Juan Espadas afirma que lo primero que hará cuando presida la Junta es desarrollar la ley de memoria andaluza

“Lorca eran todos”. Esta es la frase que está grabada en un pequeño monolito de cemento en un recodo de la carretera entre Alfacar y Víznar (Granada), donde, en las primeras horas del 18 de agosto de 1936 fue fusilado el poeta granadino, junto al maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. 85 años después de su asesinato, Federico García Lorca se ha convertido en el símbolo de las miles de personas que todavía siguen desaparecidas, enterradas en alguna cuneta o en las fosas comunes abiertas durante la Guerra Civil y el franquismo. A 20 kilómetros, en el Albaicín de la capital granadina, esta mañana el PSOE ha homenajeado su figura y la vigencia de su legado y ha defendido la importancia del proyecto de ley de memoria democrática que debe debatir el Parlamento. En ese acto, Juan Espadas, el nuevo secretario de los socialistas andaluces se ha comprometido a que si logra ser presidente de la Junta lo primero que hará será desarrollar la norma andaluza de 2017.

“Eso será lo primero que haga el Gobierno que presida cuando gane las elecciones”. Con estas palabras, Espadas, en su primer acto oficial como máximo responsable del PSOE-A, se ha comprometido a priorizar el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, cuyo desarrollo normativo está paralizado desde la llegada del nuevo Ejecutivo de PP y Ciudadanos. Espadas ha sido tajante en su reproche al Gobierno que preside Juan Manuel Moreno. “Los valores por los que trabajamos, la igualdad, la justicia, la reparación, la dignidad, son los que comparte la mayoría de la sociedad, y si los compartimos, por qué nos los ejecutamos”, se ha preguntado Espadas en una alusión a la inacción en materia de memoria histórica del bipartito, al que había interpelado directamente antes: “Habrá tenido tiempo de desarrollar la Ley de Memoria Democrática, a la que por cierto se abstuvieron”.

Ese desarrollo de la ley de memoria andaluza tiene como hito fundamental la regulación de los símbolos y actos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, una normativa que el anterior Gobierno socialista dejó ultimada en forma de decreto, a falta del visto bueno por parte del Consejo Consultivo. Es esa normativa, según los expertos, la que permitiría exhumar los restos del general golpista Queipo de Llano de la basílica de La Macarena, en Sevilla. Con la llegada a la Junta de PP y Ciudadanos, se decidió sustituir el decreto por una orden, bajo la premisa de que su tramitación sería más rápida. El nuevo texto legal se publicó el 21 de julio de 2020 —un año y medio después de la toma de posesión―y únicamente contempla la creación de un comité técnico, cuyos nombres aún no se han dado a conocer.

El propio Espadas se ha referido a la ausencia del desarrollo normativo de la ley andaluza de memoria: “A falta de reglamento, la ley estatal permitirá que uno de los mayores criminales salga de donde está. Para ese el olvido, no para Federico [García Lorca]”. No solo está pendiente de aprobar la normativa sobre los símbolos. Para que la ley andaluza tenga pleno vigor es necesario apuntalar el decreto para la creación del Registro de entidades de memoria histórica en Andalucía, el decreto que regula el censo de víctimas, el de recuperación de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en fosas comunes o el de la creación del Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía.

Por parte de las asociaciones memorialistas se ha criticado el proceder de la Junta que atribuyen a una clara concesión a las exigencias de Vox, el sostén parlamentario del bipartito, que en su acuerdo de investidura exigía la sustitución de la Ley de Memoria Histórica por una de Concordia. La Junta ha creado la figura del Comisionado de la Concordia, nombrado en pleno confinamiento y cuyas funciones y competencias no han sido detalladas.

Merma presupuestaria

Desde que se convirtió en alcalde de Sevilla, la memoria histórica ha sido una de las prioridades de Espadas. Fue su interés por empezar a trabajar en la exhumación de la fosa de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando, la que lo llevó a lograr el acuerdo entre las cuatro administraciones involucradas: la municipal, la Diputación, la Junta y el Gobierno central, para financiar los trabajos. El líder de los socialistas andaluces ha puesto en evidencia la falta de interés del Gobierno regional por impulsar nuevas exhumaciones. En lo que va de legislatura, el Ejecutivo solo ha actuado en nueve fosas, cuya financiación ya había quedado comprometida en 2018. La única partida presupuestaria para desenterramientos aprobada en estos años ha sido para la intervención en Pico Reja —265.000 euros en tres años, para 2021 se han consignado 80.000―, cuyo convenio con el resto de instituciones públicas se había firmado en 2017.

Las partidas destinadas a la memoria histórica, que ya venían decreciendo desde que el nuevo Gobierno llegó al poder, se han resentido por los efectos de la pandemia. El presupuesto de 2019 ascendía a unos 1,6 millones, 100.000 euros menos que las cuentas del año anterior. El de 2020 era de 1,597 millones, pero se redujo a 1,1 por el coronavirus. El de este año, de casi 1,4 millones, supone una merma respecto de lo presupuestado inicialmente en el pasado ejercicio, siendo la partida más baja de las consignadas desde que el PP y Cs llegaron a la Junta.

A finales de julio, la Junta recibió del Estado unos 508.000 euros para la investigación, localización, exhumación y dignificación de las fosas comunes de represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo, de los que 428.000 se destinarán exclusivamente a exhumaciones. Además, los Ayuntamientos, a través de la Federación de Municipios y Provincias han recibido 462.000 euros. En este sentido, y en su línea de defensa del municipalismo, Espadas ha defendido la labor de los gobiernos locales en las tareas de identificación y exhumación de fosas y en la retirada de simbología. Su propio consistorio, como él mismo se ha encargado de resaltar, está terminando de eliminar los últimos vestigios de placas vinculadas con el régimen franquista.

“Cuando hablamos de memoria, hablamos de dignidad y esa dignidad es la que quiere Andalucía”, ha subrayado Espadas en sintonía con Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España y quien firmó el proyecto de ley de memoria, en su intervención, que en el homenaje a Lorca ha defendido el proyecto de ley de memoria estatal. “Nos ayudará a saber qué fuimos, a entender qué somos y a decidir qué queremos ser”, ha señalado. Bolaños ha hecho hincapié en que el objeto principal de la norma es “cerrar heridas” y evitar que una familia sufra el doble dolor de no saber donde están enterrados los restos de las víctimas. El ministro socialista ha recordado que Lorca “es un desaparecido” y ha insistido en que la ley “es imprescindible”. “Cualquier demócrata tiene que estar a favor”, ha recalcado.