Rajoy y la caja b

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno entre 2011 y 2018, acudió el pasado lunes al Congreso para responder a las preguntas de los diputados que investigan desde hace casi un año el caso Kitchen, una operación policial dirigida desde la cúpula del Ministerio del Interior a espaldas del juez para espiar a la familia del extesorero del PP Luis Bárcenas.

El objetivo de ese despliegue ilegal en el que participaron decenas de agentes, la mayoría ignorantes del objetivo real de su trabajo, era robar documentación que pudiera incriminar en delitos de corrupción al Gobierno de Rajoy y, de paso, obstruir la investigación judicial abierta por la financiación ilegal del PP, según las pruebas acumuladas durante la instrucción. El juez ha procesado por estos hechos al que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; a su secretario de Estado, Francisco Martínez, y a seis comisarios, entre ellos José Manuel Villarejo, imputado y procesado en una treintena de investigaciones judiciales.

Rajoy era el último de los comparecientes en la comisión parlamentaria creada para arrojar luz sobre la Operación Kitchen, uno de los episodios más oscuros y graves del Ministerio del Interior, financiado además con fondos reservados. El expresidente optó por negarlo todo dentro de su legítimo derecho a la defensa, aunque salió del Gobierno a la fuerza por la primera moción de censura exitosa de la democracia, provocada por una sentencia donde se acreditaban numerosas corruptelas del PP. En esa representación de su propia defensa llegó a negar con persistente mendacidad que el PP hubiera tenido una caja b con la que se financió ilegalmente, pese al refrendo por una condena firme del Supremo y dos sentencias de la Audiencia Nacional. La dignidad institucional del expresidente quedó tocada al pretender que Bárcenas era tan magnánimo y generoso que dedicó más de un millón de euros a pagar de su bolsillo las obras de reforma de la sede del PP, o cientos de miles de euros a dar sobresueldos a determinados dirigentes o a comprar acciones de un medio de comunicación afín al PP. El expresidente se mantuvo en el mismo argumento desde que se destapó el escándalo y repitió machaconamente durante los interrogatorios lo mismo que había mantenido como testigo en el juicio de la Gürtel o de los Papeles de Bárcenas: era falso, “absolutamente falso”, que el PP tuviera una caja b.

La actuación de Rajoy vuelve a revelar el irreversible deterioro de la comisión de investigación como instrumento parlamentario. Su funcionamiento habitual empieza a convertirla en prescindible o incluso contraproducente. Los diputados buscan más el lucimiento propio y el desgaste del adversario que el esclarecimiento de unos hechos generalmente desgraciados. Pese a ello, y también en este caso, las comisiones de investigación dejan a menudo luces encendidas en las tinieblas de la corrupción que favorecen la transparencia informativa aunque devalúen el procedimiento. El testimonio de los numerosos funcionarios de la Policía que han pasado por esta comisión en concreto ha dejado un sinfín de pruebas de la operación policial montada para salvar al Gobierno del PP. Ni la frivolidad ni la negación de Rajoy ante sus señorías pudieron impedir que cumpliese con su función principal.