Joaquim Bosch: “Perseguimos en bici a corruptos que huyen en Mercedes”

El magistrado recopila en ‘La patria en la cartera’ la historia de la corrupción en España, analiza sus causas y propone soluciones

El juez Joaquim Bosch, este lunes, en los juzgados de Moncada.
El juez Joaquim Bosch, este lunes, en los juzgados de Moncada.Mònica Torres

Joaquim Bosch (Cullera, Valencia, 57 años) ingresó en la carrera judicial hace casi dos décadas por vocación. Era el primero en su familia que terminaba los estudios básicos. Publica La patria en la cartera (Ariel), un exhaustivo ensayo sobre la corrupción en España, de la que dice que “solo se conoce la punta del iceberg”.

Pregunta. Una de las tesis del libro es que la corrupción actual tiene su origen en el franquismo, pero luego hay 400 páginas más con los escándalos de los 46 años siguientes. ¿No es mucho para ser inercia de la dictadura?

Respuesta. La responsabilidad es exclusiva de los gobernantes democráticos, pero para entender por qué ha sido tan fácil corromperse en España hay que examinar ese periodo. Las estructuras clientelares del franquismo pasaron a ser estructuras clientelares de los principales partidos.

P. Recuerda que hasta 1997 no se retiraron las monedas con la imagen de Franco y opina que el “pacto de silencio” de la Transición permitió la institucionalización de la corrupción.

R. Cerca de la mitad de los últimos ministros de Franco continuó en política; la otra mitad, en los consejos de administración de las principales empresas del país y lo mismo pasó a todos los niveles: alcaldes, concejales, gobernadores civiles...El partido único del franquismo y los sindicatos verticales se disolvieron, pero sus miles de empleados pasaron a la Administración. Todo ese poso tenía que generar consecuencias. Javier Pradera explicaba que la corrupción fue uno de los costes que tuvo que asumir la democracia como herencia del franquismo. Era muy difícil cuestionar la corrupción de la dictadura, igual que los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos porque implicaba deslegitimar a aquellos que continuaban en política y con los que se estaban realizando grandes pactos de Estado. Hay que agradecer a la Transición que en muy poco tiempo se lograra articular un sistema democrático y una Constitución equiparable a la de los países europeos, pero en esas circunstancias era muy difícil cuestionar las prácticas corruptas de la dictadura y eso explica en gran parte su continuidad.

“Los políticos no tienen toda la culpa. Hay un electorado corrupto”
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P. Hasta 2015 no entró en vigor el delito de financiación ilegal de los partidos políticos. ¿Por qué?

R. Por el conflicto de intereses. En líneas generales se mantuvieron leyes que en el franquismo posibilitaron la corrupción en el ámbito de la contratación pública, del nombramiento de altos cargos, las dinámicas clientelares… Las reformas se hicieron tarde y mal. En 1995 se aprobó el código penal de la democracia, muy poco después de los escándalos Naseiro y Filesa. Era el espacio idóneo para regular el problema de la financiación de los partidos políticos, pero no se hizo. La legislación de contatación pública actual, de 2017, se ha aprobado a instancias de una directiva europea. Hay otra que dice que tenemos que proteger a los denunciantes de la corrupción. Nos obligan. Tenemos una cantidad de aforados sin equivalente en países democráticos; los delitos de corrupción son los que más indultos reciben, los órganos que debían vigilar la acción política han sido colonizados... Todo ha favorecido la corrupción.

P. Recopila casos mucho más antiguos que el franquismo, pero subraya que no es lo mismo un Lazarillo que un Roldán, la picaresca que la corrupción...

R. Es habitual asignar esto a razones de tipo cultural, a la picaresca. El Lazarillo de Tormes era un huérfano intentando sobrevivir. Los corruptos tienen un elevado nivel de vida y pretenden vivir mejor a costa de los organismos públicos. Es falso que exista un carácter hispánico que predisponga a la corrupción. Esto es un problema de configuración de las instituciones. En el sigo XIX no había grandes diferencias entre la corrupción en España y en Dinamarca. A finales del siglo XIX y durante el siglo XX hay un proceso de democratización y mejora de las instituciones en los países europeos, pero España se queda rezagada primero con la Restauración, luego con la tentativa de reformismo democrático de la II República, frenada por el golpe de Estado y con la corrupción general del franquismo. Cuando tengamos un sistema de solidez institucional como el de Alemania, Dinamarca o Suecia, si seguimos teniendo corrupción podremos echar la culpa a la sangría, la paella o la siesta, mientras tanto, no.

P. O sea, que no existe un gen corrupto ni siquiera en el caso de todos los Borbones poco ejemplares que cita en el libro.

R. Casos como el de la regente María Cristina, Alfonso XIII o las acusaciones actuales contra el rey emérito obedecen al sistema institucional, a una figura como la inviolabilidad, a la falta de transparencia y de rendición de cuentas. Si el problema fuera genético no tendría solución, pero afortunadamente, no es cultural. Y lo demuestran países que en el pasado tuvieron muchos problemas y hoy lideran los indicadores internacionales de control de la corrupción.

P. Botsuana, por cierto, ha llegado a estar en niveles de percepción de la corrupción más bajos que España. ¿Es una distorsión?

R. España está ahora en los indicadores internacionales en la franja de Taiwan, Botsuana, Costa Rica o Chile. Esos países hace años estaban peor, pero hicieron un esfuerzo de reformas. Aquí ha faltado voluntad política.

Es absolutamente imposible juzgar en plazos razonables los casos de corrupción con los instrumentos que tenemos

P. ¿Se ha robado por encima de nuestras posibilidades?

R. Sí. La corrupción nos cuesta al año miles de millones de euros, cantidades muy superiores a las del rescate bancario, por ejemplo. Economistas que han analizado el fenómeno nos dicen que si no hubiera habido esos niveles de corrupción cuando murió Franco España estaría hoy en una renta per capita cercana a la de Finlandia y por encima de la media de la Unión Europea. Un estudio financiado por el BBVA indica que si se aplicaran las reformas institucionales necesarias nuestro país podría conseguir en pocos años un incremento importante del PIB. Los indicadores de potencial de productividad, formación y capacidad económica de España no son muy diferentes a los de países como Francia o Alemania; lo que nos diferencia, lo que nos falla, es la organización de nuestras instituciones.

P. ¿A qué países o qué reformas debería imitar España?

R. Está casi todo bastante inventado: infraestructuras éticas, controles internos, mecanismos que aporten medios para perseguir y condenar la corrupción, transparencia en la actuación pública y un funcionamiento democrático de los partidos políticos son los factores que consiguen tener la corrupción en límites bajos. En todos esos ámbitos queda mucho trabajo por hacer pero es perfectamente realizable si hay voluntad política.

P. Habla también de un “electorado corrupto”, que consiente o incluso aplaude esas prácticas. Pero la clase política aparece señalada desde hace años en el CIS como uno de los principales problemas del país.

R. En todos los estudios europeos, España está en los lugares más bajos de confianza en la clase política. Esa percepción tiene mucho que ver con la corrupción, pero no se puede echar toda la culpa a los políticos o exculpar completamente a la ciudadanía, que también tiene responsabilidades. Hay alcaldes implicados en corrupción que han sido reelegidos reiteradamente. Ese electorado apoya la corrupción porque cree que le beneficia o porque considera que no es importante. Y en este ámbito también se debe trabajar institucionalmente generando infraestructuras éticas, en el ámbito educativo, para hacer valer la importancia de que la política sea honesta para el conjunto.

P. ¿Faltan mecanismos de control también en la judicatura? ¿Tiene medios suficientes para detectar abusos o incluso trastornos en los jueces?

R. Una característica peculiar de la corrupción en España es que, a diferencia de otros países, es fundamentalmente política. No la hay apenas en las fuerzas de seguridad, en la Administración o en la judicatura… Está muy concentrada. Aquí hay comunidades autónomas donde han sido condenados o investigados el presidente, los consejeros, los presidentes de Diputación, los alcaldes de las principales ciudades... Eso se debe a secuelas del franquismo y a cómo se configuraron luego los partidos políticos y el enorme poder que han tenido. En la judicatura, afortunadamente, ha habido muy pocos casos de corrupción y han tenido condenas conocidas. La judicatura tiene recursos suficientes para detectar situaciones anómalas o problemas de salud mental y hay planes en marcha para mejorar en ese aspecto. Nuestro gran problema es la falta de medios. Es absolutamente imposible juzgar en plazos razonables los casos de corrupción con los instrumentos que tenemos y eso explica que los casos duren diez años, que se genere sensación de impunidad y que muchas veces sea muy difícil conseguir todas las pruebas. A menudo los jueces perseguimos en bicicleta a corruptos que escapan en Mercedes.

P. De los multiples casos de diferentes etapas hisóricas que recopila en el libro, ¿cuál cree que ha sido el más grave?

R. El más grave a partir de los hechos probados en las sentencias es Gürtel porque no es un caso de cuatro manzanas podridas, sino de un eficaz sistema de corrupción que relaciona a la tesorería de uno de los principales partidos con toda una trama de sobornos y adjudicaciones fraudulentas con consecuencias en el ámbito electoral y con manejo de millones de euros de dinero negro. Concurren todo el catálogo de los delitos de la corrupción y los riesgos más importantes para nuestro sistema de integridad institucional. También es especialmente grave el caso de los ERE en Andalucía porque enlaza con prácticas del franquismo sobre cómo se tejen redes clientelares que favorecen el ejercicio del poder manejando muchísimos millones de dinero público desde espacios institucionales que están diseñados para mejorar la vida de las personas y no para repartir prebendas masivas.

P. ¿La corrupción es como los alijos de droga, que solo se detecta un pequeño porcentaje?

R. La corrupción conocida es solo la punta del iceberg. Existen auténticas tramas organizadas con ingeniería financiera que desvían el dinero a paraísos fiscales y saben hacer desapareer el rastro del delito. El porcentaje que llega al juzgado es muy pequeño comparado con la corrupción existente.

Sobre la firma

Natalia Junquera

Reportera de la sección de España desde 2006. Los jueves publica una columna en Madrid, Kilómetro cero. Durante la semana comenta las redes sociales en Anatomía de Twitter y realiza entrevistas para la serie Conversaciones a la contra. Especialista en memoria histórica, ha escrito dos libros, Valientes y Vidas Robadas (Aguilar).

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