Las autonomías reclaman mantener el fondo covid para 2022
El Gobierno rechaza por inviables las enmiendas de ERC y Junts, que reclaman un reparto de hasta 13.000 millones
La ausencia en los Presupuestos Generales del Estado de fondos covid, los recursos con los que el Estado ha paliado las necesidades financieras de las comunidades autónomas por la crisis del coronavirus —16.000 millones en 2020 y 13.000 millones en 2021— genera malestar entre las comunidades. Andalucía, con un presidente del PP, y la Comunidad Valenciana, con el socialista Ximo Puig al frente, han incluido partidas multimillonarias en los presupuestos autonómicos pese a que el Gobierno no incluye ese fondo en las cuentas del Estado. Y varias autonomías, de todos los colores políticos, reclaman recursos extraordinarios por las necesidades sanitarias y educativas vinculadas a la pandemia. La última en formalizar esas quejas ha sido Cataluña: ERC y Junts, las dos formaciones que gobiernan la Generalitat, presentaron la semana pasada dos enmiendas al proyecto de Presupuestos para 2022. En ellas ERC demandaba 13.000 millones de euros y Junts 9.362 millones, a repartir entre el conjunto de gobiernos regionales para financiar las medidas que consideran necesarias para la salida de la pandemia.
Hacienda rechaza de plano ceder a esas exigencias: argumenta que las necesidades no son tan acuciantes, y apunta que ya avisó en julio de que el fondo covid no se renovaría, y que aun así los Ejecutivos regionales se beneficiarán de los fondos europeos.
El Govern presentará este martes los presupuestos catalanes, y todo apunta a que no seguirá los pasos de la Comunidad Valenciana (gobernada por el PSPV, Compromís y Unides Podem) y Andalucía (PP y Ciudadanos). Estas dos comunidades han consignado en sus cuentas partidas de ingresos en torno a los 1.000 millones vinculadas al fondo covid estatal pese a que este no figura en los Presupuestos del Estado, y han mostrado de forma contundente su disconformidad con La Moncloa.
A la vía de la rebelión andaluza y valenciana se superpone el malestar de varias regiones y el camino abierto por las enmiendas parciales a las cuentas públicas. La enmienda de ERC ha sorprendido al Gobierno, que la considera “inviable” y rechaza la aprobación de un fondo de ese calibre. Las fuentes consultadas afirman que “no tiene ninguna posibilidad de prosperar casi por una lógica presupuestaria”. En Hacienda son concluyentes: “No hay margen” para la creación de un fondo dotado con 13.000 millones. Frente a las peticiones de las comunidades de mantener esas ayudas, La Moncloa esgrime que van a recibir para 2022 las mayores entregas a cuenta de la historia: 112.213 millones, el 6,3% más que en 2021. Además, contarán con los 7.000 millones de euros adicionales derivados de la compensación por el IVA de 2017, un cambio realizado por Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda de Mariano Rajoy.
Pese a esas medidas, y coincidiendo con la elaboración de las cuentas públicas regionales, comunidades de diferente color político no han ocultado reproches hacia el Gobierno de Pedro Sánchez por no mantener las ayudas. Las tesorerías regionales van a seguir tensionadas en los próximos meses. La Xunta de Galicia ha evidenciado esa disconformidad marcando las diferencias entre los recursos con los que podrían haber contado sus cuentas con y sin fondos covid. Castilla-La Mancha ha presentado unas cuentas con un déficit del 1,1% del PIB, por encima del 0,6% fijado por Hacienda, lo que supone un margen extra (vía endeudamiento) de hasta 180 millones. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reprochó en la última Conferencia de Presidentes que no se renueve el fondo y envió a Sánchez una misiva reclamándolo, tal como hizo el Parlamento autonómico mediante una proposición no de ley. Baleares también reclama recursos extraordinarios y, a falta de esos fondos, ha incluido en sus presupuestos una partida de 110 millones como previsión de ingresos en concepto de un antiguo convenio de carreteras firmado entre los gobiernos central y autonómico.
942 millones de euros de ‘reestructuración covid-19’ en Andalucía
El Gobierno de Andalucía presentó el pasado miércoles unos presupuestos para la comunidad de 43.826,3 millones de euros, unas cuentas que incluyen de manera deliberada una partida ficticia de 942,8 millones de euros bajo el epígrafe Fondo reestructuración Covid-19 y que se imputa al Gobierno central. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, reconoció expresamente que se trataba de una asignación fantasma —“previsiones de ingresos infladas”, la calificó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero— y la justificó en la estimación de la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que ha constatado que “el gasto covid se va a mantener y consolidar en un 40% para el conjunto de las administraciones”. “Por eso encontrarán una partida que representa ese 40% amparando y esperando que el Gobierno reconsidere su posición y haga un fondo covid como le han pedido otras comunidades autónomas”, explicó Bravo.
Esta partida supone una medida de presión de la Junta hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que reactive el fondo covid, que se alinea con otras comunidades autónomas que también han reclamado a la ministra Montero que prorrogue esas partidas extraordinarias. La Comunidad Valenciana, presidida por el socialista Ximo Puig, es el único territorio hasta el momento que ha consignado de manera expresa en su presupuesto —que también se presentó el mismo día que el andaluz— un fondo similar. Y sus respectivos presidentes han formado una alianza para presionar al Gobierno central en el cambio del modelo de financiación autonómica primando el criterio de la población.
Desde el Ejecutivo andaluz se reprocha a Montero que censure la inclusión de una partida falsa para el covid en Andalucía, pero no haga lo mismo con la Comunidad Valenciana y se confía en que, finalmente, el Gobierno central acabará claudicando porque se trata de una exigencia compartida por su socio parlamentario ERC. “Necesitamos un fondo covid y va a tener que haberlo, y no porque lo haya pedido Cataluña, que ya de por sí tiene la prima de conseguir todo lo que quiere, sino porque, desgraciadamente la pandemia sigue entre nosotros”, subrayó Moreno este fin de semana.
El consejero de Hacienda aventuró el pasado miércoles durante la presentación de las cuentas andaluzas que al Ejecutivo central no le quedará más remedio que prorrogar el fondo covid “porque la recaudación del Gobierno de España va por encima del crecimiento económico por lo que tiene margen para hacerlo”. Bravo advirtió de que, en caso contrario, Andalucía deberá acudir al déficit para sufragarlo, algo que sí se reconoce en los presupuestos valencianos, pero no en el andaluz.
La Moncloa entiende que la situación es muy diferente a la del año pasado, cuando se transfirieron 16.000 millones de euros, y a este ejercicio, en el que se han dedicado más de 13.000 millones. En parte porque la incidencia del coronavirus sigue siendo una de las más bajas de Europa, y porque el porcentaje de camas ocupadas por enfermos de covid se sitúan por debajo del 2%.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya transmitió a los consejeros autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio que no se daban las circunstancias para mantener fondos como el que se habilitó al final de la primera ola de la pandemia. Días después de ese consejo, los responsables autonómicos reiteraron al Gobierno en la conferencia de presidentes de Salamanca que querían que el fondo covid no se retirase. Cuando programó los gastos destinados a refuerzos de personal provocados por la crisis sanitaria, el Ejecutivo catalán ya estableció un plan a tres años (hasta 2022), que en algunos gastos alcanzaban 2023. Ahora, con los datos covid bajo control pese a un mínimo aumento en las últimas semanas, al Gobierno de Pere Aragonès no le preocupa tanto la cobertura sanitaria de la pandemia (este año destina más dinero a medidas indirectas anticovid que a meramente sanitarias) sino tener oxígeno para contribuir con ayudas a la salida de la crisis económica y mantener las plantillas que permitan desatascar unas listas de espera en la sanidad que, como en el conjunto de España, la pandemia ha agravado.
Comunidad Valenciana: 1.000 millones para “una nueva normalidad”
El Gobierno valenciano, una coalición de socialistas, Compromís y Unides Podem, ha incluido en el proyecto de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2022 una partida de 1.000 millones de euros bajo el epígrafe de Fondo de transición a la nueva normalidad, similar a los fondos covid recibidos del Gobierno para compensar el gasto extraordinario generado por la pandemia. El Ejecutivo valenciano confía en que pueda incluirse todavía en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año próximo durante la tramitación parlamentaria.
Como manifestó el consejero de Hacienda valenciano, Vicent Soler, el pasado 3 de noviembre, tras la aprobación del proyecto de ley de cuentas autonómicas, la inclusión de este fondo covid para la Comunidad Valenciana —y para el resto de comunidades en función de su situación—, mataría dos pájaros de un tiro: consolidar la recuperación y compensar la tardanza de la reforma de la financiación. Precisamente fueron la Comunidad Valenciana y Andalucía las comunidades que ya pidieron en julio pasado al Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero que prorrogase los fondos covid como herramienta para compensar a las autonomías peor tratadas por el sistema de financiación autonómica en vigor. De hecho, ambas autonomías, gobernadas por partidos de diferente color político, han sellado una alianza para urgir al Ejecutivo de Pedro Sánchez a reformar el modelo lo antes posible y a que se prime el criterio de población ajustada.
El presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, apuntó este lunes en una entrevista en TVE que si no llega el dinero se endeudará: “Se debería transitar a una partida de ayuda porque aún estamos en covid pero, si no es así, será vía déficit”.
“Son las comunidades las que asumen la provisión de servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y los servicios sociales”, defiende la enmienda de ERC en el Congreso. Los republicanos no han presentado tanta batalla en el fondo covid como, por ejemplo, con la ley audiovisual para blindar las lenguas cooficiales en el doblaje de producciones: esa sí ha sido una línea roja para apoyar los Presupuestos. El consejero de Salud, Josep Maria Argimon, reclama mantener el fondo covid para poder asegurar el mantenimiento, al menos por un año, de los 15.000 puestos de refuerzo que su consejería ha contratado desde 2020 para asumir el repunte de actividad en los centros sanitarios. Todas las entidades sociales que participan en el órgano de dirección del Servicio Catalán de Salud han firmado un manifiesto que reclamaba el mantenimiento de ese fondo.
Pese a las quejas de algunas comunidades, otras han elaborado sus cuentas sin reivindicaciones por la falta de recursos. La más contundente ha sido Madrid, que defiende que su presupuesto “cuenta con partidas suficientes para atender los gastos de la pandemia”. La Junta de Extremadura, por su parte, entiende que el Estado “está realizando un esfuerzo inversor sin precedentes para paliar los efectos de la crisis”. Euskadi tampoco ha pedido nada.
Con información de Lucía Bohórquez, Sonia Vizoso, Juan Navarro, Juan José Mateo y Mikel Ormazabal.
