante, a pesar de su dificultad, es importante por múltiples razones poder conocer los niveles de corrupción de los países, sus avances y retrocesos. Así, para identificar barreras al desarrollo económico, para explicar los niveles de desafección política o, sobre todo, para poder prevenir sus consecuencias y tomar las medidas que impidan a los países caer en la corrupción sistémica. Para medir la corrupción se utilizan diversos instrumentos. El Índice de Percepción de Corrupción (IPC), publicado este 25 de enero, es uno de los índices más destacados a nivel global; se basa en 13 estudios de opinión de expertos y empresarios y su metodología ha sido evaluada internacionalmente de forma repetida, dando lugar a una herramienta cada vez más sofisticada y válida.

El IPC 2021 demuestra que la lucha contra la corrupción no avanza globalmente. A pesar de que, en los últimos 20 años, se han mejorado en varios países las normas anticorrupción, se observa una falta de impulso por parte de numerosos gobiernos y un descuido en la implementación de las medidas adoptadas. Esta tendencia global va unida a una regresión autoritaria en otros múltiples países, una regresión que tiene su centro de acción en el ataque a las instituciones de control y a la independencia del poder judicial. El deterioro de los pesos y contrapesos de una democracia va vinculado, casi siempre, a un abuso del poder para el beneficio privado de los dirigentes, así como a la creación de redes clientelares oscuras de empresarios indecentes, políticos inmorales y burocracias politizadas que actúan como élites extractivas. El resultado final no es solo la enorme pérdida de recursos públicos, sino, sobre todo, el deterioro de las instituciones y del respeto a los derechos humanos. El derecho a la vida está en riesgo cuando la policía es corrupta y está en conexión con redes de crimen organizado. El derecho a la salud es pisoteado en países donde el dinero para construir hospitales acaba en paraísos fiscales. El derecho a la educación se convierte en mero enunciado cuando las escuelas no existen y el material escolar desaparece bajo redes corruptas. La corrupción ataca directamente al corazón de la dignidad humana y es preciso recordarlo.

A menudo, la opinión pública de las democracias avanzadas tiende a considerar que la corrupción está bajo control en sus países; sin embargo, los datos nos indican que, cada vez que se baja el compromiso y la denuncia cívica, la corrupción avanza y crea los fundamentos para la posible regresión democrática. Los numerosos escándalos políticos vinculados a la corrupción se relacionan de forma directa y fuerte con la desconfianza en las instituciones representativas; más aún, el deterioro ético en uno de los tres poderes del Estado tiende a afectar a la confianza en los otros. Las democracias necesitan confianza en sus instituciones y necesitan que la ciudadanía confíe también en el respeto a la ley por parte de sus conciudadanos. Perdida la confianza, se abre el camino a la barbarie.

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España este año ha perdido un punto (sobre un máximo de 100) y retrocede dos puestos en el ranking mundial del IPC, siendo un ejemplo más de esta parálisis en la lucha contra la corrupción. Este dato se basa en ejemplos claros de la falta de avance en las reformas institucionales prointegridad. Como en tantos países, la lucha contra la pandemia explica este retraso en la adopción e implementación de las reformas necesarias; había otras prioridades. Es cierto, además, que el Gobierno cuenta con planes de reformas en la materia ambiciosos. Pero seguimos sin tener traspuesta la directiva de protección a los alertadores de fraude y corrupción, seguimos sin una ley reguladora de los lobbies, seguimos sin tener un reglamento de la Ley de Transparencia, seguimos sin tener marcos de integridad institucional en nuestras organizaciones públicas, entre otras reformas que la Unión Europea y el Greco (Consejo de Europa) nos demandan. Los avances en el código de ética de las Cortes van unidos a la inexistencia de un sistema de control independiente y de sanciones por el incumplimiento. La justicia sigue politizada y los nombramientos en los órganos constitucionales y de control son un ejemplo más de partidismo y clientelismo decimonónico.

Todo ello, cuando estamos recibiendo la generosa ayuda europea para recuperar nuestra economía, transformarla y crear resiliencia para la generación próxima. Merece una valoración muy positiva la aprobación del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PNRTR), pero requiere urgentemente el fortalecimiento de un sistema de prevención sólido y actualizado de la corrupción y el fraude. Ya vamos tarde. Es necesario un urgente consenso para impulsar la agenda legislativa y que este año sea el año de las reformas prointegridad. Solo así España podrá mejorar en el IPC y acercarse en puntuación a los países europeos que lideran el ranking de países con mejor gobernanza del mundo. Nos jugamos nuestro futuro.

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