Superávit autonómico

Las cuentas de las comunidades autónomas han registrado hasta final de septiembre un amplio superávit de 9.000 millones, un 0,76% del PIB. Es probable que esa cifra se reduzca al cerrar el ejercicio, pero la tendencia es esa, según los últimos datos disponibles. No sería raro que este diciembre cierre uno de los mejores ejercicios autonómicos de la historia, cercano al equilibrio, en vez del agujero del 0,6% previsto oficialmente.

El superávit o el cierre equilibrado ofrecería una doble lectura. Demuestra que el actual sistema de financiación, pendiente de revisión desde 2014, es mejor de lo que frecuentemente se señala: en etapas de crecimiento se traduce en un aumento notable de los ingresos, ya sea por los impuestos propios, ya sea por los parcial o totalmente cedidos. El especial incremento de recursos a las comunidades promovido por el Gobierno central indica que puede afrontar adversidades cuando se aplica la flexibilidad necesaria o, incluso, obligada para evitar el colapso de los servicios sociales en pandemia. La dotación de 16.000 millones al fondo de lucha contra el coronavirus estuvo en 2020 plenamente justificada por requerirlo las competencias autonómicas, exclusivas en lo sanitario y decisivas en otros ámbitos sociales (dependencia, exclusión). Y también la de 14.000 millones de este año, a la que se añaden los 7.000 millones destinados a las ayudas directas a empresas.

Con la situación actual, las autonomías difícilmente pueden discurrir por la ruta de la protesta por una presunta infrafinanciación congénita. Por el lado del Gobierno, sí cabe la recriminación de no haber establecido controles finalistas y rendiciones de cuentas detalladas del empleo de los nuevos fondos, aunque fuera extrema la urgencia de su despliegue. No es probable que vayan a hacerlo con la debida diligencia los Ejecutivos de las comunidades, por lo que vuelve a echarse de menos el funcionamiento del Senado como Cámara territorial exigente.

De hecho, algunos barones autonómicos parecen querer aprovechar la sobrefinanciación suministrada por el Gobierno no tanto para invertir más y mejor, sobre todo en servicios sociales, como para rebajar sus propios impuestos. Las consecuencias de esas rebajas no serán visibles hasta dentro de un par de años, dada la temporalidad de las liquidaciones del sistema de financiación: gozan de más ingresos exteriores ahora y difuminan el coste social de no aumentar o incluso reducir sus propios ingresos. Bastantes ignoran o minimizan la enorme cuantía de las transferencias recibidas del Gobierno, en vez de reconocer su sustancial aportación de forma pública y franca. Incluso otros reclaman, antes de empezar el debate de fondo, que aumente aún más la tarta a distribuir como único remedio para que todos ganen o, al menos, mantengan posiciones.

En lugar de perfilar mejor las asignaciones individuales según criterios objetivos, esas actitudes enmascaran que muchos territorios todavía no han sabido o podido invertir los cuantiosos recursos recibidos. No es esa la mejor palanca para que la próxima Conferencia de Presidentes promueva un primer intercambio de ideas prometedor. Tampoco generan expectativas de que el debate sobre las necesidades y las posibilidades financieras de todos y cada uno sea serio, aunque es eso lo verdaderamente indispensable en vísperas de la reforma del sistema.