La CUP considera insuficientes los 600 millones para vivienda propuestos por el Govern

La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha asegurado que su formación ha reclamado en las negociaciones de los Presupuestos de la Generalitat de 2022 destinar una partida de 1.000 millones de euros para vivienda, pero que el consejero de Economía, Jaume Giró, ha presupuestado “cerca de 600 millones, un poco más” para esta partida. En una entrevista con Europa Press, la diputada ha asegurado que la petición de 1.000 millones estaba contemplada en el acuerdo de investidura, y ha criticado que el Govern tenga previsto que la mayoría del dinero vaya a “promoción de vivienda de fondos privados, pese a que sea de alquiler social”.

La CUP reclama un incremento del parque público, no mediante construcción de nuevas casas, sino mediante expropiaciones o derecho de tanteo y retracto, y Reguant critica que “la gran apuesta del Govern sea seguir promocionando vivienda que se gestiona desde manos privadas”. La diputada anticapitalista, que ha explicado que esta semana el Govern les ha trasladado un documento de 936 páginas sobre Presupuestos, también lamenta que el Ejecutivo de Pere Aragonès se comprometa a destinar un 25% del presupuesto de Salud a la atención primaria, pero no apueste por contratar a más médicos y enfermeras de familia.

Ha calificado de insuficiente el plan del Govern para fortalecer la atención primaria, ya que asegura que se centra en la contratación de profesionales de diferentes especialidades, como nutricionistas y psicólogos: “No nos parece mal que se amplíen especialidades, lo que decimos es que la vía de fortalecer la primaria no puede ser solo esta”.

Reguant ha avanzado que el Govern prevé destinar “70 millones de euros a la gratuidad del P2″ -dentro de su compromiso de avanzar en la gratuidad de la educación de 0 a 3 años-, y también ha presupuestado 60 millones de euros a políticas de acompañamiento a los jóvenes extutelados por la Generalitat. La diputada ‘cupaire’ considera que se hace difícil analizar estas cifras sin que el Govern concrete a qué se destinarán, y ha puesto como ejemplo que en el caso de los extutelados se prevé un aumento del 36% de jóvenes y un incremento del 20% del presupuesto: “Este 20% se convierte en gasto tendencial, porque habrá más gente”, pero no a destinar más recursos y hacer un mejor acompañamiento.

La diputada anticpaitalista ha concretado que las divergencias en las negociaciones están en esta falta de concreción de las partidas, ya que, para ella, “hay cosas implícitas y explícitas en los presupuestos: las explícitas son las partidas y las implícitas son las prioridades del Govern”, y ha añadido que los escollos que hay son políticos no técnicos.

Chantaje con la candidatura olímpica

El Govern también tiene previsto destinar 800.000 euros a una consulta sobre la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno Pirineus 2030, algo que estaba incluido en el acuerdo de investidura con la CUP y que los anticapitalistas ven “indispensable”, ya que creen que esas comarcas deben posicionarse sobre su futuro. Reguant cree que está habiendo un “chantaje” a esas comarcas porque se les dice que, si quieren inversiones, debe haber Juegos Olímpicos, y ha lamentado que sufran una presión turística muy por encima de la media de Catalunya: las plazas turísticas por cada 1.000 habitantes multiplican por siete la media catalana, según datos de la diputada.

Para ella, este proyecto es un error, “y más en un contexto de emergencia climática que hace prever que en 2030 no habrá nieve y muy probablemente no se podrá hacer nieve artificial”, ha avisado Reguant.

En cuanto a la propuesta fiscal de la CUP, Reguant ha explicado que proponen una reforma del IRPF y del impuesto de patrimonio, pero que el conseller Giró “dijo que no, fue taxativo”, y que por ello no ha salido mucho en las conversaciones de la negociación, porque cerró la puerta a la primera de cambio, ha reprochado la diputada.

“Es una cosa que no estará y creemos que debe estar”, ha lamentado, y ha explicado que su propuesta era crear un nuevo tramo de IRPF, a partir de los 60.000 euros anuales y hasta los 90.000 de +0,5%, e ir subiendo un 0,5% más el impuesto a cada tramo superior a este. También habían puesto sobre la mesa rebajar el tope a las personas exentas de pagar el impuesto de patrimonio, de 500.000 a 300.000 euros, y gravar “mucho más” a los patrimonios superiores a 10 millones de euros de patrimonio, algo que asegura que ya han propuesto organismos como el FMI y la OCDE, y que ve de sentido común.