Editorial
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En suelo afgano

La ayuda acordada por el G-20 para auxiliar a la población habrá de contar con la colaboración del régimen talibán

Una mujer, junto a un militar talibán, en el centro de Kandahar (Afganistán).
Una mujer, junto a un militar talibán, en el centro de Kandahar (Afganistán).Luis de Vega

No estaban todos los líderes del G-20, pero el encuentro ha generado resultados esperanzadores. El grupo que reúne a las principales potencias económicas mundiales celebró el martes una videoconferencia pensada para agilizar medidas capaces de paliar de forma inmediata la catastrófica situación en que vive la población en Afganistán. El acuerdo de invertir 1.000 millones de euros, más 300 adicionales de Estados Unidos, se adopta en el marco de una acción multilateral con graves dificultades por delante que no deberían impedir una acción de carácter básicamente humanitario.

En la delicada ecuación, el objetivo es que prevalezca la voluntad de aliviar a las personas sin que se beneficie el régimen, a pesar de que en última instancia la eficacia del operativo dependerá del Gobierno talibán. El desafío no es simple, pero ni es insuperable ni las dificultades pueden inducir a la resignación. Un cierto grado de interlocución con el régimen talibán será inevitable, y de hecho se viene produciendo ya con las conversaciones presenciales en Qatar. Ello no tiene por qué significar un reconocimiento formal del mismo. Las ayudas deberán ser canalizadas a través de organizaciones internacionales presentes en el territorio y la interlocución con el régimen debe ir dirigida a que este facilite su utilización de manera provechosa para la población.

La cita del G-20 ha expuesto con crudeza que China y Rusia tienen planes propios acerca de cómo abordar la crisis afgana. Sus líderes, Xi Jinping y Vladímir Putin, optaron por no participar en la videoconferencia. Se trata de un síntoma simbólico del creciente eje Pekín-Moscú en esta materia, un hecho geopolítico insoslayable en toda la gestión. Aquellos que deseen mitigar los sufrimientos de la población civil, y muy especialmente mejorar la intolerable contracción de derechos de las mujeres, cuentan con limitados instrumentos para lograr resultados. La presión internacional sobre el régimen, amplia e intensa, es el método que más posibilidades tiene de surtir efecto.

China quiere reforzar su proyección económica en Afganistán, encuadrarlo en su colosal plan de infraestructuras estratégicas y aprovechar sus valiosos recursos naturales. Pekín ha pedido que se permita al Gobierno talibán el acceso a las reservas congeladas en bancos estadounidenses. Tampoco desaprovecha Rusia esta vez la ocasión de utilizar en su ventaja las debilidades de Occidente, y apuesta por elevar su influencia en la región con escasos escrúpulos en relación con el respeto a los derechos básicos. Los dos países se han reunido —entre ellos— para encauzar una cooperación estratégica sobre Afganistán que implica intercambio de información de inteligencia.

Este es el arduo escenario en el que hay que actuar. Es preciso, pues, ponderar bien las líneas de acción, y en ese sentido la reunión del G-20 fue un paso adelante que debería evitar titubeos, indecisiones o una excesiva morosidad en la aplicación de los planes. Las democracias comprometen en esa acción algo más que un deber moral, muy especialmente en defensa de los derechos de las mujeres. El asunto no puede salir de la agenda de los gobiernos y el mismo estímulo de la sociedad civil puede empujar hacia su mejor eficacia. Nadie debería esperar resultados mágicos en una situación extremadamente compleja, con un Ejecutivo económicamente asfixiado, pero la opción abstencionista resultaría a la postre inaceptable para la mayoría de la población europea. El desamparo no puede ser una opción.

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