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El Gobierno de Andalucía aprueba unos Presupuestos sin apoyo en el Parlamento y se encamina a la prórroga de los actuales

El Ejecutivo no cuenta esta vez con el respaldo de Vox, que dio su sí a las cuentas públicas en los tres años anteriores

Los consejeros de Hacienda, Juan Bravo (izquierda), y de Transformación Económica, Rogelio Velasco, entregan a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, el proyecto de Ley de Presupuesto para 2022, este miércoles en Sevilla.
Los consejeros de Hacienda, Juan Bravo (izquierda), y de Transformación Económica, Rogelio Velasco, entregan a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, el proyecto de Ley de Presupuesto para 2022, este miércoles en Sevilla.PACO PUENTES (EL PAÍS)

El Gobierno andaluz ha aprobado este miércoles los Presupuestos de la comunidad para 2022 sin contar con apoyo suficiente en el Parlamento, por lo que todo está ya preparado para la prórroga automática de los vigentes si las enmiendas de totalidad prosperan el próximo 24 de noviembre. Hasta tres consejeros del Ejecutivo, los de Hacienda, Presidencia y Transformación Económica, han entonado un discurso en tono dramático en el que han advertido de que es “vital” para la recuperación económica de Andalucía el contar con unas cuentas nuevas. La Junta calcula que la comunidad crecerá este año un 6,5% y un 7% en 2022. No obstante, en caso de prórroga, “el impacto en el PIB no sería relevante”, ha reconocido el responsable de Economía, Rogelio Velasco.

El proyecto de ley del Presupuesto ya está en manos del Parlamento y será ahí donde se decida su futuro final. Vox ya ha dicho que esta vez no pulsará el botón verde, como sí hizo en los tres anteriores; y el PSOE andaluz está más próximo a pedir la devolución de las Cuentas al entender que sus propuestas “no han sido escuchadas ni valoradas” por el PP.

Tras la primera reunión del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, y el secretario general del PSOE, Juan Espadas, el pasado 1 de octubre, los socialistas dicen que no ha habido avances que les permitan salvar unos presupuestos, los últimos de la legislatura, que presentan registros históricos en sanidad, educación y políticas sociales. Estas partidas suponen el 60,6% del gasto no financiero de unas cuentas que se elevan a 43.816,3 millones de euros, un 9% más que las actuales.

Los partidos del Gobierno (PP y Cs) y el PSOE llevan enfrascados un mes en un cruce de reproches que ponen en duda la voluntad real del otro para llegar a un punto de encuentro. Y las dos partes quieren evitar aparecer como el responsable de una ruptura definitiva. Los socialistas necesitan para dar su visto bueno algo que les permita justificar el dejar pasar las cuentas y ese algo lo han centrado en la renovación de los 8.000 sanitarios a los que no se les ha prorrogado el contrato por el casi fin de la covid, porque, argumenta la Junta, no hay fondos extra del Gobierno central como sí los hubo este año. De los 19.500 contratados para la emergencia sanitaria, un total de 12.000 continuarán en nómina de la Junta.

Miembros del Gobierno han insistido hasta la extenuación en que el proyecto de ley “no tiene ideología”, se ha apelado al “momento excepcional” por el que atraviesa la comunidad para salir de la crisis generada por la pandemia y se ha pedido a todos los grupos (PSOE, Vox, Unidas Podemos y los diputados no adscritos de Anticapitalistas) a que no “cometan el error histórico” de rechazar las cuentas. “No hay motivos para el no”, ha insistido el Ejecutivo, que esgrime las cifras en sanidad (12.900 millones, un 9,6% más), educación (8.016 millones, un 8,4% de incremento) y dependencia (1.635 millones, un 15,6% más) para atraer los votos de los grupos.

Los atriles desde los que los consejeros han explicado el proyecto llevaban como lema “Presupuestos de la recuperación 2022″. Estos incorporan un filón de fondos europeos para gastar: 5.899,8 millones de euros. Un dinero que, según el consejero de Hacienda, Juan Bravo, servirá no solo para la recuperación económica, sino para “alargar la zancada” de Andalucía. Al 7% de crecimiento previsto, un punto más que la media de España, la Junta estima que el empleo crecerá en torno a un 3,5% y un 4%, es decir, entre 110.000 y 125.000 empleos. Esto lo ha dicho el Gobierno el mismo día en el que Andalucía aparece como líder del paro registrado en toda España (8.600 desempleados más), cuando el desempleo ha disminuido por primera vez en 46 años en un mes de octubre. “Ha sido un mes malo”, ha afirmado Velasco.

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Bravo ha admitido que el no tener Presupuestos “dificultaría” la gestión de los fondos europeos y que tendría que recomponer “mes a mes” la ejecución presupuestaria. El titular de Hacienda ha señalado que los inversores extranjeros y nacionales no paran de preguntarle si culminarán la legislatura hasta finales de 2022.

La respuesta tipo a esa pregunta la ha dado el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo: “La no aprobación de los Presupuestos significa la prórroga con la que el Gobierno puede llegar a final de la legislatura. La fecha electoral sobre la que trabajamos es la del 27 de noviembre”. Pero a renglón seguido ha añadido otra coletilla también clásica de que si al rechazo del presupuesto se suman otros noes a leyes y decretos-leyes, el final de la legislatura estará más cerca. Los socialistas creen que el Gobierno aprovechará la prórroga presupuestaria para convocar en torno a finales de febrero o primeros de marzo.

Cal y arena en las partidas ideológicas

La Junta insiste en que las cuentas que ha presentado no son ideológicas y que cualquier otro partido en su lugar hubiera elaborado unos presupuestos similares. Sin embargo, y más allá de las grandes cifras aportadas en sanidad, educación y servicios sociales, las partidas de carácter político en las que tanto Vox —su hasta ahora socio parlamentario―como el PSOE ―durante los tanteos mantenidos en las últimas semanas― han puesto el énfasis para garantizar su apoyo son en muchos casos explícitas sobre los intereses del Gobierno andaluz.

El portavoz parlamentario de la formación de extrema derecha, Manuel Gavira, exigía esta mañana gestos al Ejecutivo autonómico en materia de la llamada Administración paralela, Canal Sur, género, memoria democrática e inmigración. Los presupuestos presentados por la Consejería de Hacienda dan tanto de cal como de arena.

En el caso de los entes del sector público andaluz y circunscribiéndolo a las cuatro agencias —Extenda, IDEA, Agencia Andaluza del Conocimiento y Andalucía Emprende― que la Junta, con la oposición de Vox, ha decidido fusionar en una sola que ha bautizado como TRADE, su presupuesto global disminuye de los 335.554.084 euros a los 213.630.099; Canal Sur y la RTVA, por el contrario, suben ligeramente los fondos asignados en 8,5 millones, sumando entre ambas 185.526.737 euros; en programas de prevención a la violencia de género las partidas se incrementan considerablemente, pasando de los 20,9 millones de euros a los 28,3, si bien la cantidad para acciones para la igualdad sufren un recorte de 1,4 millones. El Instituto Andaluz de la Mujer, que el partido de Abascal puso en su punto de mira desde el primer momento, también crece, pasando de los 44 millones a los 50,3.

La cuantía destinada a las políticas migratorias, dependientes de la Consejería de Presidencia, sigue disminuyendo, en sintonía con los dos ejercicios anteriores, y se sitúa en los 3,7 millones de euros frente a los 4 millones asignados en la actualidad. La partida para la atención a la infancia, que incluye el apoyo a los menores no acompañados y a los jóvenes extutelados —otro de los caballos de batalla de Vox― se incrementa y alcanza los 222.254.279 euros, casi 28 millones más que en las cuentas vigentes.

La memoria democrática es un elemento que también se ha puesto encima de la mesa en los encuentros mantenidos entre el PSOE andaluz y la Consejería de Hacienda. Los socialistas exigieron que la partida para el año que viene alcanzara los 2,3 millones de euros, un millón más que lo presupuestado este ejercicio, indican fuentes cercanas a la formación socialista. La Junta apenas ha tocado la partida, pasando de los 1,38 millones —la cantidad más baja presupuestada desde que PP y Cs llegaron al poder— a los 1,39. El PSOE reprocha al Gobierno andaluz el gasto en comunicación social, que incluye también las campañas de promoción de la actividad de la Junta. El presupuesto de esa partida se ha incrementado en 10.716.821 euros, alcanzando los 172.314.193.

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