Responsabilidad de proteger

La paz puede ser a veces peor que la guerra. Este es el peligro que acecha ahora a Afganistán, cuando ha terminado una contienda de 20 años con el regreso al poder de los talibanes y la retirada de los aliados occidentales. Más de la mitad de la población se halla en situación de extrema necesidad, de forma que, si se cuentan los refugiados en los países vecinos, son 28 los millones de afganos que necesitan ayuda humanitaria urgente. Naciones Unidas ha lanzado un llamamiento para organizar un plan de respuesta humanitaria por valor de 4.400 millones de euros, el mayor jamás acordado en la historia de la organización, para rescatar un país que sufre todos los males imaginables y se halla al borde del colapso, con su economía en caída libre, la hambruna que pende sobre al menos la mitad de la población, una auténtica epidemia de malnutrición infantil que se suma a la brutal marginación que sufren mujeres y niñas, los sistemas sanitario y escolar en gran parte clausurados, y la peor sequía de las últimas décadas.

De no actuar con urgencia, para mediados de año la casi totalidad de los afganos, el 97%, se hallarán por debajo del umbral de la pobreza. El nuevo poder talibán, sin reconocimiento internacional ni acceso a las cuentas del Estado afgano en el extranjero, ha hecho escasos esfuerzos para obtener el mínimo de credibilidad para canalizar la ayuda internacional. La composición del Gobierno, en el que hay incluso ministros vinculados a Al Qaeda, garantiza su inclusión en todas las listas internacionales de organizaciones terroristas. No es extraño que hayan proseguido las peores prácticas que han caracterizado al régimen talibán, como son las ejecuciones sumarias, el encarcelamiento y maltrato a las mujeres y el acaparamiento de los cargos por parte de los pastunes, la primera etnia del país que siempre ha sido la componente mayoritaria de los talibanes.

Las necesidades de ayuda abarcan todos los ámbitos: suministro de alimentos, servicios de salud, construcción de campos de refugiados, suministro de agua y saneamiento, reconstrucción del sistema escolar y, por supuesto, la seguridad personal. A pesar de la ambición de Naciones Unidas, el plan de ayuda puede fácilmente quedarse corto y en todo caso demorarse excesivamente en relación con la gravedad de la emergencia. El mayor peligro se cierne sobre Afganistán, castigado ahora con una catástrofe de dimensiones inéditas, después de una larga guerra que se sucedió a otras guerras en cadena que se remontan a diciembre de 1979, cuando el país fue invadido y ocupado por la Unión Soviética. Pero los países vecinos están sufriendo también los efectos del desastre, con la llegada de millones de refugiados, y pronto será la propia Europa la que deberá acoger a quienes huyen del hambre, de la inseguridad y de la muerte. La comunidad internacional, y más concretamente los gobiernos que han participado en los 20 años de guerra y ocupación, no pueden quedar exentos de la responsabilidad de proteger a los 40 millones de afganos ni lavarse las manos del destino de un país al que han dejado al borde del abismo.