Hacienda se abre a refinanciar a las comunidades más endeudadas

Una de las tareas que tiene la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será cómo abordar un asunto de alto voltaje político: la reestructuración de la deuda que las comunidades autónomas mantienen con el Estado. La titular de Hacienda quiere introducir este debate en la ardua negociación de la reforma de la financiación autonómica, que pretende emprender el próximo mes de noviembre. “Estoy totalmente de acuerdo en que la deuda es una de las variables que hay que abordar en la reforma de la financiación autonómica”, dijo la ministra desde el estrado del Congreso de los Diputados hace unas semanas. De hecho, Montero ya ha abierto la puerta a refinanciar la deuda de las autonomías peor financiadas.

“Comparto con usted que esa insuficiente financiación ha generado al menos una parte muy importante de la deuda de la Comunidad Valenciana y cuando abordemos el modelo de financiación autonómica tenemos que abordar la deuda acumulada y ver qué ocurre con la deuda”, dijo en el Congreso en respuesta al diputado de Compromís Joan Baldoví, abriendo la puerta a una reestructuración que el Ejecutivo valenciano lleva años reclamando.

La reforma del sistema de financiación está pendiente desde 2014. En aquella época, el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, del PP, descartó abrir el melón porque en las arcas del Estado solo había telarañas. Eran los años de resaca tras la amarga crisis financiera. Cuando los caudales públicos se recuperaron estalló la crisis catalana, que lo enturbió todo. Desde entonces la reforma anda encallada.

Precisamente la situación de Cataluña sigue trabando el nuevo modelo. La historia de la financiación autonómica siempre ha estado protagonizada por esa autonomía: todas las reformas nacieron a partir de las reivindicaciones de los líderes de catalanes. Hasta ahora. El ministerio de Hacienda pretende atraer a los responsables políticos catalanes al juego de la financiación, pero de momento no han encontrado la complicidad suficiente. En este contexto, Montero se predispone a abordar una reforma en la que ni siquiera los barones regionales del mismo color político tienen una posición común.

En este complejo juego de intereses políticos y territoriales, Montero cuenta con una baza a favor: la deuda que las comunidades han acumulado con el Estado desde 2012. Desde que Rajoy lanzara el primer plan de pago a proveedores para saldar las facturas pendientes, las administraciones territoriales han recibido más de 365.000 millones de euros a través de los diferentes mecanismos de liquidez inyectados por el Estado. Estos instrumentos iban a ser unas muletas pasajeras, para que las autonomías pudieran financiarse sin tener que pagar los tipos de interés disparados que exigía el mercado. Pero se han enquistado y han disparado las obligaciones de las autonomías con el Estado.

Según la estadística del Banco de España, las comunidades aún le deben más de 175.000 millones, casi el 80% de su deuda total. La Comunidad Valenciana y Cataluña son las autonomías que más uso han hecho de estos instrumentos. Y esa bola de deuda es el as en la manga que se guarda Montero. A finales de septiembre ya reconoció que parte de la deuda que tensiona las finanzas de la Comunidad Valenciana y Murcia se debe a la deficiente financiación que reciben y que les lleva a tener que endeudarse para poder prestar los servicios básicos a sus ciudadanos.

El Gobierno del socialista Ximo Puig celebró la declaración de la ministra. Según coinciden los centros de análisis económico Fedea y el Ivie, Comunidad Valenciana y Murcia reciben menos recursos por habitante que la media de las autonomías de régimen común. También están por debajo del promedio Castilla-La Mancha y Andalucía.

El informe de los expertos reunidos en 2017 por Cristóbal Montoro (PP), ministro de Hacienda con Rajoy, ya abordaba la cuestión de la deuda de las autonomías con el Estado. “El elevado nivel de endeudamiento de muchas comunidades plantea un grave problema de sostenibilidad de su deuda y exige dilucidar qué condiciones deben cumplirse para que vuelvan a estar en condiciones de acudir al mercado a obtener financiación”, señalaba el documento.

La mayoría de los expertos rechazó entonces la posibilidad de condonar el pasivo acumulado con el Estado, pero concluyó que era “aconsejable acometer una reestructuración transparente de la deuda de las comunidades con el Estado”. El grupo de sabios recomendó que esta fuera supervisada por el Banco de España y la Autoridad Fiscal, y que se llevara a cabo a través de una ampliación de los plazos “de forma razonable”, abriendo la puerta a añadir nuevos periodos de carencia y fijando “unos tipos de interés favorables”. En cambio, las comunidades beneficiarias deberían comprometerse a cumplir con una serie de objtivos.

La reforma de la financiación autonómica que tendrá que abordar el Gobierno en las próximas semanas deberá analizar qué hacer con esta deuda. Montero planteó a los pocos meses de llegar al ministerio, en el verano de 2018, “una reestructuración global de la deuda de las comunidades autónomas para que puedan volver a salir a los mercados y recuperar “su autonomía financiera y política”.