Las comunidades autónomas acarician el primer superávit fiscal de su historia

La crisis asociada a la pandemia ha borrado de un plumazo el doloroso binomio recesión-recortes que implantó la Gran Recesión. Los gobiernos se han sobrepuesto al shock de la covid estirando el gasto para apuntalar los servicios públicos y sostener las rentas de familias y empresas. El grueso de este esfuerzo en España ha recaído en el Estado central, que ha regado a las comunidades autónomas con más dinero que nunca para que blindaran los servicios básicos. Un manguerazo de miles de millones que ha servido para contratar profesionales, comprar material y reforzar las ayudas sociales. Y que, junto al viento favorable de la recuperación, contribuye a alcanzar un hito histórico, pero a la vez paradójico, por producirse en medio de una tormenta que aún no ha amainado: cerrar el desfase crónico en las cuentas públicas regionales. Es decir, sus ingresos superarán sus gastos.

Las autonomías cerrarán 2021, previsiblemente, con su primer superávit fiscal de la serie histórica de Hacienda, que arranca en 1995. Hasta septiembre, últimos datos disponibles, el saldo presupuestario autonómico era positivo en más de 9.000 millones. Un resultado inédito que equivale al 0,76% de la riqueza nacional —frente a un déficit del Estado del 4,4% del PIB— y que está muy lejos de las previsiones del Gobierno, que estima que las comunidades registrarán un agujero del 0,6% para 2021.

Según Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), mucho gasto tendrían que imputarse las autonomías en la recta final del año para que esos números rojos se materializaran. Al contrario, este experto prevé que lograrán en 2021 el primer superávit de su historia (gastarán menos de lo que ingresen). “La Administración central ha querido absorber todo el shock de la covid y ha dado a las comunidades más dinero del que necesitaban. Eso tiene un problema: las autonomías se olvidan de la responsabilidad fiscal. Ante cualquier contratiempo tienden a esperar que el Estado las rescate, en vez de pensar en cómo tendrían que ajustar sus ingresos y gastos”, advierte el experto.

La mejor marca conseguida hasta ahora es el saldo negativo del 0,1% del PIB de 2006, en plena euforia inmobiliaria. El segundo mejor registro, siempre del -0,1%, se dio en 2004. Y el tercero, paradójicamente, el año pasado, cuando la covid asestó a la economía el peor golpe desde la Guerra Civil: según los datos de Hacienda, el desfase regional fue del -0,2% del PIB, frente a una caída de la actividad que rozó el 11%.

La estimación del Gobierno también es peor que la de la Autoridad Fiscal (Airef), que acaba de mejorar en dos décimas su previsión de déficit autonómico para 2021 (del 0,4% del PIB al 0,2%) gracias al tirón de la recaudación y a las transferencias estatales. Y eso que el organismo público creado para velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas avisa de que las comunidades están gastando más porque están inmersas en la negociación del sistema de financiación y no quieren salir demasiado bien en la foto cuando se van a repartir nuevos recursos. Un reciente informe de Fedea, confeccionado con datos del primer semestre, prevé un desajuste aún menor, del 0,1%.

El estudio, elaborado por los economistas Ignacio Conde-Ruiz, Manuel Díaz, Carmen Marín y Juan Rubio-Ramírez, coincide en que la mejora de las cuentas no se debe a una reducción del gasto, sino a un alza de los ingresos. Estos están siendo empujados por una “recaudación excepcional” de los tributos cedidos, en parte debida al efecto rebote tras el batacazo de 2020 —transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, vinculados al mercado inmobiliario, repuntaron un 50,9% hasta julio; sucesiones y donaciones, cuya liquidación se aplazó en los meses más duros de la emergencia sanitaria, creció un 105%—, y a fondos extra de la Administración central.

En 2020, las comunidades contaron con el fondo covid de 16.000 millones y con unos recursos del sistema de financiación autonómico mucho más generosos de lo que debían, ya que no recogían el impacto del virus. Este año, las inyecciones extraordinarias se han mantenido, con una transferencia de 14.000 millones y otros 7.000 millones para las ayudas directas a empresas. Y en 2022 también habrá dinero extra por unos 7.000 millones entre la compensación del IVA de 2017 y la condonación de las liquidaciones negativas de 2020.

Reglas fiscales

Santiago Lago, catedrático de la Universidad de Vigo, alerta de que el escenario presupuestario actual es “artificial”. “El gran reto será en 2023, cuando esperamos que los fondos extra se diluyan porque la pandemia se habrá superado. Al mismo tiempo van a volver las reglas fiscales europeas [suspendidas el año pasado], la financiación ya no será tan barata y habrá que devolver las liquidaciones negativas de 2021. Aunque todavía hay mucha incertidumbre, lo lógico sería empezar a diseñar ya el año que viene distintos escenarios de ajuste”, señala.

Encima de todo ello sobrevuela otro riesgo: que una porción del gasto necesario para luchar contra el virus, así como parte de los fondos europeos, se conviertan en estructurales. “La solución no es traspasar recursos de una parte a otra. La decisión es política: hay que plantearse cuál es el nivel de servicios públicos que queremos, y a partir de ahí, cómo financiarlos. No podemos alimentar gasto extra sin aceptar y asumir que tiene que haber una financiación detrás”, analiza Lago.

Las reformas en las que trabaja el Gobierno, la fiscal y la del sistema de financiación, pueden ayudar a superar este escollo. Pero el calendario político, con elecciones autonómicas y generales previstas para 2022 y 2023, amenaza con trastocar los planes. “Es un riesgo que trasciende todo debate técnico”, señala Diego Martínez López, de la Universidad Pablo de Olavide, quien cree que los recursos extra insuflados por el Estado, “necesarios pero quizás desproporcionados”, permitirán a las autonomías obtener su primer superávit este año. “En 2023 veremos qué hacer. Un cambio del sistema de financiación y una reforma fiscal que den más recursos a las comunidades pueden amortiguar el ajuste, o puede haber una consolidación por el lado del gasto, no deseada y algo más brusca e intensa de lo deseable”.